CGT gana una demanda al Banco Santander por vulneración del derecho a la intimidad de la plantilla

Potenciar la marca es relevante para la multinacional española; así, en la página Web, puede observarse un anuncio con el vídeo titulado Ciberseguridad: un día online y corriente de (el tenista español de élite) Rafael Nadal; además, el 18 de julio, el Grupo Santander comunicaba el «fichaje» de la figura española del golf, Jon Rahm, como «embajador global»; también, junto a Oxentia Foundation, el banco ha convocado un premio –en relación con la ciberseguridad– dirigido a startups.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional emitió una sentencia, el pasado 26 de abril, que estimaba (parcialmente) una demanda del sindicato CGT (a la que se adhirieron Comisiones Obreras y UGT) frente al Banco Santander, en un procedimiento relacionado con la tutela de los Derechos Fundamentales.

En concreto, el fallo judicial declara «nula» la directriz del Código General de Conducta (CGC) del Banco Santander, implantado desde 2011, «por la que los empleados deben comunicar a su responsable –Recursos Humanos y Cumplimiento & Conducta- si ejerce otra actividad por cuenta propia o ajena para entidades no competidoras por lesionar el derecho a la intimidad de los empleados». Las personas trabajadoras de la plantilla, los miembros de la alta dirección y los órganos de administración del Grupo Santander están sujetas al citado Código General.

En la sentencia, los magistrados hacen referencia al Artículo 18.1 de la Constitución española, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.En una nota informativa del 5 de junio (La Audiencia Nacional anula un apartado del Código de Conducta del Santander por vulnerar el derecho a la intimidad de los empleados), la CGT recuerda que la fiscalía apreciaba también la lesión de este derecho; y que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Código podría suponer medidas disciplinarias, además de -si las hubiera- administrativas o penales.

El sindicato informa, en su página Web, de otra sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (diciembre de 2020), ganada por la CGT al Banco Santander por cesión ilegal de trabajadores (de la empresa Santander Operaciones SL, a Banco Santander SA); resultaban afectados 187 trabajadores; el 23 de mayo de 2023 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación planteado por la entidad financiera.

Por otra parte, el pasado 25 de mayo, el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el Banco Santander contra una sentencia de la Audiencia Nacional (junio 2021), relacionada con el «mal funcionamiento del departamento o servicio de atención al cliente del Banco Popular Español» entre 2012 y 2014; por este motivo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había impuesto una multa de 500.000 euros al Banco Popular (en 2017 el Banco Santander compró el Popular por la cantidad de un euro).

El Informe Anual-2022 del Banco Santander da cuenta de la retribución de sus consejeros; la asignación anual de cada miembro del Consejo de Administración en 2022 (por los cargos en el Consejo y la pertenencia a las Comisiones) fue de 95.000 euros; cada uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva percibió 170.000 euros; y la asignación anual del Consejero Coordinador sumó 110.000 euros en 2022. Otra de las retribuciones establecidas fueron las dietas: 2.600 euros por reunión para cada miembro del Consejo de Administración.

En 2022 la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, cobró un total de 11,6 millones de euros de la sociedad, en conceptos como salario anual bruto; aportación fija anual a pensiones o retribuciones variables (en metálico y acciones); además ese año Ana Botín poseía una fortuna de 175 millones de euros, según la lista Forbes.En la información aportada a la CNMV (diciembre 2022) sobre la estructura de la propiedad, el Banco Santander destacaba al fondo de inversión estadounidense BlackRock, con el 5,04% de los derechos de voto atribuidos a las acciones; seguido del fondo Dodge&Cox (3,04%) y el Banco Central de Noruega (Norges Bank), con el 3,01%; Ana Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea contaba con el 0,19% de los derechos de voto.

Asimismo, Oxfam-Intermón mencionaba a la empresa domiciliada en la capital cántabra, en el informe Asignatura pendiente. Los escasos avances en responsabilidad fiscal de las grandes empresas (mayo 2023); tras la crisis de 2008, las sociedades del IBEX 35 multiplicaron su presencia en las denominadas guaridas fiscales; el Santander pasó –entre 2011 y 2013- de 72 a 182 filiales en estos refugios.

La tendencia se mantuvo, de manera que -a finales de 2021-, la sociedad con más filiales -187- en guaridas fiscales era el Banco Santander, seguido de ACS (82) y Ferrovial (65); de las 187 filiales del Santander, 113 estaban radicadas en Delaware (Estados Unidos), 38 en Irlanda y otras 15 en Luxemburgo.Además el periódico El Confidencial informó –en febrero de 2015- de que la familia Botín contaba con una fortuna «oculta» de más de 2.000 millones de euros en el banco suizo HSBC; los Botín hicieron uso, también, de una trama de «sociedades opacas» en Panamá y las Islas Vírgenes, con un número significativo de testaferros, según la información –firmada por el periodista Eduardo Segovia- proveniente de la llamada Lista Falciani.

Cuestión diferente es el frente antimilitarista; el pasado 31 de marzo, activistas de la Campaña Banca Armada participaron en la Junta de Accionistas del Banco Santander, que lidera el ranking de las empresas españolas relacionadas con la industria del armamento y la militarización de fronteras.

Entre 2020 y 2022, el Santander «ha financiado con 4.348 millones de euros en acciones, emisión de bonos, pagarés, créditos y préstamos a seis empresas relacionadas con la fabricación de armamento nuclear: Airbus, Boeing, Honeywell International, Leonardo, Safran y Thales», denunció la técnica de la Campaña en SETEM-Catalunya, Gemma Amorós (datos del Centre Delàs).