El funesto torniquete de la corrupción que nunca cesa tiene un sumidero de transparencia clamoroso: el de ese nuevo modelo de sindicalismo vertical y de amiguetes del poder mal llamado representativo (a la sazón las cúpulas de UGT y CCOO, por orden de genuflexión).
Cuando salta a la palestra un caso de delincuencia organizada institucionalmente, lo deseable es que corran ríos de tinta; que las tertulias debatan sobre los avatares judiciales; que se exponga en la diana pública a los sospechosos recalcitrantes; y que la oposición aproveche esa ventana de oportunidad para barrer a favor de su negociado. Desde el temprano caso Filesa, hasta el asunto Gürtel y las más recientes tramas de las mascarillas aún en trámite (el tridente Koldo, Ábalos, Aldama), casi siempre la sociedad ha tenido suficiente conocimiento de esos estragos como para modular su voto en las siguientes citas electorales. La excepción, sin embargo, radica en determinado movimiento sindical clientelar adicto a la obediencia debida. En este territorio inexplorado parece operar una especie de omertá sobrevenida. Será por aquello de que entre bomberos no se pisan la manguera (cosa anómala en el terreno político), o porque la presunción de ser heraldo de la clase trabajadora le otorga óbolo de impunidad.
Lo acontecido en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla parece confirmar esa tolerancia infinita cuando el señalado es <<uno de los nuestros>>. Vaya por delante que ya suena a provocación hacer en el capital de la Andalucía de los ERE un cónclave político para manifestar la adhesión inquebrantable al líder político (only you) involucrado. El que blanqueo judicialmente el mayor fraude con dinero público habido en España desde la transición, más de 600 millones de euros destinados a trabajadores en paro y empresas en crisis. Primero, indultando a José Antonio Griñán, el ex presidente de la Junta de Andalucía que permitió el atraco, por tener diagnosticado un cáncer, lo que no le impidió comparecer redivivo en la tribuna VIP del congreso para sentir el cariño de los militantes agradecidos. Y, en segundo lugar, actuando desde la vertical del poder para que un Tribunal Constitucional afecto borrara todo indicio de delito al susodicho y a su colega en tándem, el también ex alto mandatario socialista Manuel Chaves. Por cierto, ambos antiguos ministros de Trabajo en gobiernos de Felipe González, y responsables de algunas de sus reformas laborales más combatidas (A Chaves, UGT y CCOO le montaron la Huelga General de 1988 en la que hasta TVE se fue a negro; eran otros tiempos).
Pero no fue esa la única celebración del latrocinio habida en el 41 Congreso socialista. El número fuerte lo protagonizó el actual secretario general del sindicato hermano, la UGT de Pepe Álvarez (entre la central y el partido copan todo el prontuario emancipatorio: uno por enarbolar la inscripción <<obrero>> y otro por presumir de abarcar ecuménicamente la totalidad de los <<trabajadores>>). Encaramado a la tribuna de oradores, como corresponde a las personalidades que dan brillo y esplendor en estos fastos, Álvarez dejo dicho alto y claro que el gobierno del partido convocante era el que más había hecho para la clase trabajadora. Y no le faltaba razón, si acotamos el término <<clase trabajadora>> y en su lugar ponemos <<los nuestros, primero>>. Al fin y al cabo, los cerca de 6.000 asistentes aplaudieron puestos en pie al máximo responsable de una Unión General de Trabajadores (UGT) cuyos dirigentes en aquella comunidad autónoma acababan de ser condenados por la Audiencia Provincial a tres años de cárcel y cincuenta millones de euros por <<delitos en subvenciones públicas y falsificación en documento mercantil>>. Una partida para tratar de aliviar las consecuencias del desempleo, lacra en la que esa España que va como un cohete sigue ostentando el récord de toda la Unión Europea, en concreto el doble nivel de paro que la media de los veintisiete. Los más motivados llaman a esa impostura <<cabalgar las contradicciones>>. Como escenificó Sánchez en la clausura del acto al pedir <<gobernar siete años más para que la izquierda salve a la humanidad de todas las derechas>>, a la vez que pactaba con la extrema derecha de Giorgia Meloni el cargo de vicepresidenta primera de la Comisión Europea para su patrocinada Teresa Ribera. Porque <<el mundo, Europa y España necesitan más Teresas Riberas>> (Sánchez dixit).
Como en el inicio de Ana Karenina, aquí también se cumple lo de <<todas las familias felices son felices de la misma manera; mientras las familias infelices lo son cada una a su manera>>. Por eso la nomenkltura ugetista ha preferido ser cabeza de ratón del gobierno antes que cola de león de los trabajadores. Lo primero lleva a ser desestabilizado desde el poder, como ocurrió con el reventón de la PSV de 1993, que se llevó por delante al histórico Nicolás Redondo enfrentado al felipismo por sus políticas regresivas en lo laboral. Lo segundo, a contar con la dádiva institucional, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. De hecho, cuando aún no se había apagado los ecos de las voces que vitoreaban a Pepe Álvarez, el gobierno, su media naranja, doblaba la asignación presupuestaria anual para subvencionar a las organizaciones sindicales, pasado de 17 millones de euros en 2023 a 32 en 2024 (mayoritariamente copada por UGT y CCOO). Sin importarle demasiado que la ley que regula las ayudas públicas, en su artículo 13, dice que no podrán optar a las mismas las entidades que <<hayan sido condenadas mediante sentencia firme […] por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes…>>. Nada que pueda importunar a una central obrera que tiene adquirido el don de la ubicuidad. Como ya demostrara el dirigente ugetista Valeriano Gómez. Que pasó de llevar la pancarta contra la reforma laboral de Rodríguez Zapatero en la Huelga General de 2010 a sentarse en el despacho del ministerio de Trabajo para hacerla efectiva un mes más tarde.
Impasible el ademán
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
