El caso volvió el martes al juzgado, después de que el TSJC ordenara repetir el juicio. Se trata del primer caso en España en el que el INSS ha aceptado conceder una pensión por invalidez permanente, al admitir el acoso sexual como accidente laboral.
El fiscal pide que se procese a un capataz tomatero por acoso
El caso volvió el martes al juzgado, después de que el TSJC ordenara repetir el juicio. Se trata del primer caso en España en el que el INSS ha aceptado conceder una pensión por invalidez permanente, al admitir el acoso sexual como accidente laboral.
El encargado de la tomatera de Ingenio El Burrero, M.A.V., fue condenado en enero de 2003 a indemnizar con 30.000 euros a una recolectora de tomates por someterla durante años a acoso sexual, humillaciones físicas y amenazas, pero en septiembre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia apreció un error formal en el proceso (no se había citado a la empresa como responsable civil subsidiaria) y ordenó repetir el juicio. La nueva vista se celebró ante el Juzgado de lo Social número dos. El demandado no acudió al plenario.
Como ya hiciera en el primer juicio, al finalizar la vista el representante del Ministerio Fiscal pidió a la magistrada encargada del caso que dedujera testimonio de las actuaciones ante el juzgado de guardia contra el demandado por si los hechos pudieran ser delictivos.
La trabajadora alega en su demanda que durante un largo periodo de tiempo fue objeto de actos vejatorios y humillaciones por parte de su superior, y alega que por causa de este acoso tuvo dos intentos de suicidio y llegó a suspender su boda por la « depresión e inhibicion sexual » que le causaba la presión del jefe.
En 2004, la Seguridad Social concedió a la mujer la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo al admitir como accidente laboral el acoso sexual y apreciar un « síndrome depresivo postraumático severo ».
Denunció amenazas de muerte y agresiones
Supuestamente, la historia judicial del presunto acoso a la recolectora de tomates, que en la actualidad tiene 27 años, no se acabó con la presentación de la demanda ante la jurisdicción social : El nueve de noviembre del año pasado, un mes después de que el TSJC ordenara la repetición del juicio, la trabajadora se presentó en el puesto de la Guardia Civil de Vecindario y denunció que llevaba un mes recibiendo amenazas de muerte en su móvil del cariz de la siguiente : « Disfruta del poco tiempo que te queda, ya tienes el agujero hecho y el cajón esperándote, también hay ácido preparado para que no te encuentren nunca ». El entrecomillado figura literalmente en la copia de la denuncia que se registró en la guardia civil.
Y tampoco es todo : el 10 de enero de este año, la ex trabajadora volvió a presentarse en el puesto de Vecindario, esta vez aportando un parte médico que certificaba una contractura muscular. Esta vez relató que cuando se encontraba en la parada de guaguas inmediata a los juzgados de Granadera Canaria un taxista, sin explicación alguna, y a la voz de « ¿a tí que te pasa, gilipollas ? » intentó propinarle un puñetazo y la tiró al suelo, para a continuación darse a la fuga. El autor de la agresión fue condenado por lesiones en su día.
El abogado de la demandante, Joaquín Sagaseta aportó pruebas documentales de ambos incidentes en el juicio del pasado martes, si bien en ningún momento sigurió existiera relación entre éstos y el proceso.
Fuente: Canarias7
