Efectivos de la policía de la misión de Naciones Unidas en Kosovo
(MINUK) y fuerzas de la OTAN en la misma provincia (KFOR) participan en la explotación sexual de mujeres sin recibir castigo, ya que se benefician de una inmunidad general, según denunció ayer el director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán.
Beltrán aseguró que, en concreto, los batallones rusos, franceses,
británicos, alemanes y estadounidenses de una y otra misión alimentan un
«negocio internacional» en el que se hace uso de «más de 200 burdeles» en los
que se explota a mujeres y niñas de otros países a las que «se les ofrece un
paraíso de forma artifical» en Europa Occidental antes de llevarlas a Kosovo.
El responsable de AI describió algunos casos como «los campos para
relajamiento de tropas alemanas en Macedonia», junto a los que existen burdeles
en los que se violan derechos fundamentales. A muchas mujeres en Kosovo no sólo
se les obliga a ejercer la prostitución, sino que se las «secuestra, tortura,
amenaza y recluye», mientras los principales consumidores y alentadores de este
mercado quedan impunes, añadió.
Hasta el momento 52 militares fueron repatriados por conductas de este
tipo, aunque «nadie ha sido capaz de asegurar» si alguno de ellos «fue
procesado», dijo Beltrán. «Cinco miembros franceses (de las fuerzas
internacionales) fueron enviados a casa tras abusar en Mitrovica» (Kosovo) de
mujeres, al igual que rusos y tres batallones estadounidenses, pero «la mayoría
queda impune» y «lo máximo que ocurre es que (los autores) son repatriados y en
todo caso despedidos».
Según la unidad de policía de la UNMIK encargada del tráfico y
prostitución de mujeres, entre enero de 2002 y julio de 2003, alrededor de 22 ó
27 miembros de las tropas de las KFOR fueron declarados sospechosos de haber
cometido delitos relacionados con el tráfico de personas. Esta unidad no pudo
declarar si se han tomado medidas disciplinarias contra estos individuos.
Mientras unos disfrutan de impunidad, un número «difícil de saber» de
mujeres y niñas, algunas de sólo doce años, «se convierten en esclavas»
obligadas a atender al día entre diez y quince clientes. Una de ellas, denunció
Beltrán, fure obligada a practicar sexo 2.700 veces al año, muchas veces en
grupo y amenazada con pistola. El 40 por ciento de ellas sufre patadas, golpes
o incluso violaciones por parte de su jefe, un porcentaje parecido al de
mujeres obligadas a mantener relaciones sin protección.
Sólo el 10 por ciento de estas mujeres recibe atención médica, la
mayoría son menores y, si escapan, la policía kosovar se encarga de de
arrestarla y deportarlas sin respeter derechos básicos. Peor aún, lamentó
Beltrán, estas mujeres «nunca reciben reparación por lo que que han sufrido».
Un negocio internacional
Cuando llegan a Kosovo, procedentes a menudo de Moldavia, Rumanía y
Ucrania, estas mujeres esperan encontrarse con la promesa por la que salieron
de sus casas : un trabajo en otro país. Luego, al entrar en contacto con las
redes de prostitución, sufren vejaciones de todo tipo y en la mayoría de los
casos ni siquiera lo denuncian «porque no encuentran la debida protección por
parte de las autoridades», según denuncia AI en su informe ssobre tráfico de
mujeres y niñas en Kosovo, titulado ’¿Significa eso que tengo derechos ?’.
Según la organización, lo que no saben estas mujeres es que al pisar
Kosovo se están convirtiendo en mercancía de un negocio que no ha dejado de
crecer desde que en julio de 1999 se desplegaran en la provincia los
contingentes de la ONU y de la OTAN.
Entre 1999 y 2000, el 80 por ciento de la clientela de estas mujeres lo
constituía la comunidad internacional, porcentaje que se redujo en 2002 hasta
el 30 por ciento. En la actualidad el 80 por ciento de los ingresos de esta
industria lo genera la comunidad internacional, aunque los clientes más asiduos
son ahora naturales de la zona.
Su explotación no acaba aquí. Una vez secuestrada su identidad, estas
mujeres son enviadas en muchos casos a países de la Unión Europea como Italia,
Países Bajos y Reino Unido, donde se las fuerza a seguir ejerciendo la
prostitución a través de redes de tráfico de mujeres, añade AI.
Mientras advierte de que «el tráfico de mujeres y niñas para la
prostitución forzada es una de las formas de violencia contra la mujer más
generalizada y omnipresente», AI pide medidas concretas a las autoridades de
Kosovo y a la comunidad internacional, entre las que figuran el procesamiento
de cualquier civil o militar implicado en estos abusos.
Trata de mujeres en España
No hace falta irse a los Balcanes para encontrar casos en los que las
mujeres sufren explotación sexual o de otro tipo. Aunque es difícil establecer
una cifra, el problema existe y tras cada caso hay un drama humano, según
denunció la representantes del Proyecto Esperanza de apoyo a mujeres víctimas
de tráfico, Marta González.
Zulai, apelativo tras el que se esconde el caso de una de estas mujeres,
sirve de ejemplo. En su país le ofrecieron la posibilidad de trabajar en España
en casa de un matrimonio de su misma nacionalidad donde debía limpiar la casa,
preparar la comida y ocuparse del niño. Le pagaron los gastos del viaje y ella
se comprometió a devolver la deuda, con lo que se convirtió en dependiente de
un grupo de personas que le quitaron la documentación, le dieron una sola
comida caliente al día y la obligaron a trabajar 16 horas al día vendiendo
artesanía en la calle.
Otra mujer, Eva salió de su país con la promesa de trabajar de camarera
en un restaurante, tras lo que la forzaron a ejercer la prostitución bajo
amenazas de hacerle daño a ella y a su familia. A Natalia un proxeneta la
sometía a vejaciones y palizas si no recaudaba a través de la prostitución 600
euros al día en jornadas de doce horas.
A la vista de estos abusos, González consideró necesaria la adopción de
varias medidas, como revisar el artículo 59 de la Ley de Extranjería, en el que
se gaarantiza permiso de trabajo y residencia a las mujeres que denuncien a las
redes de tráfico de seres humanos que las explotan. La deficiencia del artículo
surge de la definición de ’red’, que debe incluir más de tres personas.
Otra de las deficiencias es que a las mujeres explotadas se las despoja
de sus pasaportes, tras lo que tienen muchas dificultaades de hacerse uno nuevo,
ya que los consulados de muchos países de Europa del Este y del Africa
Subsahariana no tienen competencia para emitir nuevos paasaportes.
Además, González evocó la necesidad de una actuación coordinada que
permita una respuesta integrada por parte de las instituciones y cuerpos
policiales encargados de hacer frente al problema.
