Artículo publicado en Rojo y Negro nº 396, enero 2025
El Gobierno conmemorará los 50 años de la muerte de Franco en la cama, mientras mantiene la discriminación entre víctimas de la dictadura de primera y segunda clase.
La historia contrafáctica plantea qué hubiera ocurrido si mi tío hubiera sido mi tía, un algoritmo bumerán que el presidente del Gobierno acaba de poner en órbita con la retrospectiva de una transición fabulada por la factoría Moncloa S.L. Porque la bizarra propuesta del secretario general del PSOE olvida que fue precisamente la izquierda instalada la que pasteleó con un franquismo que hasta el último adiós tuvo las manos manchadas de sangre: socialistas y comunistas en primera línea de saludo. Estos últimos eran los únicos que tenían arraigo social para liderar la ruptura con aquel infame régimen, pero la dirección del PCE prefirió concentrarse en el entrismo sobre el sindicato vertical franquista a beneficio de Comisiones Obreras (CCOO). Parece que Sánchez ha hecho suyo lo que Gloria Fuertes escribió en su poema Soy afiliada: «Todo sirve, vale, todo se aprovecha, de un cuerno te sale una buena percha».
Tras esta criminal transacción, cocinada mientras la oposición en Portugal y Grecia tumbaba a sus respectivas dictaduras y aquí se detenía a los miembros de la clandestina Unión Militar Democrática, PSOE y PCE se aliaban con los jerarcas de la francosfera que habían avalado el asesinato por garrote vil de Salvador Puig Antich en 1974, los quíntuples fusilamientos del septiembre 75 y la matanza de Vitoria de marzo del 76. Los dos últimos sucesos se produjeron solo dos meses antes y cuatro después respectivamente del 20-N que ahora se pretende deconstruir como remake libertario. Así dio comienzo el sistema que sigue vigente, aunque los camisas viejas de este antifranquismo en diferido pretendan convertirlo ahora en un parque temático estilo juicio de Núremberg para principiantes. Resucitar a Franco de ultratumba solo representa un intento desesperado por taponar el relato que va a irse imponiendo en el frente judicial durante todo 2025: las tramas de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, al PSOE y su familia. Gran lanzada a moro muerto.
Tan incomprensible era la capitulación proyectada que el ciclo de rendición condicional comenzó con un simulacro de ruptura. La izquierda antifranquista llamó a la «abstención activa» ante el referéndum de la Ley para la Reforma Política de diciembre del 76. Se ponía el intermitente a la izquierda para luego virar subrepticiamente a la derecha. La norma fue aprobada por goleada: el 94,17% de los votantes y una participación del 77,72% del cuerpo electoral. Contundente veredicto que dejaba en cueros la fuerza real de la oposición. Sobre esa pírrica derrota de las fuerzas democráticas se edificó el apodíctico consenso. Luego nos acostumbraríamos a oír a representantes de esos dos bandos, Santiago Carrillo y Martín Villa, como analistas políticos al alimón en las tertulias de la Cadena Ser del grupo Prisa. El diario El País, constituido también ad hoc en el crucial 1976 y desde entonces tribuna oficiosa de Ferraz y sus gobiernos, fue fundado por Jesús Polanco, miembro relevante del Frente Juventudes como instructor en la centuria Sancho el Fuerte; dirigido por Juan Luis Cebrián, jefe de los servicios informativos de TVE en el último gobierno de Franco presidido por Arias Navarro, y tuvo como jefe de sus servicios jurídicos desde el inicio hasta su fallecimiento al que fuera juez del Tribunal de Orden Público (TOP), Diego Córdoba. El palimpsesto de la transición.
El 15 de junio de 1977 se celebraban las primeras elecciones libres. Pero no cabalmente democráticas. No solo por preconstitucionales, factor cronológico significativo, sino porque los líderes de los principales partidos consistieron que se convocaran con reserva del derecho de admisión. Ni los grupos situados a la izquierda del PSOE y del PCE (ORT, MC, PT, LCR, OIC, entre otros), ni los republicanos (como ERC, Izquierda Republicana y Unión Republicana), ni el Partido Carlista, de carácter autogestionario, pudieron concurrir a las urnas por seguir ilegalizados. Lo contrario que formaciones de extrema derecha como Fuerza Nueva y FE de las JONS. Previamente, el 9 de abril, el partido de Santiago Carrillo había sido autorizado tras aceptar la monarquía parlamentaria como forma de Estado, volantazo del que la dirección del PCE se mostró orgullosa posando ante la prensa internacional junto a la bandera nacional. En consecuencia, la Unión de Centro Democrático (UCD) ganó los comicios, promoviendo a Adolfo Suárez, el antiguo secretario general del Movimiento Nacional, el partido único del franquismo, como primer presidente electo de la democracia.
El 15 de octubre de 1977, pasados cuatro meses justos de las elecciones, se aprobaba la Ley de Amnistía que borraba los graves delitos cometidos por la abrasiva nomenclatura franquista (políticos, jueces, policías, militares, funcionarios, etc.) con el añadido de la destrucción de los archivos que podían documentar la envergadura de la represión y la responsabilidad de sus ejecutores. Lo que en realidad era una autoamnistía para los servidores de la dictadura culpable de violar «los derechos de las personas» se maquilló como una oportunidad para acabar con el enfrenamiento entre «las dos Españas». El propio líder de Comisiones Obreras utilizó este argumento en el Congreso de los Diputados al fijar la posición del PCE, grupo parlamentario del que era portavoz. «Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los ‘unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?» (Marcelino Camacho, 14/10/1977). “Matando los unos a los otros”, capicúa.
El mismo 15 de octubre de 1977, una jornada que debió ser maratoniana para la recién estrenada clase política, los máximos representantes de los partidos, de la patronal empresarial y del sindicato Comisiones Obreras firmaron el Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y el Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política, más conocidos como Pactos de La Moncloa por haberse suscrito en la sede oficial de la presidencia del Gobierno para mayor solemnidad. Con su entrada en vigor, España se inscribía por derecho propio en el club del libre mercado y de la economía capitalista. La Unión General de Trabajadores (UGT), que en un primer momento no asistió al encuentro, terminó firmando los Pactos de la Moncloa. Solamente la histórica Confederación Nacional del Trabajo (CNT) mantuvo su firme rechazo a lo pactado por los dirigentes políticos y sindicales sin ningún tipo de consulta a la sociedad que teóricamente representaban.
La vertical del poder culminaría el proceso iniciado tras la desaparición física de Franco cuando el 6 de diciembre de 1978 los españoles aprobaron en referéndum la Constitución sin proceso constituyente. En realidad, por su ilegitimidad de origen, la 8ª Ley Fundamental del Estado surgido el 18 de julio, capítulo cumbre de la herencia recibida. Aquel atado y bien atado que Sánchez perpetúa en la abyecta discriminación de las víctimas del franquismo que consagran la Ley de Memoria Histórica (LMH) de 2007 y la mal llamada Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022. A las víctimas habidas después de 1968 se las concede una compensación económica trece veces mayor que a las de antes de 1968, precisamente las que padecieron la época más sanguinaria de la dictadura. Y a pesar de que la Confederación General del Trabajo (CGT) logró que el Defensor del Pueblo avalara una queja respecto a ese injusto y humillante agravio, el Gobierno no se ha inmutado. La persistencia de esta infamia coincidiendo con los 100 actos previstos para este año de exaltación antifranquista prueba que la propuesta sanchista tiene mucho de autobombo y teatro del absurdo.
El saga-fuga de la dictadura a la democracia, un oxímoron como pretende la fábula del relato canonizado, bascula entre dos leyendas urbanas: el misterio de la inmaculada transición y el enigma del flamante alzamiento antifranquista que ahora se pretende conmemorar con los fastos de 2025. Llegará el día en que para descubrir lo que en realidad fue aquella capitulación haya que recurrir al auxilio de la arqueología. De la misma forma que en el siglo XIX Schielmann necesitó escarbar entre los estratos de la colina turca de Hisarlik para descubrir que ocultaba la Troya que describiera Homero en La Ilíada. Hasta ese último viaje, sírvanos como viático el testimonio de Max Aub en La gallina ciega tras visitar la España de finales de la dictadura que acabaría rescatada por PSOE y PCE: «Aquí no es que no haya libertad. Es peor: no se nota su falta». Ni posverdad ni gaitas: sanchosfera y expediente X.
Rafael Cid
Fuente: Rojo y Negro
