Artículo publicado en Rojo y Negro nº 399, abril 2025
Antonio, María, José, Isabel, Manuel… tu padre, tu prima, tu amigo, tu compañera… ¿Quién va siguiente? Han fallecido más de 30.000 trabajadores y trabajadoras en accidentes de trabajo en los últimos 30 años, el equivalente al estadio del Oviedo, a las cifras de los desaparecidos de la dictadura argentina o la población de Navalcarnero.
Apenas es noticia. Los medios de comunicación invisibilizan las muertes de trabajadores salvo en aquellas ocasiones un tanto morbosas. Haciendo un balance desde el movimiento obrero no podemos sino asustarnos de esta penosa realidad, en las últimas tres décadas han fallecido 30.000 personas en su puesto de trabajo.
La prevención de accidentes ha tenido varias normativas desde la Ley de Accidentes Laborales del año 1900, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo del año 1971 y la normativa actual con el RDL 31/1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una ley muy necesaria pero que el gobierno de Felipe González tardó en aprobar. Desde el año 1995 no se vieron los efectos directos de la Ley, las muertes aumentaron, hasta el año 2000 mostrando una caída prolongada por la crisis-estafa financiera y del ladrillo del 2008 hasta el año 2016. Desde entonces la tendencia va en alza superando año a año el número de fallecidos. Es destacable que desde 2016 el cómputo de datos del Ministerio cambió la catalogación de los fallecidos: anteriormente solo eran declarados como muertos en su puesto de trabajo aquellos que fenecían en el mismo día del suceso; ahora se incluyen desde el accidente hasta cumplir el año (parece evidente que al cambiar los límites las cifras no es que aumenten, sino que ofrecen una visión más real de la verdadera situación y, por tanto, no sabemos la cifra real de muertos en accidentes laborales antes de 2016).
Según los datos del Ministerio de Trabajo, las comunidades autónomas con las peores cifras son Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid y los sectores más peligrosos son la industria, la construcción y el transporte, afectando los accidentes al triple de hombres que de mujeres y siendo las defunciones muy por encima en los hombres. Al margen, no tenemos constancia de los accidentes laborales de los sectores más vulnerables como los de aquellos que no tienen contrato de trabajo, principalmente mujeres e inmigrantes. Por debajo de las muertes están los disimulados accidentes. Por cada muerte hay cinco accidentes muy graves y, a su vez, aumentan exponencialmente los graves y leves.
En muchos casos, estos accidentes acaban en lesiones y amputaciones que impiden el desarrollo de una experiencia laboral e incluso el desarrollo normal de la vida. Aquello de ofrecer puestos adaptados no suele complacer al aspecto anímico y solo puede ser ofrecido por medianas y grandes empresas. En otras ocasiones se pasa a la jubilación o se obtiene una compensación por incapacidad de la Seguridad Social con lo que su pensión de jubilación se verá muy perjudicada económicamente según avance el tiempo.
No es infrecuente que las empresas o las mutuas (por recomendación de éstas) cambien fraudulentamente los días del accidente laboral por unos días de “descanso retribuido”. ¿Qué habrá detrás para que se encubra un suceso? Pues que así se maquillan las cifras reales de siniestralidad para que las empresas no puedan ser excluidas de recibir subvenciones públicas ni se vea afectada su imagen corporativa. Nunca llegaremos a conocer el número de víctimas reales. Por ejemplo, las enfermedades profesionales o patologías relacionadas con la exposición continuada a químicos y otros factores ambientales no existen sino como una simple enfermedad común que cuesta años luchar en los tribunales para que sea reconocida como un accidente laboral de exposición continuada.
Otra cuestión es no caer en el argumento de “es culpa del empresario”, ya conocemos cómo prefieren arriesgar a su plantilla antes que sus beneficios, también la inacción proactiva de la Inspección de Trabajo tiene su culpa…, pero fiar todo a entes externos no es una buena estrategia, el trabajo lo hacemos nosotras, los accidentes y las muertes las sufrimos nosotras. Tenemos que agarrarnos a las herramientas que tenemos: podemos negarnos a trabajar si las condiciones no son las óptimas para desempeñar una labor sin riesgo para la vida de la persona, de tus compañeros o de los transeúntes —tanto es así que un accidente leve repetido en el tiempo se debe investigar como grave—; las denuncias a la Inspección de Trabajo pueden ser anónimas, por internet y gratuitas. Por otro lado, es nuestro deber cumplir las medidas de seguridad e higiene en el trabajo… si un compañero repudia el uso de los EPI, a pesar de los riesgos, debemos preguntarnos si, en estos casos, la culpa de un eventual accidente es de un malvado y despiadado patrón o el trabajador tiene también la responsabilidad de sus actos.
Los delegados o delegadas de prevención debieran ser las personas más importantes de la empresa, es mejor evitar el accidente que ser testigo directo de los avances médicos; deben tomar decisiones difíciles e, igual que se enfrentan a la empresa por el bien de las compañeras, también deberían hacer pedagogía con los trabajadores, no se puede permitir ningún tipo de negligencia. Es la obligación del delegado/a de prevención hacer cumplir la normativa de seguridad, son los primeros responsables y suelen ser las cabezas de turco cuando ocurren las desgracias; sin olvidar que pueden acusarles de responsabilidad imprudente en un siniestro.
Para reducir la siniestralidad en el puesto de trabajo es necesaria la concienciación en masa, pero no existen campañas sobre accidentes y muertes relacionadas con el mundo laboral similares a las de los fallecidos en carretera como las que hace el grupo Atresmedia. Las circunstancias (796 muertos en 2024 según el Ministerio de Trabajo, es decir un 10 % más que el año anterior) exigen que las centrales sindicales, todas, asumamos la gravedad de la situación y que nos sentemos con los empresarios en busca de una solución real y sin maquillajes… ¿cuánto vale la vida de una persona? Aunque la ley podría mejorarse, sin más medios para la Administración y con la poca vocación de los empresarios será muy difícil conseguir los objetivos de cero accidentes sin la implicación de todas y cada una de nosotras.
Alberto García Lerma
Fuente: Rojo y Negro
