Sintratel es la empresa “proyecto colectivo” que nació de la Asociación de Extrabajadores de Sintel con el objetivo de emplear a los perjudicados por la venta de la filial de Telefónica a Mas Canosa. Sólo un año después de su puesta en marcha, Sintratel está en los tribunales por despedir a dos trabajadores que osaron criticar las prácticas antidemocráticas de una empresa que debiera funcionar según parámetros diferentes a los de una compañía capitalista.
Mañana 2 de marzo, el Juzgado de lo Social número 6 de Valencia celebrará el juicio a la empresa Sintratel por los despidos nulos, subsidiariamente improcedentes, por violación de derechos fundamentales (entre ellos la libertad de expresión) de dos trabajadores, ambos afiliados a la Confederación General del Trabajo. Así, a las 11h30 CGT-PV ha organizado una concentración en la puerta de los Juzgados de lo Social de la Ciudad de la Justicia de Valencia para apoyar a los despedidos en el día del juicio.
Sintratel Grupo S.A. comenzó su andadura a finales de 2003 con filiales en forma de sociedades limitadas a lo ancho del Estado español siguiendo la estructura de la extinta Sintel. La empresa, que en un principio debía ser una cooperativa “no adscrita a intereses únicamente mercantiles” y cuyo objetivo prioritario era “generar alternativas de empleo estable para los extrabajadores de Sintel” se capitalizó gracias a los préstamos que la Asociación de Extrabajadores de Sintel realizó de los pagos del FOGASA en concepto de indemnizaciones. Es decir, que la mayor parte de los fondos de una asociación de 1.800 personas fueron prestados para poner en marcha esta empresa que debía ser “diferente”.
Con los 2 millones de euros en concepto de préstamos, la Junta Directiva de la Asociación creó Sintratel que empleó a 200 personas. Sin embargo, ya desde el principio, la forma de actuar del Consejo de Administración de Sintratel (órgano integrado curiosamente por los mismos miembros de la Junta Directiva de la Asociación que a su vez eran los antiguos representantes sindicales del Comité Intercentros de Sintel, casi todos de CC.OO.) empezó a dejar mucho que desear. De la mano de José Luis Adell, economista director general de RENFE con el PSOE, actualmente Gerente del Colegio de Huérfanos de RENFE y máximo responsable de Sintratel, la empresa empezó a llevar a cabo una política cada vez más alejada de lo prometido en un principio. Desde hacer firmar a los empleados contratos de trabajo con condiciones leoninas en aras del proyecto, pasando por la falta de transparencia a la hora de rendir cuentas, hasta llegar al cierre forzado e injustificado de su filial valenciana donde estaban empleados dos afiliados de CGT y desde donde se intentó hacer crítica constructiva de las deficiencias democráticas de la empresa.
La persecución hacia quienes hacían críticas ha llegado hasta el punto de degenerar en despidos. Sintratel aduce falta de lealtad porque los empleados hicieron públicas en el seno de la CGT sus diferencias respecto a la actuación de los integrantes del Consejo de Administración algo que, a todas luces, forma parte del ejercicio de la libertad de expresión. “Lo que han querido es acabar con la disidencia al más puro estilo dictatorial… Se están aprovechando de la buena voluntad de muchos trabajadores que confiaron en este proyecto para reproducir a lo salvaje lo que ocurre en cualquier empresa capitalista.” afirma Juan. A. Ortiz, uno de los despedidos.
De esta forma, en el juicio de mañana los servicios jurídicos de CGT-PV defenderán la nulidad de los despidos.
Gabinete de Prensa de CGT-PV
Valencia, 1 marzo 2005
