¿Qué es el aparato judicial?
¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes se han beneficiado siempre de este aparato?
Para nosotros ese aparato judicial es como un monstruo con al menos cuatro cabezas: El poder económico empresarial, el poder político, el poder judicial (jueces, fiscales y abogados) y las fuerzas de seguridad.
Para nosotros ese aparato judicial es como un monstruo con al menos cuatro cabezas: El poder económico empresarial, el poder político, el poder judicial (jueces, fiscales y abogados) y las fuerzas de seguridad.
Este monstruo no solo tiene la capacidad de destruir vidas, sino también sociedades. Se vale de las peores perversidades para convencernos de ver a la víctima como el victimario. Ha ido elaborando numerosos artilugios para procesarte, judicializarte y condenarte: engrosa expedientes con papeles que sus mismas cabezas de monstruo blanquean; utiliza el delivery de sus propias oficinas.
Los hechos
La empresaria María Elena Paggi -dueña de medios de comunicación en la ciudad de Esquel y descendiente de quienes robaron el territorio de la comunidad mapuche Nahuelpan en 1937—, con diferentes excusas y falsas acusaciones, corta el camino ancestral que aun hoy es de uso cotidiano por parte de la comunidad. Cavó una zanja a pocos metros de la casa de la familia Quilaqueo Llancaqueo, y ya nadie pudo pasar. El aparato judicial omitió sistemáticamente las denuncias efectuadas por el lofche. La comunidad decidió rellenar la zanja para volver a transitar. ¿Qué hace esta empresaria? Mete alambre al camino ancestral y empieza a reclutar gente para amedrentar y violentar a la comunidad. Un modus operandi mafioso y patotero que ya conocemos.
De todos modos, la comunidad Nahuelpan, junto con otros lofche, liberan nuevamente el camino. En un trawun (parlamento) orientado por las ancianas y ancianos de esa comunidad, decidimos retirar el alambre. Esto fue el 1º de junio. A las pocas horas, acompañada por un contingente policial, la señora Paggi pretende ingresar a nuestro territorio. La comunidad no se lo permite.
Derechos bastardeados
Hace muchos años las mujeres vienen caminando y luchando para llevar ante la justicia (patriarcal y racista) las denuncias correspondientes a actos de violencia hacia ellas. Han ganado su merecida legitimidad y sentimos que estos derechos son bastardeados por la misma justicia que los ignora, silencia y utiliza para defender la propiedad privada.
Hay derechos, como la condena hacia los violentos, que se consiguieron con costos altísimos, como la misma vida de quienes los pelearon. Derechos pensados para reparar desigualdades, resguardar precariedades y proteger la vida. La identificación de ciertas prácticas como violencia de género es parte de estas luchas. Gran parte de la sociedad todavía está inmersa en paradigmas machistas y patriarcales, y el proceso de deconstrucción es lento, costoso y ha llevado muchos esfuerzos. Más aun cuando se solapan varias historias de desigualdad: ser parte de un pueblo excluido, despojado y controlado por una hegemonía racista y supremacista; y ser mujeres indígenas, empobrecidas, como nuestras madres y abuelas que vieron cómo se incendiaban sus hogares, que sobrevivieron en los márgenes de una urbanidad que solo las consideraba sirvientas, entre otras tristes experiencias que ellas nos han contado.
En las últimas horas, la señora Paggi acompañada por el fiscal Cavallo, el comisario y el juez Jorge Criado (denunciado tiempo atrás por la oficina de género del Superior Tribunal de Justicia y por mujeres mapuche ante al INADI y la ONU) acusaron de violencia de género a las mujeres y hombres de la comunidad Nahuelpan que decidieron colectivamente no dejar que nadie vuelva a cercenar su derecho a transitar libremente por su propio territorio. Esta empresaria terrateniente, que viene avasallando derechos de la comunidad Nahuelpan, manipula la figura de violencia de género para usurpar el lugar de víctima, con la complicidad del comisario Vera que impulsó la denuncia y del juez Criado que le dio viabilidad en la justicia.
¿Cuándo los derechos se convierten en privilegios? Cuando se estratifican y se oponen los privilegios del poder a los derechos conquistados por lxs oprimidxs, como lo ha sido derecho al resguardo de la integridad física de las mujeres y el derecho de los Pueblos indígenas a vivir en su territorio ancestral.
La Sociedad Rural, a la que pertenecen terratenientes como la señora Paggi, es la que designa a los administradores de justicia en la provincia de Chubut y en toda la Patagonia. Con actos como el de Paggi, la Sociedad Rural continúa perpetuándose en el poder a través de los estamentos de la justicia que sus mismos miembros gobiernan.
Nos indigna que un derecho tan fundamental sea usado perversamente para despojarnos del territorio. Pero más nos indigna que la elite esquelense se atreva a ultrajar y bastardear un derecho que costó tantas vidas.
Convocamos a las compañeras y compañeros luchadores de derechos a repudiar este accionar del aparato judicial de Esquel.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_suies_WpdqBTf_YKLredGS3bHw1IObejgPPYvODaZ-7A8g/viewform
Fuente: Coordinación Apoyo Pueblo Mapuche
