Artículo de opinión de Rafael Cid
No yerra. Ni escampa. La gestión del 8M ha seguido la misma tónica torticera, mendaz y oportunista que durante la pandemia. Todos para uno pero nunca uno para todos. Si con la crisis del coronavirus pasamos de la autocracia en el fondo y el despotismo en las formas a la cogobernanza de si me conviene a mí, la posición de las autoridades respecto a los actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer ha mantenido idéntico cliché.
No yerra. Ni escampa. La gestión del 8M ha seguido la misma tónica torticera, mendaz y oportunista que durante la pandemia. Todos para uno pero nunca uno para todos. Si con la crisis del coronavirus pasamos de la autocracia en el fondo y el despotismo en las formas a la cogobernanza de si me conviene a mí, la posición de las autoridades respecto a los actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer ha mantenido idéntico cliché. Con la misma vara de medir 17 políticas sanitarias distintas, y en ocasiones distantes, respecto al control del dichoso <<bicho>>, se han tasado las celebraciones del 8M (aparte de esas puertas giratorias que se cierran si el que se desplaza es oriundo, aunque esté vacunado y/o tenga una PCR negativa, y se abren de par en par para el forastero-turista por tierra, mar y aire). Como los pimientos de Padrón, unas picas y otras no. En el esperanto administrativo eso significa: stop en Madrid a las manifestaciones y concentraciones anunciadas (es un derecho fundamental que no precisa autorización del poder de turno) y vía libre para las del resto del país.
Parece fruto del capricho de los mandamases, pero dicho y hecho. Las mismas, casi calcadas, comunicaciones de las organizaciones convocantes (con sus respectivos controles de distancia social, aforo, mascarillas y demás) que no recibían reparo alguno de los delegados del Gobierno de las restantes autonomías, cosechaban en la capital un sorprendente <<no procede>>. Ni a los grupos feministas ni a los sindicatos (con todo su aparato y parafernalia) se les permitía salir a la calle para expresar su adhesión al 8M. Cosa insólita, porque el Estado de Alarma no habilita a prohibir el derecho de reunión, expresión o manifestación, y sí tan solo a limitarlo (art.7 de la Ley Orgánica reguladora), previa fundamentación razonada de esa constricción. Y por ese atajo fueron los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sobredimensionando la Ley de Sanidad), que con rara unanimidad desestimaron los recursos presentados contra la decisión de José Manuel Franco, esqueje del Ejecutivo en la CAM y a la vez secretario general de los socialistas madrileños.
Una extravagancia porque la medida de Franco, decisionismo puro y duro, fue en realidad fruto de una rectificación inexplicable por inexplicada, dado que días antes había dado el nihil obstat a esas movilizaciones con la sola condición de que su aforo no superara las 500 personas. Donde dije digo digo Diego, por ser yo quien soy. Porque ni que decir tiene que cuando emitió esa primera providencia lo hizo considerando todos los expedientes aportados por las partes interesadas (informes sanitarios de la CAM y de las organizaciones feministas). Y aquí hay un hecho insólito, digno de la sociedad del trabuco. Haciendo honor a su apellido, el delegado del Gobierno en la Villa y Corte, al desmentirse, pudo haber ido en contra de sus propios actos (“venire contra proprium factum nulli conceditur”, desde el derecho romano). A simple vista, un oxímoron. Salvo error u omisión, y a falta de conocer en detalle la doctrina oficial de ese bumerán, lo dictado por Franco cabría en un <<ilícito legal>>. Un potencial abuso de derecho contemplado en el Código Civil, que ni el Supremo (REC.2577/2099) ni el Constitucional (STC 73/1988) han dejado de reiterar.
Supondría un autogol a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, franquista por más señas, con los datos hoy disponibles, porque el margen para justificar tamaña <<enmienda>> es muy estrecho y excepcional. En cualquier caso, de lo que no cabe dura es del carácter partidista de lo actuado. Pero en esta ocasión en versión concurrencia de debilidades entre opuestos. El cerrojazo al 8M en Madrid ha sido perpetrado en discreto tándem por el PSOE y el PP, como demuestra el caluroso aplauso de la presidenta de la comunidad Díaz Ayuso al delegado del Gobierno por su actitud negacionista. Seguramente debido a que en el territorio morado ambos partidos, aunque por motivos distintos, tienen un mismo adversario. El PSOE porque quiere impedir que UP se active liderando el feminismo militante (por algo se denomina Unidas Podemos, con el género por bandera), con el caudal de votos que eso conlleva, y del lado de los <<cayetanos>> por ver en ello una influencia perturbadora del vetusto tradicionalismo que defienden.
No tiene razón, sin embargo, Irene Montero, al acusar unilateralmente a la derecha de lo ocurrido en Madrid, y mucho menos en decir que la prohibición <<criminaliza>> a las mujeres, otorgándose una representación universal que no tiene. La decisión de Franco, en contra de lo admitido en el resto de las comunidades, prejuzga e infantiliza al movimiento feminista madrileño como gente irresponsable, incapaz de asegurar las medidas para evitar el contagio durante las celebraciones del 8M. Moncloa, vía Franco, impidió que el activismo feminista se visualizara, una vez más, como un poderoso arsenal político en manos de UP. Por si quedara alguna duda de esa estrategia abrasiva, ahí queda la sorpresiva irrupción de Pedro Sánchez en el ministerio de Igualdad el mismo 8M. Que sirvió al presidente para chupar cámara en todas las televisiones y de paso postergar a la anfitriona de la casa, Irene Montero, arrinconándola en el papel de advenediza telonera.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
