Si hace unos días manifestábamos nuestro rechazo al tibio acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar por su escaso contenido sobre la rebaja de la jornada laboral (con condiciones), hoy no podemos quedarnos callados ante el acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y Junts, el cual supone, entre otras cosas, la amnistía para todas aquellas personas procesadas entorno al Procés, desde 2012 hasta la fecha.
En CGT somos conscientes de que, durante los últimos años, la clase trabajadora catalana ha sufrido numerosos episodios de represión en huelgas, montajes contra movimientos sociales y anarquistas (Pandora, Ice, Piñata) y agresiones al movimiento de lucha por la vivienda, casi siempre dirigidas por el Cuerpo de Mossos d’Esquadra. También somos conscientes de las salvajes cargas policiales que se produjeron el 1 de octubre de 2017, y el período posterior, en las que hubo cientos de personas heridas, detenidas y procesadas por el mero hecho de manifestarse y ejercer el derecho de protesta. Desde CGT no vamos a cuestionar el derecho que tienen estas personas a que se las aplique una amnistía y se les anulen condenas y multas que jamás debieron producirse. Pero ¿qué sucede con muchas otras personas represaliadas por protestas sociales y sindicales en Catalunya y en el resto del Estado español? Sigue habiendo muchos procedimientos judiciales abiertos contra personas por el simple hecho de oponerse a desahucios, ejercer el derecho de huelga, manifestarse, solidarizarse con las personas migrantes, etc.
En CGT tampoco vamos a quedarnos callados ante una Ley de amnistía hecha a la carta y solo para cumplir con intereses electorales. Durante los últimos años, han sido centenares las personas que han sido detenidas, procesadas y/o multadas por participar en movilizaciones de todo tipo bajo el amparo de la Ley mordaza y las sucesivas reformas del código penal (por ejemplo, Som 27 i mes, La Suiza, Los seis de Zaragoza, Los ocho de Caixabank, Fraguas, detenidas en el 8M en Valencia y Castelló, etc.) y procesadas por ejercer el derecho a la libertad de expresión (Pablo Hasel, Valtonic, Cesar Strawberry…). En este contexto, una ley de amnistía que anule las condenas y penas asociadas a un solo conflicto se convierte en una Ley de amnistía selectiva que NO busca reparar las injusticias cometidas contra las personas represaliadas por luchar y manifestarse en defensa de los derechos laborales y sociales.
Desde CGT tampoco podemos aceptar que esta Ley de amnistía sirva para que centenares de miembros de los cuerpos de represión del Estado (policías, mossos de esquadra, etc.) salgan impunes de las barbaridades que cometieron y siguen cometiendo contra las personas que se movilizaban en la calle.
El PSOE vuelve a perder una oportunidad de oro para derogar la Ley Mordaza, promesa que dejó por escrito en el pacto de gobierno con Unidas Podemos en la anterior legislatura y que jamás llevaron a cabo. Pierde esta oportunidad y, del mismo modo, pierde la oportunidad de, utilizando la negociación de la ley de amnistía, incluir en ella a todas esas personas represaliadas injustamente por la Ley mordaza en los últimos años. De nuevo el PSOE y Sumar dejan claro que, al igual que hicieron con la reforma laboral, se encuentran muy a gusto gestionando las leyes aprobadas por el PP para reprimir y recortar derechos a la clase trabajadora.
Desde CGT exigimos al Gobierno que no convierta la ley de amnistía en una ley selectiva y parcial y que haga valer su autoproclamado “progresismo” para, por un lado, derogar por completo la ley Mordaza, revertir las reformas del código penal promovidas por los gobiernos del PP y la Ley de Extranjeria y, por otro lado, para aplicar una amnistía total a todas las personas encausas por luchar, movilizarse o ejercer su derecho de libertad de expresión durante los últimos años.
¡No más mordazas!
Fuente: Secrerariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
