El Juzgado de Instrucción número Ocho de Alicante ha abierto diligencias sobre una denuncia remitida por el fiscal Felipe Briones y presentada por el sindicato CGT por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores del Centro de Recepción de Menores « Alacant », dependiente de la Conselleria de Bienestar Social.
CGT denunció en noviembre de 2004 ante Briones -entonces fiscal de Siniestralidad Laboral- la situación de inseguridad que vive desde hace años el personal de este centro por el ingreso de menores de perfil muy conflictivo, que en ocasiones llegan detenidos por la Policía, y son difícilmente controlables por los trabajadores del centro de protección, no de reeducación, de menores, destinado a primera acogida de chavales bajo tutela y/o guarda de la Generalitat.
La reclamación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Alicante tras la sucesión de numerosas agresiones a los trabajadores por parte de internos problemáticos. Briones admitió la denuncia y, pese a que a los pocos meses fue nombrado fiscal Anticorrupción, la estudió y, recientemente, la ha remitido al Juzgado para que investigue si hay indicios de delito.
La denuncia judicial viene precedida de reiteradas quejas sobre la situación de inseguridad que sufren tanto los trabajadores como los menores en desamparo que conviven con los conflictivos. Entre otros hechos, el sindicato daba cuenta de la sucesión de 45 actos violentos entre julio y septiembre de 2003 y de cinco agresiones de internos a educadores en un mes.
CGT denunció estos hechos primero ante la Inspección de Trabajo, que conminó a la Conselleria de Bienestar Social a que adoptara medidas para evaluar los riesgos y planificar la actividad preventiva con recursos necesarios para evitar nuevos actos violentos que pusieran en peligro la integridad física de los trabajadores.
El sindicato solicitó también la intervención del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector de la Administración Pública, dependiente de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que emitió un informe en el que determinaba que existía un « riesgo importante » para los educadores del centro -de siete marcadores, ocuparían el sexto de mayor riesgo-, que obliga a adoptar medidas provisionales inmediatas, entre ellas, « adecuar de manera prioritaria el recurso social dotándolo de los medios suficientes para atender el ámbito competencial atribuido de forma que sea compatible con la prevención de riesgos ». Recientemente, CGT ha comunicado a la Inspección el incumplimiento de dicho requerimiento.
Fuente: A. PRADO | diarioinformacion.com
