Artículo publicado en Rojo y Negro nº 383 de noviembre
Aunque estén ahora opacadas por el brutal genocidio que está llevando a cabo el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, las negociaciones para la investidura de un nuevo Gobierno de las últimas semanas han puesto la cuestión de la amnistía en el centro del debate político. La lucha por una amnistía total, contra la represión y en defensa del derecho a decidir es una necesidad para la clase trabajadora.
El aumento de la represión en los últimos tiempos
Tras la crisis financiera de 2007-2008 que desencadenó una serie de ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora, incluidas las reformas laborales de Zapatero en 2010 y Rajoy en 2012, la represión del Estado se intensificó contra la mayoría de las luchas laborales y sociales.
En 2017, cuando la economía empezaba a recuperarse y tendía a bajar la conflictividad social, la convocatoria del referéndum por el derecho a decidir del 1-O en Catalunya, así como la huelga general del 3-O, volvió a desencadenar una fuerte represión policial y judicial.
El Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y el resto del Régimen, suspendió la autonomía catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución y trató de reconducir la situación a través de unas elecciones autonómicas catalanas, además de abrir a un macroproceso penal contra los dirigentes del procès. Junto a ellos, miles de personas (se estima más de 4.000) fueron represaliadas por haber participado en esas protestas.
Esta brutal respuesta represiva del Régimen supuso un fuerte retroceso de las movilizaciones sociales dado que la represión no sólo se ha llevado en contra el procès catalán: la persecución y los procesos penales contra luchadores y activistas de colectivos sindicales, sociales, periodistas, estudiantes, ecologistas, migrantes, etc. ha sido la norma del último período. Por ejemplo, contra los participantes en las acciones contra los desahucios en el movimiento de la vivienda, los activistas antifascistas, como los 6 de Zaragoza, los raperos Hásel y Valtonyc, las feministas encausadas por la gran Procesión del Chumino Rebelde, los ecologistas de Futuro Vegetal, las compañeras de la CNT Gijón de la “Pastelería Suiza” o de la lucha del metal de Cádiz, las compañeras del Sindicato de Manteros, así como miles de personas migrantes que han sido recluidas en CIE.
La criminalización de la protesta y la actualidad de la lucha por la amnistía
La criminalización de los movimientos sociales y la lucha obrera no es un fenómeno puntual que aparece en un momento de alta conflictividad social y que luego desaparece cuando la tensión social desciende. Es un fenómeno estructural que se basa en una tendencia crecientemente del autoritarismo del Estado que responde con violencia al conflicto social, reforzada por un arsenal de normas jurídicas, como la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aumentan los casos perseguibles penalmente y las penas y sanciones contra sus responsables, o las Leyes antiterroristas, que son aplicadas para perseguir luchadores sociales. Entre el Gobierno de Rajoy y el Gobierno “progresista” de Sánchez no hay diferencias en esto, sino pura continuidad.
En este marco es en el que, en las últimas semanas, las negociaciones para la investidura han puesto la cuestión de la amnistía en el foco de del debate político estatal mientras la derecha promueve movilizaciones contra ella en clave españolista. A su vez, el PSOE y Sumar han dejado claro que niegan al derecho a decidir y que sólo admitirán una amnistía parcial —que dejaría fuera a muchas personas afectadas—, pero que sí incluiría a policías que participaron en la represión durante el procès; mientras, ni ERC ni Junts se niegan a aceptar esas propuestas recortadas.
La única amnistía efectiva es la amnistía total
La escalada represiva golpea especialmente a la clase trabajadora porque nos quieren paralizados y sumisos para descargar sobre nuestras espaldas sus crisis. Por ello, no podemos aceptar una amnistía como la que se deduce de las declaraciones de sus negociadores —que se está negociando en secreto— y que pretende dejar fuera a una gran parte de los miles de personas represaliadas y exonerar a los policías represores del 1-0 mientras echa un nuevo candado al derecho a decidir.
Si creemos que la lucha es el único camino, no se puede dejar en manos de estos mercaderes de derechos el debate de una amnistía que tiene que ser total, para todas y todos los luchadores y represaliados. Y que para conquistarla no hay otro camino que imponerla en la calle mediante la movilización social, unitaria e independiente. Tenemos que recuperar la tradición del movimiento obrero en el Estado español de defender no sólo reivindicaciones laborales y sociales, sino también las democráticas, como fueron las amnistías de febrero del 36 y de noviembre del 77 o la defensa del derecho a la autodeterminación.
“Sindicalistas por la Amnistía Total”
El Manifiesto “Sindicalistas por la Amnistía Total”, impulsado por los compañeros de CGT Telepizza en Zaragoza —al que me he sumado junto a más de 200 sindicalistas, activistas y trabajadores—, responde a esa necesidad de apoyar una amnistía total que se enfrente a la criminalización impuesta por el Estado a todos los movimientos sociales y reivindicaciones democráticas.
Esta iniciativa es un primer paso para difundir esta perspectiva, pero no basta por sí sola. Hay que sumarle la movilización en la calle, exigiendo a las centrales sindicales que rompan su pasividad. Porque, como dice el Manifiesto, “solo con la unidad y por medio de una movilización independiente podremos conseguirlo, y no con la pasividad y las negociaciones por arriba que nos quieren imponer las burocracias políticas y sindicales”.
Para suscribir el manifiesto entra en: https://sindicalistasxamnistia.wordpress.com/
Juan Carrique
Fuente: Rojo y Negro
