MADRID.- Amnistía Internacional ha publicado un informe que revela el grado y alcance de los desalojos forzados en Angola y en el que la organización expresa su especial preocupación por estos desalojos que las autoridades angoleñas han llevado a cabo aparentemente a petición de la Iglesia Católica en Angola.
MADRID.- Amnistía Internacional ha publicado un informe que revela el grado y alcance de los desalojos forzados en Angola y en el que la organización expresa su especial preocupación por estos desalojos que las autoridades angoleñas han llevado a cabo aparentemente a petición de la Iglesia Católica en Angola.
La organización de derechos humanos ha asegurado que prácticamente todos los desalojos forzados llevaron aparejado el uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones incluyó palizas a menores y mujeres -entre ellas una mujer embarazada- por parte de la policía así como disparos indiscriminados contra residentes que intentaban proteger sus casas.
Según lo publicado en el informe ’Lives in ruins : forced evictions continue’, miles de familias han sido desalojadas a la fuerza desde 2001, casi siempre sin previo aviso a las familias afectadas. Decenas de miles de personas se han quedado sin hogar, y cientos de familias aún viven entre ruinas.
Desde septiembre de 2004 se han demolido repetidamente casas de residentes en el municipio de Kilamba Kiaxi para despejar el terreno a proyectos de edificación de viviendas públicas y privadas. En 2006, el Gobierno angoleño reconoció públicamente que las personas desalojadas a la fuerza tenían derecho a recibir una indemnización, y anunció públicamente que estaba revisando su estrategia de edificación de viviendas para responder a las necesidades de alojamiento de su población urbana. No obstante, ninguno de los afectados que residían en Kilamba Kiaxi ha recibido hasta la fecha una indemnización o un alojamiento alternativo adecuado.
Pese a las afirmaciones del Gobierno, la situación de la vivienda en Luanda no ha mejorado ; de hecho, cientos de familias siguen sin tener un hogar después de haber sido expulsadas de sus casas -ha afirmado Tawanda Hondora, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para África-. Resulta inquietante que muchos de los desalojos forzados de los dos últimos años se hayan efectuado, al parecer, a petición de la Iglesia Católica».
En 1998, el Gobierno angoleño devolvió formalmente a la Iglesia los terrenos que ésta poseía con anterioridad a la independencia, en respuesta a una petición formulada por el difunto papa Juan Pablo II durante su visita a Angola en 1992. Sin embargo, muchas familias llevaban años viviendo en esos terrenos -en el barrio luandés de Wenji Maka-, algunas incluso décadas.
Según la información recibida, cuando las autoridades angoleñas concedieron a la Iglesia Católica la titularidad de esos terrenos no tuvieron en cuenta a las personas que ya residían en ellos, y la policía nacional ha intentado en repetidas ocasiones expulsar a más de 2.000 familias de la zona en la que la Iglesia tiene intención de construir un asilo.
’Ley extrema, justicia extrema
En respuesta a la solicitud de información por parte de Amnistía en relación con la participación de la Iglesia Católica en estos desalojos forzados, el arzobispo de Luanda manifestó que la Iglesia, al reclamar su titularidad sobre los terrenos, había pedido al Gobierno que ofreciera tierras en otras zonas a las personas afectadas.
Además, el arzobispo aseguró que, en muchos casos, esas personas habían erigido construcciones en los terrenos al enterarse de que la Iglesia tenía intención de recuperarlos. El arzobispo justificó las medidas adoptadas por la Iglesia manifestando : «summum ius summa iniuria» (ley extrema, justicia extrema), o, como lo interpretaba el arzobispo, «la justicia absoluta puede desembocar en injusticia».
«La Iglesia no debería pedir a las autoridades angoleñas que desalojen a las personas que habitan unos terrenos cuya titularidad le ha sido concedida», ha denunciado Tawanda Hondora. «Pero es el Gobierno angoleño el principal responsable de los desalojos, y como tal no sólo está obligado a detener tales acciones ilegales sino también a ofrecer ayuda a las víctimas de desalojos anteriores que siguen careciendo de alojamiento, así como a dar instrucciones inequívocas al personal encargado de hacer cumplir la ley para que no participe en más desalojos forzados y lleve ante los tribunales a los responsables de violaciones de derechos humanos».
Fuente: ELMUNDO.ES
