Del análisis de las políticas educativas que ha aplicado el Departamento de Educación gobierno trás gobierno, se extrae un dato objetivo: las decisiones que se han tomado han estado sistemáticamente destinadas a hacer agonizar el sistema educativo público en beneficio de los intereses económicos privados, haciéndolos prevalecer ante los derechos básicos de la vida y de las personas.
Esta tendencia no ha cambiado en el contexto actual, el mantra de la COVID como oportunidad de cambios en beneficio de todas se ha ido esfumando en cada rueda de prensa hasta hacerlo desaparecer. A 8 de septiembre ya podemos constatar la intención del gobierno de materializar la apertura de centros sin aportar recursos.
Esta tendencia no ha cambiado en el contexto actual, el mantra de la COVID como oportunidad de cambios en beneficio de todas se ha ido esfumando en cada rueda de prensa hasta hacerlo desaparecer. A 8 de septiembre ya podemos constatar la intención del gobierno de materializar la apertura de centros sin aportar recursos. Hay que tener muy presente que esta es una decisión política, y que el Departamento de Educación tenía en sus manos la oportunidad de garantizar el derecho a la educación del alumnado y de proteger la salud de la comunidad educativa tomando decisiones acompañadas de recursos para minimizar los riesgos.
Hace muchos años que estamos a pie de centro y a pie de calle para denunciar una realidad que cada vez empeora más la situación de la educación pública y de sus trabajadoras. El aumento del horario lectivo del profesorado, la carencia de plantillas, el cierre de grupos, el deterioro de los edificios, la falta de recursos para hacer efectiva la escuela inclusiva, la pérdida de condiciones laborales y de democracia en los centros y la introducción de un funcionamiento en clave competitiva que solo hace que aumentar las desigualdades entre centros y alumnado y empeorar uno de los otros problemas endémicos de la educación en Cataluña, la segregación escolar.
Los confinamiento que se inició el marzo pasado tuvo un impacto muy grave en una educación pública ya malograda y agravó esta crisis educativa. La enseñanza telemática condicionada por la carencia de recursos de personal y materiales y por una carencia de instrucciones claras, provocó que la brecha digital y de condiciones sociofamiliares aumentaran todavía más estas desigualdades.
Al Departamento no le han servido de nada los errores cometidos entre marzo y el junio. Tantos esfuerzos en ruedas de prensa para decir que se trabajaría para bajar ratios y encontrar espacios para poder dar clases reducidas han quedado en palabras vacías porque de todas estas propuestas, no ha querido asumir el coste. Y solo un gobierno que apuesta por una educación pública de pleno derecho, no escatimaría ni un recurso.
Se hubiera podido hacer diferente, se hubiera podido tener en cuenta la voz del profesorado y de los sindicatos, se hubiera podido contratar el personal necesario, se hubieran podido buscar espacios, se hubiera podido asegurar la conectividad de docentes y de alumnado, se hubiera podido evitar que los centros hayan tenido que tomar la decisión de eliminar la educación especial y otras especialidades para poder hacer un plan que nos permita sobrevivir este curso, se hubieran podido hacer test a maestros y profesorado, especialmente cuando a estas alturas ya conocemos los resultados en otras comunidades. En definitiva, desde la irrupción de la COVID el mes de marzo, ha habido bastante tiempo para asegurar la tan necesaria educación presencial en condiciones, no óptimas (esto es imposible en un contexto de pandemia mundial) pero maximizando la seguridad. Una vez más, poder no siempre va asociado a querer. Y el Departamento, no ha querido, y ha hecho lo que hace siempre, dejarlo todo en manos de direcciones, maestras, profesorado y las AMPA y AFA.
Desde CGT Enseñanza en abril ya exigimos una reducción de las ratios para permitir grupos de 10-15 en infantil y primaria y 20 en secundaria con el necesario incremento proporcional de las plantillas, asegurando contrataciones estables y la adaptación de espacios suficientes como medidas imprescindibles para encarar este curso. Así vemos como, lejos de escucharnos, nuestro gobierno prohíbe las reuniones de más de 10 personas y, en cambio, permite aulas que superan los 25 y 30 alumnos, vemos cómo no se pone de acuerdo en cuál es la temperatura que determina un posible contagio, pero en todo caso, deriva la decisión, la deriva a una atención primaria que también la tendrá que afrontar sin recursos adicionales.
De un hecho tan trascendente como la apertura de centros educativos han hecho un juego, y han obviado la priorización de los parámetros más importantes, reducir las cuarentenas para que todo el mundo pueda trabajar presencialmente y por otro lado, asumir el coste cuando estas se tengan que materializar, que será bien pronto. Pero no, en este caso también han decidido que el coste lo asumimos las familias.
Ante las consecuencias ya irreparables que se derivarán de las políticas (no actuar también es política) del Departamento de Educación, desde CGT Enseñanza abrimos el debate para tomar una decisión colectiva, que cada vez se acerca más a la necesidad de convocar una huelga educativa (y quizás indefinida?). Estamos convencidas que la propia inercia de indignación que llevará esta incompetencia del Departamento y sus gestores hará que el colectivo docente vea en la huelga y las movilizaciones la herramienta para reclamar, una vez más, la inversión adecuada para garantizar una educación pública de calidad. Por eso también pediremos la inmediata dimisión del conseller Bargalló y el resto del Gobierno de la Generalitat, por su mala praxis en la gestión del sistema educativo y su incompetencia en la gestión de la pandemia.
Lleida, septiembre 2020
CGT-Ensenyament
Fuente: CGT-Ensenyament Lleida
