La Consejera de Educación Tomasa Hernández participó el pasado 4 de marzo en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación a la intervención del Jefe de Inspección de la Provincia de Huesca, donde hizo manifiesta una vez más su inacción frente al grave problema que ha suscitado su actuación, pese a la opinión unánime del resto de los grupos políticos ahí presentes.
Para CGT Educación Huesca, llama la atención que la Consejera de Educación, con una formación académica y profesional vinculada al derecho y las leyes, base toda la defensa de las actuaciones del inspector en un mero formalismo semántico (asesoramiento/inspección) y a un problema entre dos técnicos, como si no hubiera entre ellos una distinción de cargos. Como sindicato, entendemos que existe una situación de superioridad jerárquica entre el Inspector Jefe de la provincia de Huesca y la directora de un centro o cualquier docente de la provincia, y, por supuesto, no se puede utilizar el eximente de la “relación cercana” entre ambos para reducir todo a un “se deben poner de acuerdo entre ellos” diluyendo así la gravedad de la actuación.
Si tomamos como referencia la nota de prensa que su propio departamento emitió el 18/12/2024 y pese a las acusaciones de la Directora Provincial de Educación de Huesca de juicios de valor falsos a las preguntas de la Junta de Personal sobre la misma, la comparecencia del martes certifica que en dicha nota de prensa existen dudas reales sobre la misma. Esta nota especificaba que la reunión se efectuó “a solicitud de la directora del centro”, sin embargo, ahora argumenta que “fue aceptada y facilitada por el equipo directivo”, por lo que se desprende que es el propio inspector el que solicita esa reunión, como bien recalcó la directora del centro en el comunicado del día posterior, y que, por lo que parece, carece de credibilidad para la Consejera, pese a aseverar varias veces el martes que ambos técnicos merecen el mismo respeto.
Respeto y apoyo que entendemos, desde nuestra organización, han faltado en este asunto al IES Ramón y Cajal y su claustro, al equipo directivo al completo, a la Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Huesca y, especialmente, a la docente afectada por la actuación.
Las alabanzas y exaltación de la “profesionalidad ejemplar en el desempeño de su labor” o “el excelente desempeño de la labor inspectora” del Inspector Jefe, han ido acompañadas desde la dirección provincial con silencios, nula colaboración y desdeño de la labor de todas las personas implicadas, como se reflejó en la obligación de compartir esa nota de prensa del 18 de diciembre con todos los centros educativos de la provincia. A día de hoy desconocemos con qué propósito se hizo, pero obviando las respuestas dadas por directora y equipo directivo del citado IES al día siguiente, así como al escrito registrado de forma oficial el día 20 de diciembre remitido por el Claustro del IES Ramón y Cajal.
La nota de prensa emitida seguía hablando de “desajustes significativos en el desempeño profesional de algún docente del departamento de matemáticas y habiendo quejas de varias familias el presente curso escolar”, pero en su comparecencia no puede demostrar esas quejas más allá de afirmar que se efectuaron de forma oral, sin acreditar en qué entorno y circunstancias llegaron esas supuestas quejas, lo cual es dar validez a meras suposiciones o rumores sin el menor rigor exigible para acometer una actuación de este tipo.
También queremos recalcar que ha basado su defensa en un acta elevada por el propio Jefe de Inspección, obviando los escritos emitidos por el claustro y el equipo directivo del centro. Ese acta, como confirmó la Consejera, viene firmada por los dos inspectores, pero no parece que haya sido firmada, por sus alusiones, por ningún miembro del centro que estuvo en esa reunión. En este punto, deberíamos preguntarle a la Consejera si en algún momento ella o algún miembro del departamento se han puesto en contacto con las personas que asistieron a esa reunión por parte del centro o con la profesora a la que se le efectuaba el supuesto asesoramiento, puesto que, de no ser así, podría parecer que, desde su departamento, tenían muy claro desde el principio qué versión tenía credibilidad y la única a la que han dado validez, sin cotejar en ningún momento esas informaciones.
Finalmente, la Consejera cerró su comparecencia con la siguiente frase: “seguramente este problema se solucione hablando entre ellos”. Afirmación gravísima, ya que obvia las actuaciones del Inspector Jefe que, desde CGT, ya señalamos, como mínimo, de poco éticas al utilizar su puesto para abordar temas que competen a un familiar.
Además, el Inspector Jefe podría presuntamente haber incurrido en faltas graves previstas en el art. 7 como abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados e intervención en un procedimiento administrativo (o asesoramiento) con causas de abstención legalmente señaladas, así como en el artículo 23 de la ley 40/2015 relativa a la abstención y recusación de funcionarios públicos.
Desde el sindicato CGT ya se presentó una petición formal de apertura de investigación, la cual solicitamos por registro a la Consejera de Educación y a la Directora Provincial y que aún no ha obtenido respuesta.
Por ello, el sindicato CGT Educación Aragón, va a solicitar una reunión urgente con la Consejera de Educación, para exigir la apertura de un expediente informativo al Jefe de Inspección de la provincia de Huesca, y a todas aquellas personas que han amparado, tapado y defendido sus actuaciones, puesto que entendemos que socavan profundamente al colectivo docente, tanto del IES Ramón y Cajal, con su equipo directivo a la cabeza, como al resto de docentes de la provincia, y muy especialmente, a la docente afectada.
Fuente: CGT-Enseñanza Huesca
