Artículo publicado en Rojo y Negro nº 392, septiembre 2024
La única forma de ser libre ante el poder es tener la dignidad de no servirlo (Miguel Torga)
Primero pactaron la investidura del presidente Pedro Sánchez (PSOE) con un partido nacionalista de derecha extrema, y no hicimos nada porque que si los criticábamos dirían que hacíamos el juego al «trifachito».
Luego mandaron a la Legión para reprimir a los inmigrantes, menores incluidos, en la frontera de Ceuta y permitieron a la gendarmería marroquí actuar desde territorio español contra los que trataban de saltar la valla de Melilla, dejando decenas de muertos (al menos 37 fallecidos y 76 desaparecidos, según Amnistía Internacional), y no hicimos nada porque ellos eran los del Aquarius.
A continuación entregaron la soberanía del Sahara occidental a su tradicional enemigo Mohamed VI, conculcando las resoluciones de la ONU, y no hicimos nada porque lo perpetraba el Gobierno más progresista de la democracia.
Más tarde purgaron el código penal para rebajar el delito de malversación, y no dijimos nada porque el «Gobierno de la gente» era el que habría prometido combatir más la corrupción.
Y finalmente han negociado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) el Gobierno de la Generalitat para Salvador Illa (PSC) a cambio de un concierto fiscal a la carta, y esta vez nos han dicho que si disentíamos éramos de la «fachosfera». Quizá, porque idéntico privilegio lo ha promovido el xenófobo posfascista Matteo Salvini para las regiones más pudientes de Italia. La diferencia es que aquí la izquierda en el poder dice que dicha norma es un avance social y allí la izquierda en la oposición lo ha tildado de «secesión de los ricos». Y encima recoge firmas para un referéndum que frene el autonomismo supremacista del caudillo de la Liga.
A priori nada indica que el trágala para la investidura de Illa (con él en Sanidad España fue líder mundial en víctimas del Covid 19 en la primera ola) no sea definitivamente aprobado en el Congreso, a pesar de que la excepción catalana añade insolidaridad y desigualdad entre personas y territorios. Un país de primera y segunda división, brecha ahora agravada por imperativo legal. Ya en 2022 el índice de paro en Navarra era del 7,4% mientras en Extremadura alcanzaba al 15,4%; y, por su parte, el salario medio en el País Vasco se situaba en 2.545,8 euros bajando hasta los 1.845,2 euros en Extremadura.
La cesión por un puñado de votos de una suerte de «cupo a la catalana», prebenda de origen feudal que permite a una comunidad recaudar todos sus impuestos para luego decidir cuánto transferir al Estado por los servicios que recibe (infraestructuras, justicia, defensa, etc.), será mucho más dolosa que la ya existente en Euskadi y Navarra. Mientras estas dos autonomías representan el 8% del PIB, el impacto de Cataluña alcanza al 18% del PIB, sin que en este caso exista un mandato constitucional, sino un mercadeo de la casta dirigente para blindar su estatus VIP. El actual Gobierno de coalición de izquierdas, sedicentemente progresista, ya validó todas y cada una de las exigencias de Puigdemont para seguir apoyándole «partido a partido». Y en toda esta yincana política, pasando de «donde dije digo digo Diego», nunca se topó con el rechazo de la sociedad civil, hoy concienzudamente parasitada por el poder como espantapájaros de la «alerta antifascista».
Al margen de los casos de Euskadi y Navarra con sus fueros, y los específicos de la insularidad de Canarias y la especificidad de Ceuta y Melilla, el actual modelo fiscal de régimen común es la principal herramienta para paliar los principales desequilibrios regionales. Como la progresividad del IRPF, que las autonomías ricas ayuden a las deprimidas no solo es una premisa para hacer efectiva la igualdad de los españoles ante la ley (art. 14 C.E), es por encima de todo el mínimo común denominador civilizatorio de una sociedad cohesionada. Lo sorprendente es ver precisamente a un gobierno de izquierdas, liderado por un partido que se denomina socialista, obrero y español, boicotear uno de los pilares de las políticas de equidad. Aunque también es cierto que históricamente la izquierda fue siempre internacionalista y nunca se la esperaría emulando al Salvini de «nuestros ricos, primero».
En España solo tres autonomías tienen «déficit» fiscal, o sea, recaudan más de lo que reciben por parte del Estado: Madrid, Cataluña, Baleares, por orden de importancia. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y en base a los últimos datos de Hacienda, en 2022 la Comunidad de Madrid fue quien más aportó al conjunto del sistema, el 25% de sus ingresos fiscales, unas 3,5 veces más que Cataluña y Baleares, con el 7%. Y es gracias a esa contribución excedentaria que el resto puede disponer de recursos para atender a sus necesidades básicas (salud, educación, asuntos sociales, etc.), por no hablar de sus perniciosos efectos sobre Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia, que son las más infrafinanciadas. Con el «España nos roba», el independentismo catalanista quiere salirse de esa ecuación cooperativa y configurarse como caso aparte porque «yo lo valgo». Mutatis mutandis, es una variante mental de aquel «privatizar los beneficios y socializar las pérdidas» con que trajinaron la crisis económica del 2008, solo que ahora a nivel interregional y desde la izquierda en el poder, y entonces aduciendo razones de Estado por «los hombres de negro». Puesto en cifras, la «independencia fiscal» de Cataluña dejará un agujero de 13.000 millones de euros anuales al conjunto del sistema cuando se aplique en 2025/2026, y ello a costa del principio de solidaridad recogido hasta en cuatro ocasiones en la Constitución (2, 138, 156, 158).
Pero los muy cafeteros lo ven con otros ojos. Sánchez asegura que lo pactado entre Illa y Marta Rovira nos acerca al federalismo (también Salvini pregona su «federalismo fiscal»), cuando el término induce justamente a una soberanía centralizada. ERC se da el pote de arrancar el chupinazo fiscal previa consulta a sus bases, mientras en el PSC todo es obediencia debida, a la vieja usanza, de arriba abajo, a plomada. Como los Comunes, haciendo deshonor a su nombre al apoyar un acuerdo que quiebra la «caja común». Por mucho menos han dado la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a Belarra, Montero y Garzón. A más más, donde el primer sindicato italiano, el CGIL, entiende la acometida de Salvini como «una profunda herida para la democracia», entre nosotros CC.OO. y UGT hacen mutis por el foro. Pendientes de que sus liberados regresen de la playa para volver a activarse contra el dumping fiscal de Díaz Ayuso.
Soplar y sorber al mismo tiempo. Igual que alardear del reconocimiento de Palestina y a la vez exportar armas a Israel en pleno conflicto por un millón de euros y financiar a Netanyahu con otros 1.027 millones en contrataciones a empresas israelíes de la industria de defensa. (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2024/08/11/tica-font-vamos-llevar-ante-tribunales-gobierno-complice-genocidio/00031723387212177312417.htm). «Estar en el lado correcto de la historia», lo llama el líder socialista. Verbigracia, ya en el temprano 2018 el Sánchez del «no es no» justificó patrióticamente la venta de corbetas a la petromonarquía saudita durante la masacre del Yemen por «defender los intereses de España» (https://www.eldiario.es/politica/pedro-sanchez-responsabilidad-arabia-saudi_1_1876306.html). Ciertamente, el poder sin moral es inescindible, que dice «el puto amo».
Rafael Cid
Fuente: Rojo y Negro
