Artículo publicado en Rojo y Negro nº 386 de febrero

He contactado con el 016 por un caso de violencia de género en el seno de mi familia y lo he hecho por los 4 canales posibles. Escribí hasta 4 veces en el chat de su web, donde me redirigían al teléfono a sabiendas de que les había informado de mi discapacidad y lo difícil que era específicamente un teléfono oral en mi caso. Les he escrito por su chat de WhatsApp y lo mismo. Mis correos electrónicos llevan días sin más que una respuesta automática dirigiéndome al teléfono.
Se podría pensar que, aunque suponga una barrera por discapacidad, el teléfono oral sí daría los recursos, así que junté mis energías y llamé. Cuando estaba informando de mi discapacidad, y antes de que pudiera relatar el caso de violencia de género, me cortaron la llamada desde allí.
De aquí solo caben dos conclusiones. La primera es que el 016 discrimina por discapacidad poniendo barreras a propósito. La segunda es que a este servicio, si se puede llamar así, no le importa escuchar las historias de violencia de género, ni mucho menos asesorar, a la vista de los hechos.
Recordemos que la ley de Castilla y León amplía la definición de violencia de género respecto a la estatal, más allá de los ilícitos penales y la judicialización del proceso, bastando un informe de los servicios sociales. Ni siquiera me dijeron si los tipos de violencia de género percibidos estaban tipificados como delito o no. Pues, ni llevándoles el trabajo de información casi hecho, sabían o querían informarme en el 016 sobre esta y otras las dudas que me suscitaba.
Aun quedándose corta en su definición de violencia de género y siendo asquerosamente tránsfoba, la ley de mi comunidad mejora con mucho el horrible texto cisheteronomativo de la ley estatal. Necesitamos obviamente mejores leyes contra la violencia de género con perspectiva de toda la diversidad, pero también necesitamos que las que hay se apliquen y los servicios públicos de atención funcionen. Lo contrario nos deja en una indefensión agravada por la discapacidad.

Militante de CGT en Castilla y León


Fuente: Rojo y Negro