20 años de la ley del aborto
La legalización del aborto cumple 20 años. Tal día como hoy en 1985, el Rey firmó la ley orgánica que permite interrumpir voluntariamente el embarazo en tres supuestos (malformación del feto, violación y grave riesgo físico o psíquico de la madre). La norma entró en vigor en agosto, casi dos años después de su aprobación inicial en el Parlamento. En las dos décadas transcurridas, los abortos han aumentado sostenidamente hasta rozar los 80.000 anuales.
20 años de la ley del aborto

La legalización del aborto cumple 20 años. Tal día como hoy en 1985, el Rey firmó la ley orgánica que permite interrumpir voluntariamente el embarazo en tres supuestos (malformación del feto, violación y grave riesgo físico o psíquico de la madre). La norma entró en vigor en agosto, casi dos años después de su aprobación inicial en el Parlamento. En las dos décadas transcurridas, los abortos han aumentado sostenidamente hasta rozar los 80.000 anuales.

La despenalización de la interrupción del embarazo, una demanda de las organizaciones feministas y los partidos de izquierda, se produjo tras una trayectoria azarosa. El Parlamento la aprobó inicialmente a finales de 1983. Alianza Popular (el actual PP), que había votado en contra junto a los centristas, el PNV y parte de CiU, la recurrió inmediatamente ante el Tribunal Constitucional, por lo que quedó paralizada. En abril de 1985, el organismo, gracias al voto de calidad de su presidente, la declaró inconstitucional por no garantizar el derecho de «todos» a la vida. Las Cortes adecuaron el texto a la sentencia. La despenalización (una modificación del Código Penal) se aprobó definitivamente el 27 de junio de 1985. Por entonces, los obispos recordaron que esa práctica suponía la excomunión.

«El número de abortos ha aumentado en todos los tramos de edad desde 1990, año a partir del cual consideramos fiables los datos. El incremento es más acusado entre las menores de 25 años, que protagonizan cuatro de cada 10 interrupciones», afirma la demógrafa Margarita Delgado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.


Fuente: CHARO NOGUEIRA/EL PAÍS