El calentamiento global y la crisis energética general marcan el inicio de curso.
La climatización de los centros educativos depende de cada comunidad autónoma, pero el calor derivado del calentamiento global requiere de una respuesta profunda y estructural. Llevamos solicitando desde hace años medidas urgentes para la climatización de los centros educativos andaluces. Los centros deberían tener toldos, persianas, ventanas de doble acristalamiento con puente térmico, patios con zonas verdes y fuentes…
Todos los años, a partir de junio y a la vuelta a las aulas en septiembre, vivimos la misma situación y, en el Sur, la ola de calor está siendo especialmente cruenta. En las aulas de los centros educativos se han llegado a alcanzar hasta 37 grados durante el mes de junio: un calor asfixiante para el alumnado, pero también para el profesorado. Y fuera, en los patios y pistas al aire libre, la situación es aún peor.
Un alto porcentaje de los centros educativos andaluces (más de 4000 repartidos en más de 6000 edificios) son construcciones de los años 70-80, con todo lo que eso implica. De ellos, 430 colegios están en franja roja, es decir, son centros catalogados de severidad climática. El alumnado batalla el calor a abanicazos. Sevilla, Córdoba y Jaén, la zona del Valle del Guadalquivir, son las provincias más afectadas y donde las familias optan, con el visto bueno o no de los directivas de los centros, por sacar a los menores de estas instalaciones como medida de prevención.
Esta es una realidad que se repite al final y al principio de cada curso en Andalucía desde hace muchos años, producto de un problema estructural en infraestructuras y climatización en los centros educativos. Lipotimias, bajadas de tensión, hemorragias nasales y otro sinfín de padecimientos para estudiantes y docentes. Ese es el panorama recurrente.
La Junta de Andalucía puso en marcha en 2017, ante las numerosas protestas de la comunidad educativa, un protocolo de actuación ante las inclemencias meteorológicas: por encima de los 27 grados, los colegios pueden optar por flexibilizar, que no cancelar, las jornadas lectivas.
La administración educativa deja toda la responsabilidad para implantar esta medida a los centros educativos, siendo el profesorado quien deba informar a las familias.
No hay un plan de acción común, no ya en el conjunto de la comunidad sino en una misma provincia. Cada centro, un criterio diferente. Así, nos encontramos colegios donde el alumnado puede irse a casa a partir de las 12:00 horas y otros, ubicados incluso en la misma ciudad o en el mismo municipio, donde las clases se imparten hasta final de la jornada.
A la situación de los estudiantes, la preocupación de las familias, la desorientación que sufren los docentes y la difícil decisión que tienen que tomar los equipos directivos, se une la actitud de las Delegaciones de Educación y de los Servicios de Inspección. En algunos casos la respuesta que reciben las directivas cuando consultan con Educación es que «fomenten el consumo de agua» y que opten por refrescarse «con abanicos».
Pese a que hay una ley aprobada en el Parlamento desde 2020 para enfrentar las condiciones climatológicas adversas (Ley de Bioclimatización), su implantación durante estos años ha sido insuficiente y, por tanto, a día de hoy, el alumnado, de manera general, sigue sin tener las condiciones térmicas adecuadas para permanecer en su centro.
Los colegios donde sí hay aire acondicionado son los menos, y detrás de estas máquinas de refrigeración, a veces, están los fondos de unas familias que optan por entregar una cuota al AMPA para que compre e instale un aparato en las aulas que ayude a los menores a «sobrevivir» a este calor. El curso comienza el próximo 12 de septiembre y casi nada ha cambiado.
LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN ES PAPEL QUEMADO
La Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables tiene como objetivo principal la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces, mediante el desarrollo de determinadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables, en coherencia con los objetivos de calidad en la enseñanza, reglamentación laboral y adecuación a los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos por la legislación andaluza, estatal y europea.
La administración educativa tiene como OBLIGACIONES poner en marcha las siguientes actuaciones:
– Realización de valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos andaluces, estableciéndose a continuación el régimen legal de los instrumentos de intervención en materia de adecuación energética sostenible y de financiación. En unos plazos de 18 meses (centros prioritarios) y de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley, deberán haberse realizado la totalidad de las valoraciones o auditorías energéticas.
– Aprobación de una guía técnica para la adecuación y la rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables de los centros educativos andaluces.
– Actuaciones edificatorias, tanto en el interior como sobre el entorno exterior de los centros, que podrán ser de cualquier naturaleza idónea para el fin perseguido.
– Información pública y publicidad activa, de conformidad con el artículo 11.
– Programa anual de formación en gestión energética:
1. Al objeto de conseguir una gestión energética eficiente de los centros educativos andaluces, la Junta de Andalucía velará por la optimización en el consumo de la energía, buscando un uso racional y eficaz.
2. Se establecerá anualmente una convocatoria de formación específica en gestión energética destinada tanto al equipo directivo de los centros como al personal docente y al personal de administración y servicios de las instalaciones educativas.
3. Se creará un equipo de gestores energéticos, compuesto por personal técnico titulado y habilitado legalmente.
Desde CGT nos comprometemos a seguir velando por los derechos y el bienestar del personal de los centros educativos. Ponte en contacto con tu delegado/a de zona para denunciar a inspección de trabajo el incumplimiento de la normativa de temperaturas mínimas y máximas (comprendidas entre 17 y 27 ºC) o si has sufrido o sufres alguna consecuencia –demostrable documentalmente– en tu salud debido a las altas temperaturas en tu jornada laboral.
Fuente: FASE-CGT
