El rechazo a la introducción de los organismos modificados genéticamente, conocidos como transgénicos en nuestra agricultura y alimentación es cada vez más evidente. Y una de las vías para expresar la oposición social son las declaraciones institucionales de Zonas libres de Transgénicos u otro tipo de iniciativas de las autoridades locales y regionales contra estos cultivos.
Sigue aumentando el rechazo social e institucional a su introducción en la agricultura y alimentación
El rechazo a la introducción de los organismos modificados genéticamente, conocidos como transgénicos en nuestra agricultura y alimentación es cada vez más evidente. Y una de las vías para expresar la oposición social son las declaraciones institucionales de Zonas libres de Transgénicos u otro tipo de iniciativas de las autoridades locales y regionales contra estos cultivos. Son ya cinco las Comunidades Autónomas, más de 150 municipios, diputaciones provinciales o cabildos insulares que han dado el paso. Son ya 13 millones de personas las que viven en territorios declarados libres de transgénicos.
Frente a la imposición de los organismos modificados genéticamente en nuestra agricultura y alimentación, cada vez son más las instituciones europeas y españolas que expresan el rechazo ciudadano a través de declaraciones institucionales. Las Comunidades Autónomas de Asturias, Canarias, Galicia, Baleares y País Vasco, más de 150 municipios, los cabildos y consejos insulares de Mallorca, Menorca y Lanzarote y muchas otras instituciones [1] se han sumado ya a las más de 200 regiones y 4.500 autoridades locales europeas [2] que están reclamando su derecho a decidir sobre la introducción de transgénicos en su agricultura y alimentación.
Recientemente el Parlamento Gallego aprobó una proposición con apoyo del PP, PSOE y BNG que instaba a la Xunta a que “no contemple la producción de cultivos transgénicos destinados a consumo humano y animal”. Entre los últimos municipios que han dado este paso, para exigir su derecho a defender su medio ambiente y la salud pública, están Rivas Vaciamadrid (Madrid), Daimiel (Ciudad Real), Molinillo (Salamanca), Forcarei (Pontevedra), Camas (Sevilla) o la Comarca de la Sierra del Segura (Albacete).
“La declaración de una zona como libre de transgénicos expresa a nivel institucional el rechazo ciudadano. Y son una señal clara para la industria, que pretende a toda costa introducir unos productos para los que no existe demanda” afirmó David Sánchez, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.
España es, desde 1998, el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Frente a las casi 80.000 hectáreas cultivadas con maíz transgénico en 2008 en nuestro país, son ya seis los países que han prohibido de forma oficial su cultivo : Austria, Hungría, Luxemburgo, Grecia, Francia y recientemente, Alemania. Polonia e Italia mantienen también moratorias. Estos países han prohibido el cultivo de transgénicos por sus impactos ambientales, la falta de estudios sobre efectos a largo plazo para la salud humana o la imposibilidad de controlar su dispersión y evitar la contaminación de los cultivos ecológicos y convencionales.
Resulta preocupante, sin embargo, que desde algunos ámbitos políticos se intente evitar un debate serio e informado sobre los transgénicos en nuestro país. Un claro ejemplo es lo sucedido recientemente en Cataluña, donde PSC, CiU y PP impidieron que una iniciativa legislativa popular para declarar Cataluña libre de transgénicos, que había recogido más de 100.000 firmas, fuese debatida en el Parlamento Catalán. La plataforma impulsora, Som lo que Sembrem, convocó una movilización con más de 3.000 personas en Barcelona el pasado 28 de junio para protestar por este rechazo [3].
No ha sido la única manifestación contra los transgénicos de los últimos meses. El pasado 18 de abril, se celebró en Zaragoza la mayor movilización contra los transgénicos que se recuerda en Europa, con más de 8.000 personas por una agricultura y una alimentación libres de transgénicos [4].
“Con un amplio rechazo social, que se manifiesta a través de movilizaciones y declaraciones institucionales, el Gobierno no puede seguir defendiendo los intereses de las multinacionales por encima del interés público. Debe seguir el ejemplo de países como Francia o Alemania y prohibir su cultivo también en España” añadió Sánchez.
Fuente: Ecoportal
