El 8% de la extensión total de la geografía española, o lo que es lo mismo, cuatro millones de hectáreas (que se elevaban a 20 millones hace dos siglos).
El 8% de la extensión total de la geografía española, o lo que es lo mismo, cuatro millones de hectáreas (que se elevaban a 20 millones hace dos siglos). Ésta es la superficie terrestre que se verá afectada por el proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado 26 de julio por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria. Desde Ecologistas en Acción y diversas plataformas rurales denuncian que si la también denominada ‘ley Montoro’ ve la luz y es puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, abrirá la puerta a la privatización de bosques, pastos y bienes comunales, hoy gestionados por las juntas vecinales y los concejos de manera democrática.
En concreto, ecologistas y activistas contra el “expolio de nuestro pueblos” señalan que el proyecto de ley mantiene, en varios supuestos, la amenaza de supresión de las juntas vecinales de las pedanías, su pérdida de personalidad jurídica y el traspaso del patrimonio y los bienes comunales de los pueblos a, según los casos, el ayuntamiento del que dependan, la diputación provincial o la comunidad autónoma. Hasta la fecha, la propiedad de dicho patrimonio y recursos recae en manos de los vecinos, que tienen acceso por igual a los mismos y los administran a su libre disposición, de forma consensuada. Sin embargo, la futura normativa supondría, según vaticinan, que consultorios, residencias de mayores, iglesias, colegios o salones socialesque han sido construidos básicamente por los vecinos pasarán a manos de la Administración, que recurrirá a terceros para su explotación y “hacer negocio con todo ello”. Además, insisten en que «la gran mayoría de las juntas vecinales no tiene deudas ni cuestan nada al erario público, algo muy diferente de lo que ocurre con los grandes ayuntamientos».
Representantes de Ecologistas en Acción y plataformas en defensa de las pedanías se reunieron ayer con los grupos parlamentarios PP, PSOE, UPyD, CiU e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados y les trasmitieron sus reivindicaciones. Entre ellos, se encontraba Jesús María Albarrán, portavoz de las 75 Juntas Vecinales de Omaña (vídeo), en la provincia de León, quien hace hincapié en la “existencia de empresas deseosas de hincar el diente a la explotación de bosques y al aprovechamiento de recursos hídricos”. Según Albarrán, el agua (los vecinos tiene ahora la propiedad e hicieron las conducciones o los depósitos) viene citada en el proyecto de ley como servicio público básico cuya forma de gestión podrá ser decidida por las diputaciones, así como la creación de un consorcio público-privado que «encarecería el servicio».
El desembarco del fracking
De igual modo, los ecologistas también temen la irrupción de compañías, fondos de inversión, corporaciones y particulares en la producción de alimentos, energía, eólica, gravas o el denominado fracking (fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional). En particular, en lo referente a los bosques, advierten de que la normativa atraerá a firmas de biomasas que “luego esquilman esta superficie” o permitirá que los pastos que ahora sustentan a pequeños y medianos ganaderos se vendan o alquilen a grandes empresas. Al mismo tiempo, la extracción de resina será sacada a subasta. También, relata Albarrán, se acabará con los cotos de caza locales, ya que la decisión sobre un uso conjunto de los mismos no dependería de las juntas vecinales afectadas sino de sólo “una Administración, una sola persona”.
Desde la Plataforma para la defensa de las juntas vecinas de Omaña arremeten contra esta “desamortización encubierta” por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y consideran que “el campesinado se ha permitido el lujo de ser autónomo y la autogestión no gusta a los grupos de poder”.
Según el registro oficial, en España hay 3.723 entidades de ámbito territorial inferior al municipio (8.117), con lo que su supresión conllevaría la desaparición del 31% del ámbito local. León es la provincia española que se vería más perjudicada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de esas 3.723 de todo el país.
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