Rafael Cid
Demos por bueno, por una vez y sin que sirva de precedente, que muchas de las actitudes de grupos de extrema derecha, en especial la intolerable verborrea que reniega de la violencia de género, entran en esa categoría patológica que denominamos fascismo. Aunque, stricto sensu, el término excede de esas posiciones reaccionarias y meapilas. Incluso, advirtamos que exacerbar el mimetismo ideológico entre los fascistas de ayer (pardo y rojo: totalitarismo de partido único, pensamiento único y estatalización de la sociedad) y los facinerosos ultras, por uso, abuso, manoseo y baboseo, lo único que hace es malbaratar un concepto sobre el que no se debería frivolizar.
Se puede llamar halitosis al mal aliento y alopecia a la calvicie, pero catalogar como fascismo puro y duro a melonadas de grueso calibre como hablar de violencia intrafamilar en lugar de violencia machista; objetar contra la emergencia climática y oponerse a la obligatoriedad de vacunación por imperativo de salud pública, es harina de otro costal. Por más que la bravuconería cavernaria de algunos lo pretenda, esa involución atávica es imposible. Podrá haber recortes presupuestarios y zancadillas en la implantación de las políticas de género, con el coste reputacional correspondiente, pero nunca ruptura epistemológica, ni de lejos. La ley contra la violencia de género de 2004 fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, y las sucesivas ratificaciones del <<Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica>> y el <<Pacto de Estado contra la violencia género>> gozaron de un extraordinario consenso político y social, a diestra y siniestra. Pero el discurso del odio y la supina estupidez no son solo patrimonio de los terraplanistas.
El 11 de marzo de 2004 España estaba a solo tres jornadas de unas elecciones generales que todas las encuestas daban vencedor al Partido Popular (PP), entonces en el poder. Pero surgió el inesperado cisne negro que iba a mutarlo todo de la noche a la mañana. Un brutal atentado yihadista, perpetrado en Madrid por confidentes de la policía y la guardia civil, dejaba 193 muertos y varios centenares de heridos graves, desatando una sicosis de inseguridad que provocó un vuelco sobre las iniciales expectativas políticas. La causa radicó en lo que para buena parte de la opinión pública y la oposición de izquierdas era una burda mentira de las autoridades para endosar a ETA el acto terrorista. Porque eso es lo que había asegurado en su precipitada comparecencia el entonces titular de Interior. <<Ha sido ETA>>, dijo el ministro Ángel Acebes, repitiendo lo que el diario El País y la Cadena Ser estaban repicando en sus primeras ediciones. Y como además de ser honesto hay que parecerlo, en justa revancha por la dimensión de la barbarie, el 14-M una ciudadanía activada retiró la confianza al gobierno hegemónico de José María Aznar y otorgó una holgada mayoría al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Un oportuno e incisivo <<pásalo>> reproducido algorítmicamente por SMS, facilitó que en las principales ciudades del país miles de indignados acosáramos las sedes del PP, el notorio presunto implicado. Un caótico escenario digno de la tragedia griega.
Diecinueve años más tarde, a la altura del 24 de junio de 2023, el señalamiento cambia de bando. Ahora es el PSOE, escoltado por su socio Unidas Podemos, quien soporta la carga de la prueba en un caso de presunta criminalidad estatal. Hoy como en el 2004 la espada de Damocles pende sobre el Ejecutivo cuando están a punto de celebrarse otros trascendentales comicios y las autoridades también aparecen del lado de los victimarios. Todo porque en el aniversario del asalto a la valla de Melilla por medio millar de migrantes, con un balance oficial de 23 fallecidos debido a la represión de la policía marroquí actuando en territorio nacional, las investigaciones de diferentes organizaciones de derechos humanos han concluido que el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, mintió sobre las circunstancias que rodearon la masacre. En su denuncia, Amnistía Internacional (AI) sostiene que la cifra real supera las cien víctimas (37 muertos y 77 desaparecidos), censurando las trabas puestas por los gobiernos de España y Marruecos para aclarar los hechos y depurar responsabilidades. Pasividad que se materializó jurídicamente con el archivo de la causa por la fiscalía al concluir que las fuerzas conjuntas habían actuado correctamente. En línea con lo expresado despiadadamente por el presidente Pedro Sánchez: <<La Gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo en tratar de evitar este asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad>>. La gran diferencia ética, estética y política entre aquel insurgente 11-M de 2004 y este inmovilista 24-J de 2022 estriba en que a la contundente respuesta de la sociedad civil de entonces ha sucedido un sepulcral silencio social. Impunidad que ha llevado al PSOE a distinguir a Marlaska con el número uno en las listas del partido por Cádiz cara a las elecciones de 23-J, circunscripción que guarda amarga memoria del ministro de Interior del gobierno progresista desde que mandara las tanquetas para sofocar las protestas de los trabajadores de la naval. Todo ello en el rango postfascista, mutatis mutandis, de aquella <<obediencia debida>> con que los jerarcas del III Reich trataban de justificar sus fechorías.
Las graves acusaciones realizadas por AI y las cinco ONG que acaban de presentar querellas sobre los luctuosos hechos del año pasado se conocen 48 horas después de producirse otro drama migratorio de parecidas características. Dos personas, entre ellos un menor, han resultado ahogadas y 35 han desaparecido al naufragar una zodiac a 150 kilómetros de Gran Canaria sin ser auxiliados por los servicios de salvamento de los países en cuya ámbito de soberanía se produjo el suceso. Uno y otro, poli bueno-poli malo, se excusan en un hipotético <<solapamiento territorial>> para eludir su delicuencial dejación a la hora de socorrer a los migrantes, invisibles ahora para buena parte de la sociedad civil. En el caso del paso de Melilla, Marlaska permitió la entrada de las fuerzas de Mohamed VI por el <<solapamiento de fronteras>> y en la reciente tragedia de Canarias se endosó la competencia del rescate a su gendarmería por el <<solapamiento marítimo>>.
Ambos episodios, que recuerdan los juegos del hambre, se han producido después de que el presidente del gobierno rompiera la tradicional neutralidad española sobre el litigio del Sahara occidental al reconocer inopinadamente la soberanía del reino alauita sobre la antigua colonia (18/03/22) y de descubrirse que un Estado extranjero había espiado su teléfono móvil (2/05/2022), con la dina puesta en Marruecos según los indicios de la Comisión Europea. Con estas credenciales, desde el próximo uno de julio Sánchez ostentará la presidencia rotatoria de la Unión Europea a lo largo del segundo semestre.
Fuente: Rafael Cid
