Desde el 29 de octubre tenemos una herida abierta que no podrá empezar a sanar hasta que los responsables paguen por su actuación criminalmente negligente. El principal responsable es Carlos Mazón, que el día de la dana apareció demasiado tarde y con un chaleco rojo, este que hemos visto tantas veces cabeza abajo, y ahora dice que él no tiene nada que ver con las muertes, que la responsabilidad no era suya. El pueblo valenciano sí que tiene claro quién es el máximo responsable.
Que sea el máximo responsable no quiere decir que sea el único responsable. Parte del empresariado escondió a su plantilla lo que estaba sucediendo, privándola de mirar el móvil para que no abandonaran su puesto de trabajo o coaccionándola porque acudieron, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas en algunas comarcas y los avisos de riesgo muy graves en otros. Esto ha ocasionado un peligro real y tangible contra la vida y la salud de las trabajadoras y trabajadores, que, en algunos casos, ha tenido un final fatal y, en otros muchos, ha comportado secuelas psicológicas. En este sentido, queremos recordar que ha habido víctimas in itinere que no han sido reconocidas por la Generalitat.
Con todo, el día 29 de octubre del 2024 vimos como desde el negacionismo del cambio climático y desde el capitalismo desaforado, se ignoraron las informaciones científicas sobre las lluvias y el estado de los ríos y barrancos, y se priorizaron intereses que nada tienen que ver con las personas y nuestro bienestar. Si mañana tuviéramos los mismos avisos meteorológicos, la respuesta sería muy probablemente parecida. De hecho, ya la vimos cuando la dana se desplazó en las comarcas de Castelló, en aviso rojo, y tanto la Generalitat como el empresariado actuaron del mismo modo.
La reconstrucción se tiene que hacer con otro paradigma porque no nos vuelva a pasar lo mismo. El negacionismo de Vox ha encontrado un portavoz Carlos Mazón, que ya no sabe qué hacer para aferrarse en la poltrona. Por todo esto, continuamos exigiendo la dimisión de Carlos Mazón con la consiguiente caída de todo su Consejo. Que esto suceda, es el primer paso necesario para la reparación de las víctimas.
Paralelamente, denunciamos que los precios de las viviendas ya han superado los máximos históricos, los de la burbuja inmobiliaria. En algunos lugares los alquileres se han multiplicado por cuatro en diez años, de media se han subido cerca de un 250%. Continúan los desahucios y los fondos buitre están comprando fincas enteras para hacer pisos turísticos, incluso viviendas de protección oficial sin que la administración ejerza su derecho a tanteo y retracto, e incluso viviendas que han quedado asolados por la dana. Todavía más, exigimos que se dé alternativa habitacional inmediata a las decenas de familias que viven en condiciones muy precarias porque la dana ha arrasado sus casas. La vivienda no puede ser un negocio, es un derecho para la clase trabajadora.
Por si esto no fuera ya suficiente motivo por una huelga general, denunciamos los recortes en los Servicios públicos que se están llevando a cabo por parte del Consejo en todos los ámbitos: sanidad, educación, servicios sociales y servicios de emergencia. Los derechos de la clase trabajadora no son una prioridad por el PP, que ha pactado unos presupuestos que van en la línea contraria al que tendrían que ser: tendrían que reforzar los servicios públicos para que el País Valenciano esté en mejores condiciones para hacer frente a una nueva catástrofe.
En vez de esto, de mirar por el bien común, se están repartiendo dinero entre empresas condenadas por corrupción, dinero que tendrían que ir destinados en las poblaciones y personas afectadas, y que tendrían que liderar un proceso participativo para que la reconstrucción vaya encaminada a transformarnos y fortalecernos como sociedad, y no a repetir los mismos errores que nos han llevado hasta aquí.
Ahora es más necesaria que nunca la unidad sindical y social. Tenemos que ir todas a una: sindicatos, movimiento por el derecho a la vivienda, comités de emergencia y reconstrucción y, sobre todo, no dejar nunca solas a las víctimas de la dana.
Exigimos:
- Responsabilidades penales para los culpables de las muertes de trabajadoras y trabajadores el día de la dana en accidentes laborales, desde el presidente de la Generalitat hasta los empresarios que no garantizaron la seguridad de las personas que trabajaban para ellos.
- Reparación y justicia para todas las víctimas de la dana. Reconocimiento de Incapacidad Permanente absoluta con prestación vitalicia para las personas trabajadoras que la piden y que hayan perdido a un familiar por la DANA.
- Que se reviertan las privatizaciones, se refuerzan los servicios públicos y se mejoran las condiciones laborales del personal del sector público.
- Que las personas afectadas por los ERTE de la dana cobran el 100% del sueldo.
- Creación de un permiso retribuido sin límite de días para situaciones de alerta meteorológica y/o riesgo de inundaciones.
- La reducción de la jornada laboral a 32 horas o 4 días.
- La recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
- Que se respete el derecho a la vivienda con un control de precios de alquiler y de venta, y con la creación de un parque público de vivienda de alquiler.
Para conseguir estos objetivos, gritamos a toda la sociedad, en especial en la clase trabajadora y al resto de sindicatos, a secundar la huelga general convocada para el día 29 de mayo y a promoverla en los pueblos, barrios y centros de trabajo.
Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
