Por la Subrogación: PTIS Andalucía en huelga indefinida

Artículo publicado en Rojo y Negro nº 384 de diciembre

Somos la plantilla externalizada del Personal Técnico de Integración Social (PTIS). Desempeñamos nuestro trabajo en centros educativos públicos, colegios de Educación Infantil y Primaria e institutos de Educación Secundaria, dentro del horario lectivo; prestamos el apoyo para la integración al alumnado más vulnerable, con Necesidades Educativas Especiales (aquel que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de conducta).

El término “necesidades educativas especiales” pone el énfasis no sólo en el alumnado, sino también en la respuesta educativa que precisa ayudas y adaptaciones necesarias para conseguir su máximo desarrollo posible desde un modelo de escuela inclusiva. En nuestro trabajo nos encontramos con trastornos graves del desarrollo, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, discapacidad física, trastornos del espectro autista, trastornos graves de conducta, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y enfermedades raras y crónicas.
Este es nuestro trabajo: servir de apoyo, servirles de apoyo, para que puedan tener la oportunidad de llegar al máximo de su desarrollo personal. Servimos de ojos, de manos, de pies, de voz, les asistimos en las tareas más elementales como el baño o el aseo, les conferimos una rutina social, una tranquilidad emocional y permitimos la inclusión y la plena integración con el mundo que les rodea. Nos hemos convertido en “su bastón”, como dicen las familias.
Pero ahí no acaba nuestra labor, porque este es un trabajo de ¡vocación!, al que muchos otros profesionales no se atreven a acercarse. Y es así, un trabajo duro, doloroso emocionalmente, estresante, donde los resultados se ven muy a largo plazo y hay que hacer un esfuerzo para no llevarte ese pesar a casa. Son tantas horas las que pasamos a su lado, que se han convertido en parte nuestra y nosotras de ellos, incluso de sus familias, que son las que sufren de verdad su realidad. Y llegamos hasta el punto en que el propio profesorado nos reclama ante cualquier situación que se descontrola o por el simple hecho de que no entienden lo que están diciendo.
Este servicio fue externalizado hace alrededor de 20 años, generalmente tenemos contratos de media jornada y, en nuestros comienzos, el sueldo no llegaba a los 600 euros y somos un sector altamente feminizado, donde más del 90% de la plantilla somos mujeres, lo que agrava aún más la brecha laboral. Desde entonces, las PTIS, hemos ido rodando de empresa en empresa según se han sucedido las licitaciones, en algunos casos empresas que poco o nada tenían que ver con este servicio (incluso debido a errores burocráticos, nos hemos visto obligadas a pasar por varias de ellas en el mismo curso).
Pasado un tiempo, se nos exigió el título de Magisterio y lo presentamos, después, nos dijeron que dependería de las horas que hubiésemos trabajado… más tarde, el título de Integrador/a y, sin embargo, en ese momento, era prácticamente imposible entrar en el grado formativo debido a la edad de algunas de nosotras y a la presencialidad requerida (en mi caso, tenía demasiada formación y las plazas se reservaban a quien provenía de Secundaria, aunque luego algunas llegaban a quedar desiertas). Solo nos quedaban dos opciones: la semipresencialidad, que consistía en acudir 2 o 3 tardes en semana a clase, impartida en un pueblo de Cádiz (yo en concreto soy de Jaén); o pagar un dinero, que no teníamos, para hacerlo online a través de una empresa privada, sí, la famosa empresa de FP privada que en su día perteneció al fallecido consejero de Educación Javier Imbroda: Medac que fue vendida a un fondo de inversión americano, multiplicando su valor y continuando con la privatización de la educación en España. Al final, se propuso la idea del ACREDITA, un certificado de profesionalidad que capacita y suple la titulación para poder trabajar (un certificado oficial de la Junta de Andalucía, con diversos módulos, pruebas y entrevistas específicas con personal titulado y sobradamente capacitado e instruido).
El camino, desde nuestro inicio, ha sido difícil y duro. No se abrían bolsas de trabajo para optar a ejercer como personal laboral y la descompensación laboral, a día de hoy, es odiosa. Mientras que el personal laboral está contratado a jornada completa, nosotras solo a media jornada por el mismo trabajo y las mismas funciones y nuestro sueldo es mucho más bajo; no tenemos los mismos derechos laborales ni se nos respeta la conciliación familiar; con 20 horas añadidas de asistencia médica, corriendo de nuestro bolsillo, teniendo en cuenta que en muchos casos tenemos que desplazarnos desde un pueblo, por lo que se pierde el día completo (ya has consumido 5, de esas horas).
La figura del PTIS supone un recurso humano englobado dentro de las medidas y recursos generales y específicos para el apoyo del alumnado de diferente escolarización para: “garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios” (Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), con las modificaciones de la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley de Educación (LOE) y la Ley 07/2007, de Educación de Andalucía). Es aquí, cuando entran en juego los Equipos de Orientación Educativa que, tras realizar un diagnóstico del alumnado, establecen un dictamen de escolarización y otorgan el recurso como necesario, como esencial.
No se contentaron con esto y el propio consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, propugnó un Decreto educativo en el que, de un plumazo, cambiaba la legislación educativa. Transformó este servicio, haciéndolo pasar de esencial a complementario, equiparándolo a un aula matinal o actividades extraescolares y el personal externalizado quedaba a expensas de las órdenes de empresas, de dentro o fuera de Andalucía, que no tienen ni pueden tener la información necesaria por la ley de privacidad de datos situándonos en un limbo en el que recibimos órdenes directamente de los centros educativos, recalco, públicos… convirtiéndonos en “chic@s para todo”. A todo esto, hay que sumar el que se nos englobe en un convenio que no nos pertenece.
De esta forma, nos encontramos con pagos que no llegan, atrasos que no se pagan o lo hacen a año vencido mediante la interposición de denuncias, periodos de inactividad que no cobramos o cambios unilaterales de contrato después de ganarlos… sí, también con denuncias y juzgados. Lo poco que hayamos avanzado ha sido ante los tribunales o ante la inspección de trabajo, pero cuando llega una nueva empresa, hace borrón y todos a empezar de cero.
El último invento por parte de la Administración fue la creación de una bolsa única común (BUC) en la que supuestamente entraríamos en igualdad de oportunidades. Nada más lejos de la realidad: baremaciones absurdas, mal realizadas, y recursos contenciosos interpuestos por ello, no contestados, con una puntuación por año trabajado muy inferior a cualquiera que hubiese estado en cualquier organismo público por breve que fuera el tiempo o incluso sin tener nada que ver con el servicio. Nos mintieron y su respuesta fue que nosotras habíamos elegido la empresa privada: hoy, como ayer, la Junta de Andalucía se limita a decir que no tiene nada que ver con nosotros, que somos nosotras las que tenemos un problema con nuestra empresa.
Hace ya muchos años que luchamos contra unas condiciones de trabajo precario e indignas hasta que desembocó en la petición de subrogación, amparándonos en la Ley 9/17 con la modificación del artículo 44 y las exigencias derivadas de la Directiva 2001/23/CE. Esto quiere decir que, cuando una Administración pública se subroga por reversión en la gestión de un servicio público previamente externalizado, debe (como empresa “A”) subrogar a la plantilla que realiza dicho servicio. El Tribunal Supremo ha puesto fin a una larga controversia jurídica sobre el estatus laboral de los trabajadores de una empresa privada que presta un servicio público que en un momento dado es asumido por la Administración, que debe subrogar los contratos de estos empleados, es decir, integrarlos en su plantilla de acuerdo con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores.
La Junta de Andalucía se limita a decir que solo contrata empresas y no a sus trabajadores, cuando lo cierto es que ninguna de estas empresas aporta ninguna trabajadora a este servicio, sino que es la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) la que obliga a estas empresas a contratar a la plantilla en bloque. Es esta agencia pública la encargada de vigilar la actuación de dichas empresas y no solo no lo hace, sino que es la propia APAE la que proporciona nuestros sueldos y no la empresa “de turno”, con lo que queda demostrada su vinculación. De modo que, si no se envía el dinero desde la Junta, no cobramos. Además, reconoce en esta designación de los servicios mínimos que nunca llegaron a establecerse, que es ella, la APAE, la que nos contrata directamente.
Y el agotamiento es tal, que no hemos podido más. El 14 de noviembre, la Sección andaluza de PTIS EN LUCHA de la CGT comenzamos una huelga indefinida convocada para toda Andalucía y para todo el sector. Las familias del alumnado están con nosotras porque a ellas también les duele, más que a nadie, ver cómo a sus hijos e hijas les cambian a su PTIS de la noche a la mañana o se lo quitan reduciéndonos el contrato a 15-10 o 5 horas, o nos mandan a centros con mayor ratio de alumnado y una demanda ni soportable ni posible de cubrir, mientras que al personal laboral le otorgan centros más “tranquilos”.
Lo más sangrante de todo esto es que la huelga comenzó y las empresas no han hecho nada para establecer unos servicios mínimos porque, esto es una reflexión mía, no querrían afrontar más demandas. Pero se definieron desde la Junta, considerados abusivos, justificándolos por tratarse de un servicio “ESENCIAL” (¿pero no era complementario?).
La verdad de todo esto es que estamos en una cesión ilegal de trabajadores y hace ya años que CGT comenzó con las denuncias. Denuncias que empezaron a ganarse y algunas compañeras forman hoy parte de la plantilla laboral… hasta que la Junta empezó a recurrir. De repente, los Juzgados de 1ª instancia dejaron de pronunciarse, aunque alguno todavía nos daba la razón, y, a pesar de que en el Tribunal Superior de Andalucía ganábamos, al llegar al Supremo se había cambiado de opinión, de un mes para otro. Con sentencias de “corta y pega” (con datos de la sentencia de otra persona) o sin fundamentación. Estamos en manos de un Tribunal Supremo que está compuesto por 7 magistrados, cuando su número normal asciende al doble y que, como ahora con la Ley de Amnistía, se permiten posicionarse políticamente, incumpliendo con la separación de poderes.
Pero siempre hay un rayo de luz y por fin se ha conseguido una sentencia favorable en el Supremo, un rayo de luz que ha entrado como un vendaval de aire fresco, que nos da fuerzas para seguir luchando. Lo que exigimos es la equiparación salarial y laboral, con respecto del personal laboral: mismas funciones, mismas condiciones.
Mientras tanto, continúa la privatización de la Escuela Pública y, con ella, el sufrimiento de nuestro alumnado y el de sus familias. También el nuestro porque no pasa ni un momento en que no pensemos en nuestr@s niñ@s (sí, nuestr@s) en sus familias y que los echemos de menos. Pero con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que decir ¡basta ya! y tenemos que luchar por nosotras.
Por eso, la lucha continúa. Hemos realizado un encierro en la Delegación de Educación de Sevilla porque nadie nos quiso recibir hasta que fuimos desalojados. Nos hemos encadenado frente al Parlamento de Andalucía con el apoyo de las familias mientras otras compañeras conseguían hablar con Juan Manuel Moreno Bonilla para que se volviera a reír de nosotras cuando su consejera, Patricia del Pozo, contestara con mentiras en el Pleno… intentamos hablar con ella en su visita a Jaén, pero terminó el evento antes de tiempo y se fue por la puerta de atrás. Muchos partidos políticos han presentado mociones a nuestro favor en los plenos de sus Ayuntamientos…
La lucha continúa.
El 27 habrá una macroconcentración en Sevilla y, desde ese día al 30, se llevará a cabo un “Campamento de la Dignidad” frente a la Delegación de Educación, desde donde, el día 30, partirá una manifestación hasta el Parlamento para unirnos allí con la concentración de familias de Andalucía.
Porque no se negocia lo que es de uno, sino que ¡se exige!, No negociamos, LUCHAMOS.
La única solución es la Subrogación.
¡SALUD!