“El derecho fundamental a la SALUD de los trabajadores/as, viene siendo lesionado intencionadamente por parte de las empresas, al incumplir manifiestamente, la obligación esencial que tienen por ley: la defensa de la vida y la salud del trabajador, en la realización del trabajo”
El fraude empresarial en el incumplimiento sistemático y cotidiano de la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, es un hecho incuestionable que a nuestras Administraciones Públicas, Autoridades Laborales y la Fiscalía General del Estado, parece no importa
El fraude empresarial en el incumplimiento sistemático y cotidiano de la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, es un hecho incuestionable que a nuestras Administraciones Públicas, Autoridades Laborales y la Fiscalía General del Estado, parece no importarles en absoluto.
El Gobierno del Estado, del PP, desde el 12 de febrero de 2012, ha legislado por Real Decreto urgente, entre otras barbaridades, que los trabajadores y trabajadoras de este país, tengamos aún peor salud. La peor salud que nos han decretado, es consecuencia de otorgar al empresario todo el poder para disponer de todas y cada una de nuestras condiciones de contrato: el cómo contratarnos y los precios basura e indignos; el despedirnos por cuatro “perras” cuando no le seamos útiles o poco productivos; el modificarnos nuestras condiciones de trabajo (funciones, salarios, turnos, movilidad, etc.) al simple “capricho” y arbitrio del empresario y el despedirnos si estamos enfermos y con nuestra baja médica certificada por el Servicio Público de Salud (INSS), durante 9 días en dos meses consecutivos o 18 días en cuatro meses interrumpidos en un período de un año.
La gravedad de tales medidas, acarrean consecuencias graves para millones de trabajadores/as, que asistiremos a nuestros puestos de trabajo enfermos y con baja médica, exigiremos menos que se nos garantice la seguridad y la salud en la organización del trabajo concreto y, todo ello, impelidos por el pánico a perder “la mierda de empleos” que tenemos.
Permitir por ley el agravamiento de los riesgos, conlleva directamente una violación muy grave del derecho a la SALUD de los trabajadores y trabajadoras.
Significa que el Empresario, como único responsable de la vida y la salud de los trabajadores (Ley de Prevención de Riesgos Laborales –LPRL), ha actuado a sabiendas de los daños objetivos, medibles y constatables que esa actuación comporta en la salud de sus trabajadores y, ahora, con el beneplácito de la “Ley”.
Las consecuencias a la que nos someten a lo largo de este “infierno laboral”, agravarán las ya existentes:
Accidentes y enfermedades profesionales no reconocidas como consecuencia del proceso productivo y desviadas como enfermedades comunes al sistema sanitario público.
Trabajadores con afectaciones en su salud obligados a reubicarse en puestos de trabajo que acentuaran sus patologías.
Tratamientos agresivos con tal de mantener a los trabajadores enfermos o lesionados en sus puestos de trabajo.
Altas laborales indebidas, bien por el INSL, bien por el INSS, bien por la Mutua.
Generan un ambiente laboral en la Empresa de muy mala salud.
Alguien tiene que responsabilizarse de las consecuencias que en forma de daño ha afectado a los trabajadores y trabajadoras, los cuales han sido lesionados por el simple hecho de trabajar.
Alguien tiene que ser imputado por este “atentado sistemático” a la salud de miles de trabajadores/as.
Las Inspecciones de Trabajo, los Jueces de lo Social, las distintas Administraciones Públicas, la Fiscalía General del Estado, el Defensor/a del Pueblo, vienen obligadas a hacer que se restituya el derecho fundamental a una buena SALUD de los trabajadores y trabajadoras.
Hay que derogar esta legislación y exigir a los empresarios responsabilidades por daños y perjuicios a todos los trabajadores.
SOLO LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PODEMOS ECHAR ABAJO TODAS LAS LEYES ABUSIVAS Y QUE ACTUAN CONTRA NUESTROS DERECHOS ESENCIALES Y FUNDAMENTALES.
Fuente: Secretaría de Salud Laboral CGT
