17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca

“Con Álvaro Sebastián caminan nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros demás hermanos presos, nuestros perseguidos. Los siete hermanos Loxicha se encuentran en la cárcel por ser indígenas, por ser pobres, por tener ideas políticas contrarias al régimen, por luchar por la autonomía de los pueblos.” .

Participación de Érica Sebastián en la Cátedra Tata Juan Chávez, en el CIDECI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 18 de Agosto del 2013

Éste 25 de septiembre se cumplen 17 años de haber iniciado la represión contra los habitantes de la región loxicha –ubicada en la sierra sur de Oaxaca- con el argumento de que en esta zona se encontraba un bastión de grupos armados. En el operativo se detuvieron y torturaron a más de 150 personas y se liberaron más de 250 órdenes de aprehensión, además de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a mujeres, delitos que hasta hoy permanecen en la total impunidad. Estos operativos fueron parte de las tácticas de contrainsurgencia que se implementaron de manera indiscriminada en diferentes regiones indígenas del país, con la finalidad de contener el crecimiento de la base social de los movimientos sociales que habían tomado la vía armada.

A partir del levantamiento armado en del EZLN en 1994 y desde la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena –acuerdos traicionados por el Estado mexicano-la gran mayoría de los pueblos indígenas de México hicieron eco de las exigencias sobre estos acuerdos. Oaxaca, siendo mayoritariamente indígena y con ánimos de sumarse a esta iniciativa, provocó preocupación para el gobernador en turno, Diodoro Carrasco Altamirano y el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, quienes optaron por implementar una política de contención indigenista. En marzo de 1994 se propuso un nuevo acuerdo para los pueblos indígenas y en 1998 se aprobaron los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, como parte de la estrategia de contención del descontento social y de la desarticulación de procesos organizativos que pudieran establecer un acercamiento con los diferentes grupos armados.

“Gabino Cue Monteagudo, asesor y secretario técnico de Diodoro Carrasco Altamirano en 1996, dio la orden de los operativos y hoy es gobernador del Estado de Oaxaca” denunció Érica Sebastián Luis –hija del preso político Álvaro Sebastián- en el Congreso Nacional Indígena. “En qué cabeza cabe ir a pedir justicia a Gabino Cue, cuando fue él mismo quien dio la orden. Nosotros no perdonamos y no olvidamos” fueron algunas de las palabras de Érica al recordar los 17 años de una represión que no ha cesado en la sierra sur y en el estado de Oaxaca, 17 años en que aún está preso Álvaro Sebastián Ramírez y otros 6 indígenas de la región loxicha.

En 1996 el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) realizó una serie de hostigamientos armados en diferentes partes de Oaxaca, en el que resultaron varias bajas tanto de las fuerzas federales como del EPR. Fidel Martínez, quien fungía como regidor de Hacienda en San Agustín Loxicha, murió en uno de los primeros enfrentamientos, motivo suficiente para vincular a toda la región Loxicha de estar involucrada con estas acciones, marcó la pauta para que Diodoro Carrasco acelerara su estrategia de contrainsurgencia elaborada por el Centro de Estudios Gubernamentales (CEG), organismo creado en el periodo gubernamental de Carrasco.

La estrategia contrainsurgente elaborada por el CEG de Oaxaca, siguió las mismas tácticas de contrainsurgencia implementada por la Escuela de las Américas, quien desde 1953 y hasta 1996, había recibido a cerca de mil efectivos militares de México para tomar cursos de capacitación principalmente sobre técnicas de contrainsurgencia, según consta en uno de los capítulos del informe
histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

En ese mismo sentido, la doctrina contrainsurgente de Estados Unidos sigue ejecutando las mismas tácticas, en las geografías que consideran focos rojos, sobre movimientos sociales que no son necesariamente armados, como lo determina el manual de táctica contrainsurgente que desclasificó el Pentágono en 2009 y que dicta que la contrainsurgencia debe ser total: involucra “todas las acciones políticas, económicas, militares, paramilitares, psicológicas y cívicas que puedan ser tomadas por un gobierno para lograr su objetivo”.

Es así como en 1996, a partir de estas tácticas de contrainsurgencia, en todo el estado de Oaxaca se implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, tareas de inteligencia, se crearon grupos paramilitares, como “Los entregadores” en la región loxicha, un grupo a sueldo de los caciques cuya labor más importante es la delación: entregaban a los presuntos guerrilleros y realizaban acciones de tortura, asesinato selectivo, violación de mujeres y detenciones arbitrarias. A partir de este año, Oaxaca se militarizó generando tensión, miedo y hostigamiento hacia diversas comunidades y organizaciones sociales, materializando así la frase de Ernesto Zedillo, “Todo el peso del Estado”, refiriéndose a las organizaciones armadas que supuestamente tenían presencia en Oaxaca. El objetivo inmediato fue reducir al adversario, entendiendo así al grueso de la base social latente que podría tener una respuesta positiva hacia los movimientos sociales que habían optado por la vía armada, además de evitar un posible contagio que podría provocar el movimiento zapatista en uno de los estados mas pobres de México y con una gran presencia indígena.

Oaxaca, el tercer estado mexicano con mayor municipios en pobreza extrema (CONEVAL 2012), es considerado uno de los focos rojos latentes de un descontento social que se puede desbordar en cualquier momento, como sucedió en el año 2006 con el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, cuando se volcaron a las calles miles de personas que pedían la destitución de este gobernador. Por tanto, las tácticas de contrainsurgencia han
sido renovadas constantemente en esta región del país. Desde Ruiz Ortiz, la ciudad de Oaxaca es una de las mas vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, con mas de 230 cámaras que forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que entre otras actividades no sólo filman y guardan los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, sino que también son capaces de detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.

Como parte de la contención del descontento social del año 2006, sólo por tomar otro ejemplo, se detuvieron “preventivamente” a más de 500
personas, se volvió a agudizar la práctica de la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. Al mismo tiempo, se promovió un supuesto cambio democrático en el gobierno a través la candidatura y posterior “triunfo” de Gabino Cue Monteagudo,que entre otra iniciativas, promovió “el tequio por el cambio” pidiendo a organizaciones civiles, campesinas e indígenas ayuda para derrotar al Partido de la Revolución Institucional (PRI). Algunas organizaciones y personajes políticos que fueron piezas claves en las revueltas del 2006, decidieron apoyar a Cue Monteagudo y después de haber ganado, él nuevo gobernador cedió espacios en las diferentes secretarias de gobierno y un techo financiero para diversas organizaciones. Hasta cierto punto, esta derrama de gasto público, al igual que las políticas indigenistas promovidas en los 90 han contenido parte del descontento social, pero no han resuelto las pésimas condiciones de vida de los oaxaqueños.

No obstante estas políticas de contención, las movilizaciones se vuelven a recrudecer en el estado y en el Distrito Federal, el objetivo es detener los programas de ajuste estructural, que continene las reformas energética, educativa, hacendaria y política. Enrique Peña Nieto –actual presidente de México- aprobó recientemente la reforma educativa lo que ha generado ya un descontento cada vez más generalizado entre la población y el sector magisterial. Podemos poner como ejemplo el día del festejo de las fiestas patrias: el Zócalo de la ciudad de Oaxaca estuvo militarizado.

Los siete presos políticos loxicha llevan 17 años en prisión, “17 años de prisión injusta e legal, 17 años de resistir y luchar contra la consigna del Estado Mexicano que hasta estos días la sostiene Gabino Cue”, denuncia la hija de Álvaro Sebastián, ambos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. “El mensaje es claro, cállate, no te organices, no hagas ruido nos dicen, sólo organizándonos y luchando, reconstruyéndonos, es como podemos hacer visible la intolerancia y desprecio que sienten por nosotros y nosotras” sostiene Sebastián Luis y termina diciendo: “tenemos dignidad y ésta no tiene precio”. Tal y como lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, continúan con sus acciones y exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos loxicha.

**Nos hermanamos con las acciones de la resistencia y lucha de Álvaro Sebastián Ramírez y los presos políticos loxicha, pues consideramos que los presos políticos de conciencia y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, son un compromiso para los que somos adherentes a la Sexta y sentimos que debemos hacer eco de sus luchas dentro y fuera de las prisiones, pues si tocan a un@, nos tocan a tod@s y si no están l@s pres@s, no estamos tod@s. Entonces sumemos nuestras formas y modos de lucha por la liberación de Álvaro Sebastián y l@s pres@s Loxicha.**

Fuente: CGT Chiapas