Artículo publicado en Rojo y Negro nº 384 de diciembre
El Estado español ha tenido una curiosa evolución respecto a las organizaciones sindicales. Haciendo un breve resumen de la historia reciente, vemos que las Comisiones Obreras surgieron como grupos de oposición al franquismo que poco a poco se fueron infiltrando en las estructuras y representatividad de la Organización Sindical Española, el sindicato vertical de la dictadura. Cualquier enemigo del franquismo era bienvenido en las filas de aquellas primeras Comisiones, desde comunistas y socialistas hasta cristianos de base y anarcosindicalistas, aunque había grupos en el exilio, como la UGT, que consideraba traidor a cualquiera que interviniese desde dentro.
Llegada la “Transición”, de creó el marco jurídico, la Ley 19/1977 sobre la libertad sindical. En los primeros momentos, aparecieron más de 3.000 sindicatos, todo partido político necesitaba una rama juvenil, un brazo militante y un sindicato, la política siguió de la mano del sindicalismo. En esos primeros años surgieron partidos y sindicatos que, al no conseguir representatividad, acabaron fusionándose o disolviéndose. Solo sobrevivieron aquellas centrales con espíritu de masas estatal, asentadas en algún ramo o que controlasen sectores muy estratégicos.
Las pocas que sobrevivieron –a nivel nacional– fueron las CCOO vinculadas a los partidos comunistas, la UGT títere del PSOE, la CNT y los socialcristianos de la USO. Todos ellos se consideraban sindicatos de clase con una postura ideológica bien definida; en cambio existían otros que se mantuvieron en la línea “libre”, “profesional”, “apolítica” y todos esos adjetivos típicos de los sindicatos amarillistas que recuerdan a los actuales CSIF o FETICO. Sindicatos abiertamente derechistas no existieron salvo peculiaridades excepcionales como Fuerza Nueva del Trabajo (FNT), afín de Blas Piñar, aunque hubo intentos como el de la UCD que quiso apropiarse de la USO.
Los partidos derechistas no pudieron forjar un contrapeso en el campo sindical. Lo cual no puede verse como una victoria, sino como una derrota, porque esas personas afines impregnaron y corrompieron las bases ideológicas del resto de organizaciones, sobre todo de las más amplias.
El modelo social instaurado con el sindical quedó completamente cristalizado. Sí que ha habido recientes intentos de crear alguna central nueva, como ya intentó Podemos con “Nosotros” y ha hecho Vox con “Solidaridad”, un nombre que mancha al anarcosindicalismo porque Solidaridad remite a un periódico editado por la CNT-AIT y la Confederación Solidaridad Obrera es un sindicato anarcosindicalista escindido de la CGT en 1990 y con el que mantenemos la unidad de lucha.
La convocatoria de huelga general para el 24 de noviembre del sindicato Solidaridad (Vox) ha sido una sorpresa. Evidentemente, una organización en decrecimiento y sin representación ni peso sindical no tiene mayor influencia y su huelga se concretará en una manifestación, unas fotos y poco más, todo ello en la línea propagandística del partido Vox que sabe que estos actos calan en la opinión pública y atraen a los medios.
CGT, o mejor dicho el movimiento obrero, debe jugar sus cartas correctamente. El derecho a la huelga está recogido en la Ley 17/1977. El art. 11º recoge los supuestos que declaran ilegal una huelga, entre ellos las “huelgas de solidaridad o apoyo” y “cuando se inicie y se sostenga por motivos políticos o a cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”.
Según la convocatoria de huelga, “Solidaridad llama a todos los españoles a manifestarse y participar de esta huelga general en un contexto en que sus condiciones de vida se han deteriorado hasta niveles insospechados hace solo unos años […] España lidera las estadísticas europeas de paro estructural y desempleo juvenil […] y sufre una invasión migratoria que ha empujado hacia abajo los salarios”. Parece ser que ahora se dan cuenta de las desigualdades sociales y las aprovechan –como siempre– para criminalizar a la población migrante como si fueran los culpables de los bajos sueldos. Pero continúa: “se añaden las consecuencias nocivas del pacto de investidura […], estos acuerdos lesionan las conquistas sociales”.
Resulta paradójico que se manifiesten con exigencias sobre estas propuestas sobre las que anteriormente ya votaron en contra en los parlamentos español y europeo. Sin embargo, lo interesante es comprobar cómo han solicitado una huelga alegando causas laborales para encubrir una huelga con fines claramente po-lí-ti-cos. Se crea así un poderoso precedente jurídico que puede ser utilizado el día de mañana, alegando las mismas premisas, para ampliar el marco de lucha al aumentar los supuestos y alegaciones.
Alberto García Lerma
Fuente: Rojo y Negro
