(Carta abierta a Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática)
Señor Ministro,
En el Pleno del Congreso de los Diputados del jueves 14 de octubre, para justificar y defender el proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno, Usted ha dicho que con esta ley, «asimilable a las del resto de países que han tenido dictadura, seremos un país más humanitario, que no se olvida de los familiares y personas que perdieron la vida luchando por la defensa de los derechos de todos los españoles», y que por ello es un «imperativo moral» apoyarla.
Efectivamente, señor Bolaños, es un «imperativo moral» no olvidarse «de los familiares y personas que perdieron la vida luchando por la defensa de los derechos de todos los españoles». Pero, ¿cómo conciliar este imperativo moral con las víctimas manteniendo en el ordenamiento jurídico el articulo 10 de la norma de 2007? Un artículo que las divide en víctimas de primera y de segunda al dividirlas arbitrariamente por la fecha de su muerte, anterior o posterior a 1968, y reparar a las anteriores a esa fecha con 9.900 euros y a las posteriores con 135.000 euros.
Una infame «diferenciación entre las víctimas anteriores al año 1968 y posteriores a esta fecha» (1) que no hace sino añadir en democracia otra injusta y dolorosa penalización a la ya infligida por el criminal franquismo a quienes dieron la vida por las libertades que hoy son constitucionales.
Sí, señor Bolaños, esta injusta y dolorosa penalización es la que el Proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno inflige a «las víctimas anteriores al año 1968″; pues, aunque el articulo 10 -que el PSOE mantenía aún en su proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática de diciembre de 2017- no figura ya en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno, el hecho de no figurar literalmente no significa que no siga en vigor como medida desplegada desde la Transición. No solo por no explicitarse su abrogación en el texto de la nueva Ley, sino también porque en ésta, en el Capitulo III del Título I «sobre las víctimas», se precisa, en lo que «se refiere a la Reparación», que «Junto a las medidas que se han venido desplegando desde la Transición, y que permanecen en el ordenamiento jurídico, se incorporan actuaciones específicas…»
¿Cómo apoyar pues un proyecto de Ley de Memoria Democrática que mantiene «en el ordenamiento jurídico« tan arbitraría e injusta «diferenciación entre las víctimas anteriores al año 1968 y posteriores a esta fecha»?
Sí, señor Bolaños, ¿cómo aceptar que Lluis Companys, Julián Basteiro, Joan Peiró, Julián Grimau, Francisco Granados, Joaquín Delgado y todos los antifascistas ejecutados antes del 1 de enero de 1968 no merecen la misma reparación que el articulo 10 fija para todas las personas que perdieron la vida posteriormente a esa fecha en «defensa de la democracia«?
¡Sí, señor Bolaños, es por «imperativo moral» que se debe poner fin a tan infame discriminación entre las víctimas de la represión franquista! Y es obvio que solo se pondrá fin a esa infamia -no considerar y reparar a todas las víctimas por igual- si en la nueva norma se fija -como lo pedía Unidas Podemos en su Proposición de Ley del 13 de julio de 2018 para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007- una reparación única para todas «las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977«.
Una obviedad que ha incitado al Grupo Parlamentario Republicano a proponer, en su enmienda a la totalidad del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, la modificación del articulo 10 en estos términos: «Artículo 10. Reconocimiento de todas las personas fallecidas en defensa de la democracia. 1. Se reconoce el derecho a una indemnización por una cuantía de 135.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978.»
Señor Bolaños, si el objetivo del Gobierno es ser «un país más digno y más humanitario «, que «atiende más a las víctimas y no se olvida de los familiares», el «imperativo moral» es poner fin a la infamia de «la diferenciación entre las víctimas anteriores al año 1968 y posteriores a esta fecha», considerar y reparar en el ordenamiento jurídico a todas las víctimas por igual; puesto que, como Usted lo precisa, todas ellas «perdieron la vida luchando por la defensa de los derechos de todos los españoles».
Es de esperar pues que, como Usted lo anunció en ese Pleno, la «flexibilidad» del Gobierno en el trámite parlamentario será efectiva con las enmiendas de los grupos parlamentarios para atender más a las víctimas y sus familiares y poner fin a la arbitraria e infame «diferenciación entre las víctimas anteriores al año 1968 y posteriores a esa fecha».
No solo porque es un «imperativo moral» hacerlo sino también porque el «imperativo contable» -que tanto preocupaba a Ramón Jauregui cuando se redactó la norma de 2007- ya no es justificable pasados 83 años desde el fin de la guerra civil y 44 desde el fin de la Dictadura; puesto que por razones biológicas han desaparecido casi todos los familiares con derecho a reparación (esposo/a, hijo/as) de las «víctimas anteriores al año 1968″.
Sí, señor Bolaños: ¡Por «imperativo moral«!
23 de Octubre de 2021
Octavio Alberola
(1) https://www.publico.es/entrevistas/joan-tarda-ley-memoria-democratica.html
Fuente: Octavio Alberola
