Amnistía Internacional acaba de hacer público en Londres su informe sobre los derechos humanos el pasado año. De España destaca el aumento de los ataques racistas desde el 11-M y la dificultad del gobierno para atajar el problema de la violencia de género.

Amnistía Internacional acaba de hacer público en Londres su informe sobre los derechos humanos el pasado año. De España destaca el aumento de los ataques racistas desde el 11-M y la dificultad del gobierno para atajar el problema de la violencia de género.

Los atentados del 11-M, con 191 muertes, y las denuncias de torturas y malos tratos, de índole racista y a menores en «centros de detención», son los asuntos destacados en el capítulo dedicado a España por Amnistía Internacional en su informe de 2005 «El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo».

Sobre el 11-M, esta organización de derechos humanos refiere que el Gobierno de centro derecha, entonces en el poder, culpó «inmediatamente y de un modo persistente» a ETA y que después de esta matanza, atribuida a Al Quaeda, se dio un incremento de los abusos y malos tratos de motivación racista.

El informe de AI asegura que en algunos casos de malos tratos bajo custodia policial y en centros penitenciarios «se infligieron abusos a personas de religión musulmana por considerarlas terroristas».

Sobre torturas y malos tratos, AI asegura que hubo «numerosas» denuncias, muchas de ellas de índole racista o relacionadas con la práctica de la detención y del régimen de incomunicación.

En relación a los inmigrantes, AI alude a varias sentencias y califica, por ejemplo, de «preocupante» la dictada por la Audiencia Provincial de Girona (Cataluña) en la que afirmaba que el ciudadano marroquí Driss Zraidi había sido «sin duda» objeto de torturas y malos tratos de índole racista en la comisaría de Roses pero absolvió a 14 Mossos de Esquadra porque no pudo identificar a los implicados.

En cuanto a los menores bajo custodia, el informe señala que se produjo un incremento en las denuncias de malos tratos en centros de detención y se emprendieron acciones judiciales sobre varias denuncias de violencia perpetradas por educadores en diversos centros de este tipo en España.

AI dedica también un apartado a la violencia contra las mujeres en España y considera que las más de 60 mujeres muertas en el 2004 y el incremento de denuncias en relación al 2003 han sido reflejo de la «falta de efectividad de las políticas públicas» para combatir esta violencia. Recuerda, asimismo, que la ONU pidió en 2004 a España que intensificara sus esfuerzos para resolver esta violencia de género, así como la discriminación contra las mujeres inmigrantes y la trata de mujeres.

Agencias