“El diálogo social no mejora las condiciones de jubilación de las personas actualmente jubiladas, como tampoco lo hace sobre las futuras y, por el contrario, asegura un marco legislativo adecuado a un mercado de trabajo competitivo y adecuado a los intereses empresariales”.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, conjuntamente con el Gobierno de España en su nota de prensa acerca del acuerdo alcanzado con los agentes sociales (CC.OO, UGT, CEOE y Cepyme), resume en cuatro puntos un “mundo mejor para las personas pensionistas de hoy y de mañana y, además, de manera tramposa elimina la dicotomía entre trabajador y pensionista, pues esto va no de derechos colectivos de todos y todas, sino del individualismo del mercado: que cada cual, según sus necesidades se adapte a si trabaja más tiempo, menos, o se hace un Plan privado, para el día de su jubilación.
Su valoración inicial acerca del acuerdo…” el acuerdo alcanzado hoy es de máxima relevancia para los pensionistas de hoy y del futuro y para los desafíos de nuestro mercado de trabajo, ya que acaba con la dicotomía entre trabajador y pensionista y se adapta a las necesidades de cada persona…”
Los puntos que se abordan y su nueva regulación:
-Se modifica la regulación de la jubilación, tanto la parcial y por lo tanto el contrato de relevo, así como la jubilación activa, es decir, seguir empleado y a la vez percibir una pensión.
– Las Mutuas Patronales, son dotadas (aún más) con más poder sobre la salud de las personas trabajadoras y por consiguiente más recursos que se sustraen al sistema de Salud Pública, otorgándoles competencias en la Incapacidad Temporal cuyo origen sea traumático (una mayoría significativa de este tipo de IT) y en sus pruebas diagnósticas.
-Los sindicatos del Régimen y empresarios se han puesto de acuerdo sobre el “Reglamento – procedimiento” para establecer Coeficientes Reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas. Si no fuera dramática la situación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, en estas actividades, deberíamos echarnos a llorar, pues desde hace casi 15 años, el RD 1698/2011 así lo exigía y tanto Gobierno, como agentes sociales, han hecho la vista gorda con la excusa de que la Seguridad Social tenía “déficit” y no había presupuesto. Esto sencillamente es ser “populistas” y encima a la baja.
-Y como no, más mercantilismo, más mercado que fomente la insolidaridad y el individualismo entre las personas trabajadoras, …” mejorando la jubilación demorada, con la posibilidad de recibir incentivo adicional por cada seis meses de demora a partir del segundo año y compatibilidad con la jubilación activa”… Vemos con estupor, como nos venden la cultura de la “meritocracia”, lo cual resulta bastante despreciable, pues millones de personas asalariadas se encuentran en trabajos precarios y causantes de daños a su salud y para nada pueden permitirse el “lujo” de continuar trabajando más allá de los 67, 68, 69, 70, 71, 72… hasta el día de su “muerte”.
Que duda cabe que la nueva regulación sobre jubilación parcial y la calidad de los contratos de relevo, mejora la situación que tanto la ley del 2013 del PP, como la ley de 2021 sobre jubilación gradual y flexible de los agentes sociales y el Gobierno, no modificó la del PP. Pero vender como avance el hecho de anticipar la jubilación en un año (ahora son dos años y pasarían a ser tres) como un hito, a la vez que los contratos de las personas relevistas serán a jornada completa e indefinidos hasta al menos dos años a posteriori de la jubilación ordinaria del jubilado parcial, no deja de ser una incongruencia y una renuncia a las condiciones que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras (jubilados parciales y relevistas) tenían como derecho hasta la ley del 2013: jubilación anticipada a los 60 años (con los mismos requisitos de años cotizados y antigüedad en la empresa), jubilación hasta el 85% y contratos estables y a jornada completa de las personas relevistas.
La jubilación “ordinaria” no solo se ha retrasado sino que se ha endurecido, debido a las condiciones del mercado de trabajo que se hicieron estructurales desde la década de los 90 del siglo pasado, que exige más años de cotización para acceder a la misma, a la vez que para poder obtener el 100 por 100 de su base reguladora. Si a la vez se fomenta, como lo hace la ley de los agentes sociales del 2021, el retraso de la jubilación flexible y se mercantiliza (dinero, dinero, dinero…), la incongruencia en cuanto a la jubilación parcial está servida. Al empresariado se le sirve unas condiciones para seguir con la explotación de manera coherente y volver más competitivas a sus empresas.
Nuevamente nos encontramos con una puesta en escena “populista” y además a la baja, donde no se recuperan derechos esenciales y fundamentales de las personas trabajadoras, que tienen que ver con sus posibilidades de acceder a la jubilación a la edad de 60 años como forma generalizada y para aquellos sectores con penosidad, peligrosidad o alto riesgo de accidentabilidad, reduciendo la edad de jubilación de manera sensible a través de coeficientes reductores adecuados a sus trabajos.
Dignificar el trabajo asalariado y reducir seriamente los años de trabajo para acceder a una jubilación con pensión digna, que se acerque al 100% del último salario regulador, es una cuestión de justicia social y es un derecho fundamental para todas las personas trabajadoras.
Otorgar al empresariado más poder y el control del trabajo y la salud de las personas trabajadoras a través de las Mutuas Patronales; flexibilizar a través de la mercantilización de la jubilación flexible y mercantilizar la permanencia en el empleo, a la vez que no poner en marcha ya la reducción de los coeficientes reductores de manera seria en todas las actividades penosas, peligrosas y de alta precariedad, no deja de ser sino cumplir con aquella máxima establecida en la CE que dice que …”los agentes sociales deben ser funcionales para la economía…” Y esto si lo hacen muy bien con los dos gobiernos más progresistas de la historia, donde la economía empresarial, especialmente de las grandes corporaciones y multinacionales de la energía, telecomunicaciones, financieras, llevan más de seis años “haciendo el agosto” a costa de los derechos públicos de todos y todas (empleo, vivienda, educación, cuidados, salud, movilidad, crédito-dinero, etc.).
CGT al igual que los distintos movimientos de pensionistas sigue trabajando y peleando por derechos esenciales y posibles para toda la clase trabajadora: salarios adecuados; jubilación generalizada a los 60 años; jubilaciones anticipadas antes de los 60 años sin reducción de sus basas reguladoras en todas aquellas actividades penosas, peligrosas y precarias; la vigilancia y defensa de la Salud de las personas trabajadoras a través de nuestro Sistema de Salud Pública y Pensiones para todos y todas que se acerque al 100 por cien del último salario regulador y terminar con la Brecha de género tanto en el trabajo asalariado como en la pensión.
Esto hoy es posible (existen recursos suficientes) si las clases asalariadas nos ponemos manos a la obra, nos movilizamos y obligamos a un reparto de la riqueza y de los trabajos (todos, incluidos el de cuidados).
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Fuente: Secrerariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
