Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que los actos de tortura y maltrato por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España no son «aislados», sino que se dan en todas las comunidades autónomas y gozan de una «impunidad casi total».
En la presentación del informe Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, el presidente de AI en España, Esteban Beltrán, ha explicado que los agentes de policía están por encima de la ley porque se les aplica la presunción de veracidad cuando solo debía tenerse en cuenta el principio de imparcialidad. Cuando una persona es maltratada por un agente de policía, ha asegurado, se le intenta disuadir para que no denuncie, los compañeros del cuerpo niegan los hechos por corporativismo, la fiscalía se opone a abrir diligencias y los jueces archivan la mayoría de los casos sin haber pedido una investigación.
Los denunciantes, denunciados
Asimismo Beltrán ha alertado del riesgo de que las personas que denuncian a agentes de policía sean a su vez denunciados por atentado a la autoridad o por calumnias y puedan ser finalmente condenados. Ha afirmado también que le preocupa la «falta de disposición» del Gobierno para afrontar el problema y que la reputación de la mayoría de los policías se vea injustamente empañada por los maltratadores.
Segun Beltrán, el maltrato policial no se da únicamente en España, sino también en el resto de países de la Unión Europea, aunque ha negado que sean «sistemáticos».
El abogado Jaume Asens ha afirmado que aceptar estos casos es aceptar una «carrera de obstáculos» porque la policía tiene «amplios poderes discrecionales» que consiguen que el sistema judicial termine criminalizando a la víctima. Asens ha reconocido que cuando las denuncias prosperan y los jueces ordenan una investigación, la sentencia califica de «simple falta» hechos constitutivos de delito.
Deficiencias estructurales
Según la investigadora de AI para España, Rachel Taylor, hay deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de la tortura por parte de los agentes de policía. Taylor ha dicho que es «necesario» que haya sistemas audiovisuales de grabación en los espacios donde están los detenidos y que los agentes no estén presentes durante la exploración médica para que el paciente hable de sus lesiones libremente. Además ha asegurado que la formación en el uso de la fuerza es «inadecuada», especialmente en el protocolo de actuación de manifestaciones, detenciones y expulsiones de inmigrantes.
Por ello la oenegé ha pedido al Gobierno que cree un organismo independiente que garantice la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de cualquier caso en el que exista una sospecha de que los policías han infligido malos tratos. AI también ha exigido que la fiscalía publique estadísticas con las denuncias por maltrato y que las víctimas tengan asistencia letrada gratuita desde que interponen la denuncia.
Fuente: EFE
