Los datos trimestrales de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2022 muestran una disminución del número de ocupados en 81.900 personas. La ocupación disminuyó -0,4% en relación con el trimestre anterior, aunque en relación con los datos de hace un año, el empleo ha crecido un 1,38%. Por sexo, observamos que el número de hombres ocupados desciende en 137.400 personas, mientras que aumenta en 55.000 personas ocupadas en el caso de las mujeres.
En cuanto a la creación de empleo sectorial, observamos que, en relación con el trimestre anterior, todos los sectores disminuyen la ocupación menos el sector agrícola, mientras que, si analizamos la evolución a lo largo de un año, la ocupación aumenta en todos los sectores, especialmente los servicios, con 314.000 personas más que en 2021. Una evolución que responde al fuerte impulso del comercio que caracteriza la actividad económica en los últimos meses del año y la superación de la pandemia en la actualidad.
A pesar de ser una época del año favorable a la creación de empleo, especialmente en el sector servicios, la tasa trimestral de paro ha aumentado un 1,47%, y la sitúa en un 12,9%. Una tasa que sigue siendo alarmante por su carácter estructural. Más de 3 millones de personas siguen en situación de desempleo, casi el doble que el promedio europeo (un 6,5% según datos de Eurostat), lo que sitúa a España con una de las tasas más altas de la UE. En el caso de los hombres el paro es del 11,32%, mientras que la tasa femenina alcanza el 14,6%, una brecha que se ha ido consolidando a medida que se ha ido recuperando la creación de empleo en los últimos trimestres y que sigue perpetuando las diferencias de género en el mercado laboral.
Es aún más preocupante las grandes diferencias territoriales que se siguen repitiendo con el tiempo. Territorios como Ceuta (31%), Melilla (21,2%), Andalucía (19%) o Extremadura (17,62%) reflejan el desempleo más alto con tasa enquistadas a lo largo del tiempo. Mientras que otros territorios como La Rioja (8.6%), País Vasco (8.66%), Castilla León (8.83%) o Aragón (9.41%) muestran las tasas de desempleo más bajas del Estado. Divergencias que no hacen más que seguir agrandándose y que vislumbran la ausencia de voluntad política y el abandono de estos territorios en materia de empleo.
Otro problema que sigue golpeando con dureza es el desempleo juvenil. Los datos de esta última EPA nos dicen que, a pesar de haber disminuido el número de personas desempleadas menores de 25 años, el 34,6% siguen en situación de desempleo, un 20% más que el promedio europeo (un15% según datos de Eurostat). A pesar de haberse reducido la tasa de paro juvenil en la última década, la realidad laboral de las jóvenes vuelve a situar a España en los primeros puestos del ranking comunitario. Asimismo, otros datos alarmantes son las divergencias por nacionalidades, mientras que la tasa de desempleo de las personas con nacionalidad española es de 11,9%, el paro de población extranjera asciende al 18,65%.
La fragilidad en la que se sustenta la estructura del modelo de relaciones laborales de este país tampoco favorece la situación de las personas que se encuentran en desempleo de larga duración. De toda la población en situación de desempleo, un 14% (alrededor de 430 mil personas) llevan más de un año sin empleo, lo que supone un incremento del 6% con respecto al trimestre anterior, mientras que en el caso de las personas en una situación de paro que se prolonga más allá de 2 años, el número asciende al 28%, lo que aglutina a casi 854 mil personas. Una difícil y compleja situación, agravada especialmente en el actual escenario de incremento en el coste del nivel de vida.
Respecto a la temporalidad, el número de personas asalariadas con contrato temporal se reduce en 397.800 personas (un 2,25% menos), situándose la tasa de temporalidad en el 17,93%, que aún se sitúa por encima del promedio europeo (14,4%). A lo largo de los últimos 12 meses, el número de personas asalariadas temporales se ha reducido en 1.193.800 personas. Asimismo, observamos que se incrementa la parcialidad en 159.600 personas, de modo que el porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo parcial sube ligeramente hasta situarse en una tasa del 13,59%. El 18,8% de esos contratos a tiempo parcial se encuentran relacionados con el trabajo de cuidados (atención a niños, enfermos, incapacitados o mayores, entre otras responsabilidades). La mayor parte de esta parcialidad involuntaria motivada por el trabajo de cuidados, en concreto, el 90%, se concentra en las mujeres, lo que supone una fuente de segregación ocupacional y una fórmula para seguir perpetuando la división sexual del trabajo.
Por otro lado, si prestamos atención a las horas extraordinarias, el volumen de horas extra realizadas a la semana se incrementa en un 9,3% con respecto al trimestre anterior, y en un 8,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. De estas horas extraordinarias, el 43% no son pagadas, lo que confirma cómo éstas siguen siendo una herramienta básica de explotación laboral, que a la luz de los datos de este último trimestre se refuerza. Entendemos que la existencia de horas extras no solo es uno de los principales obstáculos para lograr mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras y alcanzar una mejora en la conciliación de la vida laboral y personal, sino que también supone un impedimento para la creación de empleo.
Desde CGT nos preocupa cómo la coyuntura actual coexiste con problemáticas estructurales que vienen reproduciéndose con el tiempo. A pesar de la creación neta de empleo durante los últimos trimestres y las reformas aprobadas, la realidad actual nos inquieta. Los datos sobre poder adquisitivo, pobreza y desigualdad, alertan sobre la magnitud del problema.
Durante el año 2022 hemos asistido a un incremento medio de la inflación del 8,4%, que se ha distribuido de manera muy inequitativa entre salarios y beneficios. De hecho, con la información recogida a cierre de 2022 en la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el incremento salarial medio pactado durante el último año se cifra en un 2,78%. En cambio, los márgenes de beneficio del sector privado se han disparado, incentivando con ello un aumento de la inflación cuyo impacto negativo se ha repercutido sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. De hecho, con información que recoge la Estadística de Ventas, Empleo y Salarios en Grandes Empresas y Pymes (VESGEP) de la Agencia Tributaria, los márgenes de beneficios empresariales se han incrementado durante los últimos dos años en alrededor de un 60%.
Esta distribución inequitativa de la renta ha ensanchado por tanto las brechas de desigualdad en el Estado español. De acuerdo con un reciente informe de OXFAM, nos situamos entre los países más desigualitarios de Europa, y la intervención del Estado, en términos de redistribución de la renta, tan solo corrige parcialmente esta desigualdad de ingresos de partida (la reduce en un 17,1%); y lo hace además en menor medida que en las economías de nuestro entorno, y que en el conjunto de la eurozona (un 22,8%). Otros organismos como la OCDE, en un informe publicado en diciembre de 2022 en el que evalúa las ayudas a la renta de los hogares, también refleja esta deficiente capacidad redistributiva de nuestro Estado, señalando que alrededor de un 30% de las transferencias monetarias se dirigen al 20% de población con mayores ingresos disponibles, mientras que menos de un 15% de las transferencias se destina al 20% de hogares más pobre. En este sentido, los últimos datos publicados en la EPA reflejan que los hogares que no perciben ningún tipo de ingreso se incrementan en alrededor de 30.000 con respecto al trimestre anterior, lo que supone un aumento del 5% en el número de hogares que no reciben ingresos con respecto al total de hogares. Un dato alarmante que evidencia el fracaso de la estructura de transferencias y ayudas públicas planteada.
Por tanto, durante el año 2022 no solo se ha producido una pérdida enorme en el poder adquisitivo de la clase trabajadora como resultado de una distribución de la renta desigualitaria que ha favorecido el ensanchamiento de los márgenes de beneficios empresariales, sino que este deterioro de las condiciones de vida se concentra además en los estratos de población más vulnerable. En el propio informe de OXFAM anteriormente referenciado se evidencia cómo el incremento del coste de la vida incide especialmente en los hogares más vulnerables, es decir, aquellos de menores ingresos disponibles. Los productos esenciales, que son los que en mayor medida han sufrido un incremento en el nivel de precios, tienen un peso relativo mucho mayor en la cesta de consumo de estos hogares de bajos ingresos, lo que profundiza su pobreza relativa.
El Salario Mínimo Interprofesional, uno de los instrumentos cuya revalorización durante los últimos años ha ido conducida a paliar la situación de deterioro económico de estos hogares de menores ingresos, ha visto mermado enormemente su impacto en la coyuntura inflacionaria actual. De hecho, dado que el incremento del SMI se sitúa por debajo del aumento del nivel de precios, en términos de poder adquisitivo el poder de compra del SMI se sitúa en un nivel equivalente al del año 2019.
Resulta preciso señalar que este deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la población en el Estado español no responde por tanto a factores externos o a limitantes de carácter técnico, sino a cómo se está resolviendo el conflicto distributivo entre la población trabajadora y la patronal. Por tanto, desde CGT consideramos que la reversión de esta situación pasa por una organización sindical autónoma de la clase trabajadora y por la confrontación real en el ámbito de los centros de trabajo. En este sentido, desde CGT seguimos apostando por la organización y la movilización en las calles y en los centros de trabajo. Según las últimas estadísticas anuales de huelgas y cierres patronales publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (2021), CGT es el sindicato de ámbito estatal que mayor número de jornadas de huelga ha realizado y que mayor número de personas trabajadoras ha movilizado. Nuestro objetivo es seguir siendo una herramienta útil y efectiva para mejorar las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora.
Secretariado Permanente del Comité Confederal Gabinete Confederal de Estudios y Formación
Fuente: Secrerariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
