Artículo publicado en Rojo y Negro nº 393, octubre 2024
La CGT ha sufrido un enorme golpe a su prestigio debido a una denuncia de la Inspección de Trabajo entendiendo que la territorial de Madrid, La Mancha y Extremadura tiene a trabajadores como falsos autónomos.
La base orgánica de la casa funciona mediante la militancia y las horas sindicales, pero existen ocasiones en las que no se puede depender de ello porque son labores que requieren mucha formación, experiencia y gran dedicación y por ello se recurre a empresas privadas o acuerdos mercantiles con autónomos (limpieza, jurídica, cartelería…).
Ante todo, hay que aclarar que la CGT no tiene trabajadores, el acuerdo del Pleno Confederal de Alicante del año 2011 dice “para desarrollar las tareas que necesitan apoyo de técnicos, como abogados, graduados sociales, economistas, etc. se hará por contrato mercantil o de arrendamiento de servicios […] procurando que sean ideológicamente afines a la clase trabajadora”. Aparte del contrato mercantil y de buena fe solemos aportar otros medios a los y las profesionales como son un espacio de trabajo, un correo o teléfono y otros añadidos de gran valor humano como pagar el servicio mensual aunque no haya sido realizado por estar de baja o por vacaciones.
La inspección entiende que estos alicientes son claramente indicios de contratos en fraude de ley. Aunque seamos una organización sin ánimo de lucro, la Ley es ley. Tenemos un gran hito estructural, hay que tomar medidas y revisar los contratos mercantiles de todos los entes de la organización.
Solemos olvidar que formamos parte de un mundo y de un sistema económico. Nos enfrentamos contra él, pero en ocasiones inevitablemente seguimos sus engranajes: estamos en contra del sistema financiero, pero gestionamos cuentas bancarias o, también, estamos en contra del consumismo y difundimos material de merchandising.
La cuestión del personal humano es similar, hemos acordado que somos “una organización sindical, no una empresa que genere valores económicos” inevitablemente y, aunque creamos lo contrario, debemos pensar con una mentalidad de mercado: unas siglas, un producto, un pasado, una imagen, unos medios, etc. Las circunstancias nos obligan a revisar el acuerdo de Alicante que, innegablemente, queda en la ilegalidad jurídica, se mire cómo se mire. Otras instituciones sin ánimo lucro, como las fundaciones o las ONG, tienen asalariados, cumpliendo lo que dice la ley y otorgando contractualmente derechos y obligaciones a ambas partes.
No hay que temer a las críticas pues las organizaciones grandes, como es la nuestra, al igual que logros tienen inevitables fracasos y polémicas. Es un hito muy goloso para quienes quieran difamar a la CGT y al sindicalismo, por eso debemos cambiarlo lo antes posible y así reflejar la buena voluntad de acatar la legislación laboral vigente (la misma que exigimos a terceros).
Desde aquí debemos tener un debate interno y reflexivo: ¿bordeamos la legislación con nuestra dulce retórica? ¿Vamos a incumplir lo que exigimos a las empresas? ¿Somos menos anarcosindicalistas por tener asalariados? ¿Continuamos con un acuerdo del que conocemos su ilegalidad? Sea como sea, este acuerdo de Alicante queda nulo y debe ser revisado en un Congreso Confederal.
Alberto García Lerma
Fuente: Rojo y Negro
