A cinco compañeros de la Seguridad Social se les pide 10 años de prisión y una indemnización de 4,5 millones
Los funcionarios de la Administración del Estado en la provincia (más de 12.000) exigen al Gobierno que les proteja de la escalada de denuncias que se está produciendo por el destino irregular de los datos personales que ofrecen en los distintos departamentos, como Tráfico, Seguridad Social o Hacienda.
A cinco compañeros de la Seguridad Social se les pide 10 años de prisión y una indemnización de 4,5 millones
Los funcionarios de la Administración del Estado en la provincia (más de 12.000) exigen al Gobierno que les proteja de la escalada de denuncias que se está produciendo por el destino irregular de los datos personales que ofrecen en los distintos departamentos, como Tráfico, Seguridad Social o Hacienda.
La petición, que se concreta con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil para todos y cada uno de ellos, se produce justo cuando ayer se inició en un Juzgado de Madrid la vista oral contra cinco empleados públicos de la Seguridad Social en Canarias a los que la acusación particular reclama de dos a diez años de prisión y una indemnización de 4,5 millones de euros.
Los funcionarios alicantinos, por boca del sindicato CGT -que es el mayoritario en la Junta de Personal Periférica del Estado- aseguran sentirse en total situación de indefensión jurídica, según explicó ayer a este diario la secretaria de Administración Pública de CGT en Alicante, Carmen Millet. Explica que cada vez son más frecuentes las reclamaciones por vía administrativa y judicial contra los funcionarios por el mero hecho de cumplir con su trabajo. A saber, ofrecer datos personales tras la correspondiente consulta en las bases de datos contenidos en los ficheros informatizados, que forma parte de su labor.
Detectives privados
Según los empleados públicos, es frecuente que, a través de una gestoría que sí presenta la documentación en regla y se identifica preceptivamente, el dato personal sea utilizado ulteriormente de forma irregular al ser suministrado por el propio gestor a un detective privado o a un abogado. Cuando el afectado se percata del asunto, acaba por arremeter contra el funcionario de turno, que no ha hecho sino cumplir con su obligación laboral, según explica Millet.
La situaciones de denuncias y reclamaciones se producen, de forma creciente, en los departamentos de Tráfico, Agencia Tributaria y Ministerio de Hacienda y en el Instituto y la Tesorería de la Seguridad Social. En el caso de Alicante se han producido varias reclamaciones administrativas y un funcionario del Inss está denunciado por un particular tras suministrar un dato personal a un gestor.
Coincidiendo con la imputación de dos funcionarios canarios, los empleados públicos de Alicante de la Seguridad Social remitieron ayer un escrito a la dirección general de la Tesorería de Ministerio de Trabajo para solidarizarse con los dos compañeros que están siendo enjuiciados y a los que se les reclama de dos a ocho años de prisión, inhabilitación especial para diez años y una multa de 4,5 millones de euros. Además de exigir un seguro de responsabilidad civil, los funcionarios piden al Estado que habilite una partida especial para sufragar los gastos ocasionados con la defensa jurídica. Además, exigen a la Administración y al Gobierno central que les garantice la seguridad a la hora de realizar el trabajo diario mediante la elaboración y difusión de un manual claro y preciso que acabe con la indefinición ahora imperante a la hora de consultar las bases de datos.
En otras provincias españolas, ayer se registraron paros informáticos en la Seguridad Social. No fue el caso de Alicante, cuyos empleados se echarán de nuevo a la calle el próximo martes para reclamar más seguridad jurídica ante estas denuncias por uso de bases de datos y las pagas extraordinarias en la Función Pública.
BERNAT SIRVENT/ALICANTE
La Verdad