Concepción Osorio, presidenta del comité y miembro de CGT, asegura que «las gestiones que realiza el delegado son pésimas, arbitrarias y caciquiles, no respeta ni los convenios ni la normativa de acceso a la función pública y las condiciones laborales y asistenciales han empeorado mucho desde que él llegó».
Hace tiempo que los sindicatos representados en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales vienen denunciando problemas graves de funcionamiento, incumplimiento de convenios, desdotación de plazas y privatización de servicios. Pero la situación ha llegado a ser tan grave que el comité de empresa en pleno, apoyado por responsables de los cinco sindicatos (CGT, CCOO, UGT, CSI y Ustea), se concentró ayer a las puertas de la delegación para exigir a la Consejería el cese del delegado, Manuel Sánchez Jurado.
Osorio señala que en los últimos meses, el comité ha hecho numerosos requerimientos al delegado para negociar «pero nunca tiene tiempo de atendernos». La presidenta del comité desgrana un rosario de problemas que van desde la privatización de centros a la no sustitución de bajas o la desdotación de plazas cuando los trabajadores piden una excedencia, lo que se une a unas plantillas «que ya están obsoletas desde hace muchos años, como la de la residencia de ancianos».
La representante de los trabajadores de Asuntos Sociales afirma que todo esto perjudica «a una población muy sensible, como niños disminuidos físicos o psíquicos, ancianos asistidos y menores tutelados». En este sentido, Concepción Osorio afirma que «se han cerrado comedores para pensionistas, como los de Los Naranjos y Cabra, la unidad de atención temprana, que hacía una magnífica labor con niños discapacitados, está parada porque esa unidad va a pasar a la Consejería de Salud y el delegado se ha desentendido de ellos».
José Manuel Romero, secretario de autonómicas de la Federación de Servicios Públicos de UGT, coincide en denunciar el «incumplimiento de convenios, sustituciones que no se hacen, compensaciones que se conceden como quieren, vacaciones que se dan por decreto, expedientes sin motivos, privatización de servicios esenciales» y muchas cosas más. Para Romero, la situación en Asuntos Sociales «es tan grave que no podemos esperar a las elecciones, pedimos el cese urgente de este delegado».
