Artículo publicado en Rojo y Negro nº 387 de marzo.
Bernardo Caal Xol, de 50 años, maestro indígena, sindicalista y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi, fue encarcelado injustamente en enero de 2018 por oponerse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón, al norte de Guatemala.
Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para activistas de derechos humanos, defensoras del medio ambiente, jueces y periodistas. En Guatemala se les ataca de forma casi permanente. En 2022 se registraron 3.574 personas y organizaciones agredidas, casi 10 por día. Desde otros países tenemos la obligación de «acuerpar» —defender a quien defiende— y difundir las luchas de estas personas que arriesgan su vida día a día.
Conversamos con Bernardo, que está de gira por el Estado español. Para él, la defensa de los derechos humanos y la naturaleza es su forma de vivir, no busca ningún tipo de protagonismo. Lo tiene claro: “soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, por dar a conocer el saqueo del territorio del pueblo Q’eqchi”. Bernardo explica como la historia de exterminio y saqueo contra su pueblo, así como la historia de resistencia indígena, se remonta a los tiempos de la colonización: “solo han cambiado los nombres de los saqueadores, pero el objetivo es el mismo: el despojo y el exterminio de los pueblos originarios para quedarse con nuestras tierras”. Y afirma orgulloso “los pueblos originarios de Guatemala no hemos dejado de luchar y, por ello, seguimos existiendo”.
En 1996, tras uno de los conflictos armados más largo y silenciado de América Latina, se firman los acuerdos de paz en Guatemala. Con la paz llegan las multinacionales. Bernardo relata que cambian las estrategias: “ya no se utilizan las armas para matar a los líderes sociales y a las comunidades indígenas, sino que se empiezan a conceder licencias y se preparan las leyes para criminalizar y encarcelar a los líderes sociales”.
En 2015 se comienza a construir un megaproyecto hidroeléctrico sobre la cuenca del río Cahabón. “Nunca habíamos visto una situación similar, nadie había llegado a nuestro territorio a hacer una destrucción de tal magnitud, ¿por qué no nos informaron?, ¿por qué no nos consultaron?”, reivindica Bernardo. Es entonces cuando más de 100 comunidades se organizan para defender su territorio y nombran como vocero a Bernardo.
“Lo mismo que ocurre en Guatemala ocurre en Colombia, en Brasil, en África, en todas partes”, nos explica, “de un día para otro, llega una empresa extranjera y explota los recursos sin tener en cuenta la destrucción de vidas o si la comunidad se queda sin agua y sin bosques”. Y en el momento en el que Bernardo comienza a alzar la voz llegan las amenazas y una campaña de difamación en su contra hasta conseguir su encarcelamiento. A pesar de la falta de pruebas, fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión.
Desde la cárcel Bernardo siguió denunciando, en cartas que escribía casi a diario, a la multinacional ACS, de Florentino Pérez, quien construyó el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala también sobre un tramo del río Cahabón, habitado por 30.000 personas. Tras una intensa campaña de solidaridad internacionalista fue puesto en libertad en 2022, al aplicarle una reducción de la condena.
Bernardo se mantiene positivo y con la cabeza alta, “para mí la lucha ha sido muy exitosa, con mi criminalización se logró llamar la atención internacional”. El apoyo y la solidaridad internacional también sirvieron para presionar a las empresas, “había muchísimas más licencias concedidas y proyectos hidroeléctricos por construir que nunca se han llegado a ejecutar”.
Por eso, concluye, “hay que seguir luchando, como han hecho siempre nuestros pueblos, porque algún día vamos a alcanzar la justicia. Tal vez yo ya no lo voy a ver, pero quedará para la historia”.
A. R. Amayuelas y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
Fuente: Rojo y Negro
