Artículo publicado en Rojo y Negro nº 394, noviembre 2024
La Comunidad de Madrid ha externalizado el servicio de comedor y los recreos anterior y posterior en los centros escolares y las empresas adjudicatarias (con grandes beneficios) se aprovechan de las profesionales TSIS y Téc. III con la aprobación de los equipos directivos de los centros.
En aquellos centros donde existe la figura de la Técnica Superior en Integración Social (TSIS) o la de la Técnica especialista III (Téc. III), las empresas privadas adjudicatarias de los comedores se ahorran contratar parte del personal cualificado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, tal y como como regula la normativa del servicio de comedor. Además, el decreto que regula dicho espacio explicita que un docente pueda cobrar por coordinar el comedor y, normalmente, este dinero lo cobra parte del equipo directivo sin pisar ni aparecer por los comedores escolares en las dos horas que dura el servicio e indicando a la TSIS o las Téc. III que se hagan cargo de los alumnos con necesidades educativas especiales.
A pesar de que la normativa es clara y son las empresas adjudicatarias del servicio las que deben atender a todo el alumnado, estas empresas discriminan a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, no les prestan el apoyo necesario, y recae en las TSIS y Téc. III que, durante el tiempo que dura este servicio, deberían realizar otras tareas. En el caso de las TSIS su competencia general, avalada por su título de FP, consiste en programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional.
Desde CGT denunciamos públicamente la práctica abusiva que lleva años desintegrando a las integradoras sociales de los equipos multidisciplinares de los centros educativos pues el espacio de reuniones, coordinación, preparación de material, evaluación y formación continua en los centros escolares es justamente en la hora conocida como “exclusiva” que tiene lugar durante el tiempo de comedor. Aparte de una cesión ilegal de trabajadoras, de una exclusión y aislamiento de esta figura profesional en los centros, tenemos que recalcar que carecen de cobertura ante cualquier incidente que pudiera surgir durante el tiempo de comidas… es común que los equipos directivos indiquen que «la trabajadora se encontraba en el comedor por su propia iniciativa…» dejando sin cobertura legal o sanitaria a las compañeras.
Las TSIS son contratadas por la Comunidad de Madrid para trabajar con niños con problemas de conducta o alteraciones graves del desarrollo en educación infantil, primaria, secundaria y educación especial. Estas compañeras —y hablamos en femenino ya que el 80% de los puestos está ocupado por mujeres— deberían desarrollar una labor socioeducativa dotando de herramientas para la inclusión social de los/las menores a los que acompañan, pero la realidad es que se las usa como herramienta.
A estas trabajadoras se las presume cuidadoras, responsables, cariñosas… características socialmente atribuidas a las mujeres. Acompañan al alumnado en cada rincón del centro: clases, patio, baño e incluso el comedor, aunque, como hemos visto, éste esté externalizado y debería atenderlo el personal de la empresa adjudicataria. En lugar de atribuirles un componente integrador (minuciosidad, planificación metodológica, competencia social), lo que no terminan de entender algunos equipos docentes es que la integradora, para poder acompañar al alumno en un proceso de modificación de conducta y un eficaz entrenamiento en habilidades sociales, necesita tiempo para programar, entrenamiento, puesta en práctica y evaluación además de una exhaustiva coordinación con todos los adultos con los que interfiere el alumno para trabajar todos a una. Relegar a la integradora al plano cuidador carece de sentido integrador y genera más inconvenientes que resultados, pero cederlas en el horario de comedor resulta que genera más resultados económicos para las empresas externas, empresas que facturan millones de euros al año, un dinero que en gran parte proviene de la hucha pública… Creemos que se deberían cumplir, al menos, los pliegos y prescripciones técnicas. En la Comunidad de Madrid, la gestión de los comedores es 100% indirecta y los pliegos de prescripciones están hechos para beneficiar a estas empresas con ratios tan absurdos como el de un monitor para cada 26 comensales, por ejemplo. En todo el territorio, el sector se ha oligopolizado y el 58% de los contratos está en manos de solo cuatro empresas con beneficios millonarios. Sin embargo, la Comunidad de Madrid cede ilegalmente a trabajadoras durante el tiempo que dura el servicio de comedor en detrimento del buen funcionamiento de los centros y el desarrollo profesional de figuras educativas. Empresas como SERUNION, Compass Group, Aramark y Ausolan que se reparten la friolera de 630 millones de euros (y eso es solo el 50% de lo que facturan entre todas las empresas de comedores en el Estado español).
Se produce así una doble discriminación, por un lado, del alumnado que no ve cubiertas sus necesidades por la empresa contratada y, por el otro, de las profesionales que terminan llevándose a sus casas el trabajo que no les da tiempo a realizar por cubrir un servicio que no es su cometido.
Ni que decir tiene que cuando un servicio público pasa a manos privadas lo hace a costa de la merma del servicio en favor del capital y estamos dejando que la alimentación de nuestra infancia sea un negocio en lugar de una necesidad a cubrir. En este entramado, tenemos que recordar que el curso pasado Ayuso pagó 227.000 € a Randstad para gestionar 100.000 becas de comedor. El trabajo privado de los comedores escolares también es un sector feminizado donde la mayoría de las empleadas son estudiantes que trabajan unas pocas horas o mujeres cercanas a la edad de jubilación que necesitan cotizar, ambas mal pagadas con contratos temporales e inestables y con poca proyección de futuro. Este es uno de los tantos capítulos a los que nos enfrentamos las compañeras de sectores de trabajo feminizado y que, pese a ser trabajos técnicos y cualificados, terminan siendo a ojos de la patronal solo de cuidados. El sector de los cuidados está basado en la precarización de las mujeres aumentando y profundizando su vulnerabilidad.
Desde la Federación de Trabajadoras de la Administración Pública de CGT hemos interpuesto un conflicto colectivo contra la Comunidad de Madrid para que las compañeras TSIS puedan realizar su trabajo (programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social) sin verse forzadas a trabajar para empresas privadas, lucrando al capitalismo dentro de su jornada laboral.
Laura Martínez
SAP Madrid
TSIS en lucha
Fuente: Rojo y Negro
