Artículo publicado en RyN nº 379 de junio.
Ha llegado el mes del Orgullo y se hacen oír las voces LGTBIQ que deberíamos tener presentes todos los meses del año, no sólo en junio
La visibilidad sólo es la primera parte: vivimos con personas del colectivo en todas partes, lo sepamos o no, quienes tienen que elegir múltiples veces al día entre esconderse (si pueden) o sufrir discriminación y hasta violencia por expresarse en público. Un mes al año, se supone, debería ser la concesión mínima del conjunto de la sociedad en que su presencia sea, por lo menos, tolerada, aunque cada vez lo sea menos, según indica la tendencia global.
Según el CIS, entre el 7 y 8 % de la población española es LGTBI. Esto significa que casi una décima parte de la sociedad es gay, lesbiana, bisexual, trans o intersexual, o varias a la vez. Aun a pesar de referirse a un colectivo de gente muy diversa, se engloban bajo las mismas siglas en torno a la reivindicación central que le une: las normas establecidas se han creado dejando fuera sus identidades de género, orientaciones sexuales y afectivas y son las normas las que deben cambiar para adaptarse a su presencia y no las personas. De hecho, la palabra “queer”, de donde viene la Q del colectivo, significa “raro” en inglés, haciendo referencia a todas las personas que no encajan en las cinco categorías anteriores y siguen ocupando un espacio fuera de la norma.
Quienes leemos este diario sabemos que las normas sociales tienen preservadores que las aplican, las refuerzan y las hacen cumplir. En el caso del colectivo LGTBIQ, sus ejecutores caen en el espectro político de derechas sin ningún tipo de ambigüedad y con absoluta visibilidad, independientemente de cuál sea la opinión social mayoritaria. Es por ello por lo que, por mucho que nuestra clase social marque nuestras simpatías políticas, cuando se realiza un estudio de la intención de voto de la población LGTBIQ las opciones elegidas tienden a priorizar a los partidos que no actúan abiertamente en contra de sus derechos: un 56,5% prefiere las opciones electorales conocidas como progresistas (Unidas Podemos y PSOE), según una investigación de este año realizada por la Federación Estatal LGTBI.
El colectivo LGTBIQ no sólo forma parte de la izquierda crítica con el Sistema, sino que históricamente también ha tenido que enfrentarse a él para poder vivir dignamente. Durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI, han logrado, a través de luchas sociales y políticas, que poco a poco y con mucha represión se normalice su existencia y la noción de que tienen un lugar en todos los ámbitos de la sociedad. Esto ha sido, no obstante, de forma muy irregular en el mundo y, nuevamente, con la represión en aumento en los últimos tiempos con una correlación más que interesante con la persecución de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes.
Veamos algunos datos de la situación del colectivo LGTBIQ+ en España. Para empezar, los datos que recoge el INE sólo cuentan con las categorías de hombre y mujer, dejando de lado otra vez la diversidad de los colectivos no-binarios (que ni tan siquiera figuran en ninguna parte de la Ley Trans) y no fue hasta 2022 que el Ministerio de Igualdad empezara a publicar estudios sobre su situación. En el ámbito laboral, los datos de discriminación son enormes: más del 75% de las personas reconocen haber visto algún tipo de agresión verbal a personas LGTBIQ, lo que obliga a más del 44% de las personas encuestadas a ocultar su orientación sexual y/o identidad de género ante un proceso de selección. En el caso de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, un 50% han sufrido acoso, un 20% afirma haber perdido una promoción interna y el 27% dicen que fueron despedidas o no se les renovó un contrato por ser LGTBI, lo que resulta en que sólo el 37% son visibles en sus entornos de trabajo. En el caso de las personas trans, su tasa de desempleo se sitúa por encima del 45% (según el Ministerio de Igualdad) y por encima del 80% (según UGT), más del 60% tienen miedo a reconocer su identidad de género en el trabajo y, en muchos casos, han sido despedidas durante su proceso de transición (alegando faltas reiteradas al trabajo como motivo). En un ámbito más general, el 29 % del colectivo LGTBIQ ha sufrido acoso, el 27,5% discriminación y el 8,6 % ha sido agredido en los últimos cinco años, todo esto teniendo en cuenta que los delitos de odio hacia el colectivo son altamente silenciados e infradenunciados. Dentro de la Europa occidental, Alemania ha estado discriminando a hombres homosexuales en donaciones de sangre hasta este mismo 2023 y en Italia todavía no se reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En cuanto a progreso global, no fue hasta el 17/5/1990 que la OMS retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y hubo que esperar hasta el 18/06/2018 para que hiciera lo mismo con la transexualidad.
Hay que hacer una mención especial a la persecución que sufre el colectivo trans (término paraguas para referirse a personas transgénero, transexuales, no-binarias y demás identidades de género no normativas). Son sólo el 2% de la población mundial, pero la cantidad de alarma social generada y de legislación en contra de su existencia está muy por encima de esa proporción (en Madrid, por ejemplo, se prevé modificar la norma autonómica de Identidad y Expresión de Género para exigir un informe psicológico a los y las menores que quieran someterse a un tratamiento hormonal, deshaciendo avances en la despatologización del colectivo). El motivo es, por supuesto, electoral: moviliza el voto evangélico y conservador con gran éxito, la normalización de las personas trans está todavía en los primeros estadios y, por lo tanto, aún es muy vulnerable a campañas coordinadas en su contra y, si se juega bien, permite enfrentar y desgastar a los distintos colectivos de la izquierda mientras la derecha avanza con su agenda de recortar derechos. Queda clara, pues, la estrategia que debemos seguir: solidaridad de clase con quienes no pueden defenderse por sí solos. La exclusión que sufren en la sociedad es terrible, como indica la estimación de que el sinhogarismo puede afectar hasta al 30% de la población trans y el impacto psicológico de recibir violencia cada día es brutal (en forma de borrar su presencia tanto en los medios como en el empleo, en los espacios públicos o en los documentos legales y en forma de agresiones directas cuando no pueden esconderse llegando, incluso, al asesinato) y queda constatado en el hecho de que tienen una tasa de intentos de suicidio 7 veces superior a la media. Lo mínimo que podemos hacer por el colectivo, como sociedad, es no dejarnos llevar por la histeria general provocada, recordemos, por quienes ostentan el poder y que son los de siempre, y un primer paso asequible debería ser tomar una posición activa de desmentir las supuestas vulneraciones a las mujeres que nos van a ocasionar las personas trans por el hecho de existir.
Como CGT, podemos brindar más ayuda al colectivo LGTBIQ más allá de fomentar la formación y la difusión de información veraz. Para empezar, en el ámbito laboral tenemos los planes de igualdad: a partir de los 50 empleados, las empresas tienen que pasar por una fase de diagnóstico que debe concluir con un informe que refleje las desigualdades y discriminaciones existentes y, a partir de ahí, contar con un conjunto planificado de medidas para corregirlas. Por ley, estas medidas incluirán a las personas LGTBI a partir de marzo de 2024 (y en algunas empresas ya se están negociando) y, para realizar el seguimiento de estas medidas, se implantarán indicadores que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI en el sector público y el sector privado. Algunos ejemplos de indicadores pueden ser la existencia o no de señalización neutra en los lavabos o la enumeración de mecanismos que garanticen que la comunicación escrita utiliza lenguaje inclusivo y, si la negociación no consigue generar obligaciones de cumplimiento efectivo de los derechos a la igualdad de trato y no discriminación, la ley también prevé formación especializada para el personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pero esto sólo es una parte: hay que dar su espacio al movimiento LGTBIQ en nuestra Organización (independientemente de si se engloba dentro de una u otra secretaría), pues son quienes realmente conocen sus condiciones materiales, y así podremos actuar sobre ellas, y de este modo llevemos su lucha un paso más allá sumando nuestra fuerza para seguir blindando sus derechos y luchando por un mundo más justo que ponga también sus vidas en el centro.
Es trabajo de toda la afiliación que los colectivos tradicionalmente dejados de lado en el sindicalismo se sientan incluidos en la CGT. La diversidad de género y sexual tiene cosas que decir todos los días del año y es nuestra responsabilidad escuchar y aprender.
Mireia Martín
Secretaria de Acción Feminista y LGTBIQ+ de Cataluña
Fuente: Rojo y Negro
