Artículo de la Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT publicado en Rojo Negro nº 343 de marzo.
Apreciados Pedro y Manuel:
Apreciados Pedro y Manuel:
A raíz de la formación del nuevo gobierno y la asunción de vuestras respectivas carteras, una serie de trabajadoras del sector científico y universitario del Estado hemos decidido escribiros esta carta abierta, con la confianza que, por una vez, el cambio de gestores en el escalafón ministerial repercuta en un cambio real en el maltratado sistema científico español. Es previsible que, en las próximas semanas, volvamos a oír, desde izquierdas oficiales y oficiosas, la vieja cantinela del incremento en la financiación científica. Y aunque es necesario, consideramos que hay que ir más allá y atacar la raíz del problema.
El sistema científico español es una víctima más de las políticas de austeridad impulsadas por los anteriores Gobiernos autonómicos y del Estado. Pero, ¿de dónde vienen estas políticas? ¿Son realmente fruto, como nos repiten cada día, de una coyuntura económica desfavorable, de una falta de recursos para el sistema público? No lo creemos así. El problema no radica solo en los recursos absolutos, sino sobre todo en la distribución de estos. El problema reside en un modelo económico neoliberal que requiere la mercantilización a ultranza de los servicios públicos para poder funcionar.
Este ahogo económico y la falta de distribución de los recursos del sistema científico y universitario han llevado, como siempre, a la precarización de los puestos de trabajo, y ha repercutido negativamente en la investigación y la educación. Con la excusa de la falta de inversión, hemos visto un incremento brutal de las matrículas universitarias, dificultando e incluso impidiendo a las clases populares acceder a estudios universitarios (en el recuerdo aún, las numerosas protestas tras la implantación del plan Bolonia, así como la respuesta represiva del Estado, cuyas consecuencias siguen hoy en día). Constatamos, pues, que no estamos ante un modelo de universidad pública y de calidad, sino ante una universidad elitista y víctima de la precariedad. Un modelo que sólo se sostiene gracias al sacrificio de las trabajadoras de la universidad, las estudiantes y sus familias.
A nivel laboral, ¿en qué se traduce esto? Como ya sabemos, una de las mejores estrategias que tiene el sistema capitalista para evitar la organización de las trabajadoras es la llamada atomización de la lucha, es decir, la división una y otra vez en absurdas categorías laborales, con el fin de promover la competición entre ellas. Eso lo podemos ver en cualquier ámbito laboral. De este modo, si las docentes piden unas mejores condiciones salariales, se les puede decir: nosotros querríamos aceptar, pero si cedemos a vuestras reivindicaciones, será en detrimento de las limpiadoras. ¿Seréis tan egoístas? Y las limpiadoras, al ver amenazada su ya precaria situación, pedirán a sus compañeras que cedan en sus reivindicaciones. La estrategia, como podemos ver, es buena. ¿Podemos escapar de esta trampa? Sí. Pero para ello necesitamos el apoyo mutuo y la solidaridad entre todas las trabajadoras. Sólo así tendremos suficiente fuerza para enfrentarnos y revertir las constantes iniciativas de la patronal para “reducir los costes de personal”, uno de sus eufemismos favoritos para deshumanizar sus acciones contra las trabajadoras.
Todas las trabajadoras de una empresa, desde la directora hasta la auxiliar en prácticas, contribuyen con sus horas de trabajo diarias a su correcto funcionamiento. Independientemente de la formación, experiencia y el tipo de trabajo que hagan, todas tienen que sacrificar una gran parte de sus horas de vida para el correcto funcionamiento de esta empresa y no podemos establecer ninguna medida objetiva para medir qué sacrificio es más valioso. No debemos, pues, defender un modelo que se basa en la división extrema de las categorías laborales con el único fin de establecer jerarquías, económicas y de poder dentro la plantilla de esta empresa, atomizando así la común lucha de las trabajadoras en centenares de pequeñas luchas distintas. En el ámbito científico y universitario esta situación llega hasta extremos inauditos, dado la tradicional escasa movilización del sector científico.
Dentro del llamado personal docente e investigador encontramos una carrera académica diseñada de forma piramidal. Investigador predoctoral, profesorado asociado, investigador posdoctoral, ayudante doctor, lector, agregado, profesor titular, catedrático… Cada categoría, por supuesto, con su particular duración contractual y base salarial, mayoritariamente precarias. De este modo, tenemos investigadoras predoctorales con jornadas de más de 12 horas diarias por poco más del SMI, que asumen tareas no contempladas en sus contratos (horas de docencia no reconocidas, y por encima del límite legal, tareas de gestión, trabajo en fines de semana, festivos e incluso turnos de nocturnidad, obviamente no remunerados…) bajo el pretexto de ser la única forma de progresar en la carrera académica. Esta explotación se premia y valida por la agencia estatal de acreditación (ANECA). En este punto os recomendamos escuchar a colectivos como Doctorandes en Lluita o las Asambleas de Predoctorales de diversas universidades cuando exigen que el progreso en la carrera académica no puede implicar jamás la vulneración de los derechos laborales de las trabajadoras
También tenemos el profesorado asociado, el mayor colectivo docente de la universidad pública (superando ya los 20.000 efectivos), con sueldos de entre 300 y 600 € mensuales. Con los años, el aumento exponencial de este tipo de contratos baratos ha convertido la figura de la asociada en imprescindible para el funcionamiento de las universidades, ya que realizan funciones estructurales en la docencia y gestión. Además, dada la escasez de vías de entrada a la carrera académica, muchas asociadas realizan investigación de forma no remunerada para poder acreditarse y obtener un puesto de trabajo con el que vivir dignamente. Puede afirmarse que se trata de un caso masivo y vergonzoso de contratación fraudulenta, pues las funciones que lleva a cabo con remuneraciones miserables cubren tareas propias de personal docente e investigador indefinido, sea laboral o funcionario, cuyas plazas nunca fueron convocadas. Ejemplos concretos de esta situación son la Universidad de Barcelona, que cuenta ya con el 54% de asociados entre su personal y cuya política de contratación fraudulenta de profesorado asociado ha sido ya objeto de sentencias del Tribunal Supremo y de informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. No olvidemos que la LOU explícitamente marca que al menos el 51% del profesorado universitario debe ser estable, y aquí la UB se está saltando la legalidad para precarizar a sus trabajadoras. Otro caso llamativo es el de la Universitat Oberta de Catalunya, donde el llamado personal docente colaborador –más de 4.000 docentes que realizan la totalidad de las funciones docentes– no tienen ni siquiera un contrato laboral y pueden considerarse, por lo tanto, falsos autónomos.
Y lo mismo nos encontramos en las siguientes categorías del escalafón. Personal posdoctoral con sobrecarga docente, cuando su contrato es meramente de investigación, sin saber, para más inri, si seguirán contratadas (y en qué país) el año siguiente, sometidas a una presión terrible para obtener resultados “positivos” al término de su contrato. O el profesorado agregado y lector, sometido a una interinidad constante… Todo vale bajo la excusa del progreso en la carrera académica. Y mientras este profesorado conforma el grueso del cuerpo docente e investigador español, una minoría privilegiada del personal universitario, con salarios que pueden llegar a ser hasta 10 veces superiores, detenta todo el poder de decisión en los órganos de gobierno.
Pero la universidad no es sólo su profesorado e investigadores, aunque sea su precariedad la que domina el relato al encajar mejor en una visión clasista del mundo en la que a mayor formación, mejor trabajo. Para el funcionamiento de la universidad resulta imprescindible el trabajo del llamado personal de administración y servicios, a menudo obviado. Nos encontramos, otra vez, con la subdivisión en distintas categorías profesionales con una precariedad propia y diferenciada en lugar de tener, un modelo de plantilla teórica que fije las necesidades técnico-administrativas de la universidad. En vez de eso, encontramos de forma rutinaria contratos de obra y servicio para proyectos finalistas ligados a la financiación directa desde los grupos de investigación, con la consecuente inestabilidad laboral. También vemos la proliferación de contratos temporales para supuestas “contingencias e imprevistos”, que no pueden ser cubiertas por la plantilla estable, al no haber suficiente personal. Y como caso más escandaloso nos encontramos con la figura del falso becario, que no es sino mano de obra barata cubriendo puestos estructurales de Administración y Servicios, pero sin cotizar la seguridad social. Este fraude evidentísimo está siendo reconocido una y otra vez en los tribunales, con sentencias recientes en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Carlos III, mientras siguen otros procesos como el de la UAM. Es esencial escuchar aquí a los colectivos de Becàries en Lluita y Becarios-CNT, que están realizando un gran trabajo en la lucha por la eliminación de esta figura y el reconocimiento de sus puestos como trabajadores de pleno derecho.
Mención aparte merecen las externalizaciones de los servicios asociados a la universidad: limpieza, cafetería, deportes… Así, tenemos casos como el del servicio de limpieza de muchas universidades, en el que se contrata por horas estimadas de limpieza según los m², deshumanizando al personal. O servicios de deportes en los que se contrata al personal de septiembre a mayo, para ahorrarse el pago de los meses de verano. Estas trabajadoras externalizadas son las más precarias de la universidad y las más indefensas en su lucha por unas condiciones de trabajo dignas, ya que subcontrata y universidad se responsabilizan mutuamente de la situación con tal de no abordar una solución.
Nuestra universidad pública ha degenerado a una estructura mixta público privada, al servicio de una minoría que se beneficia de ello para obtener suculentos sobresueldos. Un inquietante ejemplo es el aumento exponencial de los másteres privados en la universidad, en los que el profesorado llega a cobrar hasta 407 € la hora, mientras se descuentan horas de la docencia pública. No sólo en esto, la entrada de empresas privadas en la universidad y los centros de investigación bajo la forma de fundaciones, spin-offs, empresas de base tecnológica o consultoras se ha vuelto habitual, expoliando recursos públicos para su beneficio privado, a menudo sin revertir nada al ámbito público del que se han lucrado.
La mayoría de estos problemas que hemos citado afectan especialmente a la universidad y, en menor medida, a los centros de investigación, Sin embargo, no podemos acabar sin hablar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación español. Con una plantilla en torno a 11.000 trabajadoras, el CSIC se ha convertido en una de las instituciones más envejecidas del país, con una edad media del personal estable de 52 años (datos de 2017), que apenas supone el 50% de la plantilla. El personal inestable, mucho más precario, es casi 20 años menor. Dentro de este grupo encontramos a centenares de investigadoras contratadas de forma fraudulenta, que encadenan sus contratos con temporadas en el paro como estratagema para no reconocer su papel estructural. Del mismo modo se maltrata, incluso en mayor medida, a los servicios de limpieza, o mantenimiento, a quienes el discurso oficial no reconoce el papel esencial que realizan en nuestras instituciones. Y no hablemos ya de la cantidad de estudiantes que realizan sus prácticas o proyectos académicos de forma no remunerada, sacando adelante proyectos de investigación que de otra manera no serían posibles.
A la vista de la situación, creemos que es el momento de poner las luces largas. Y para hacer esto, a veces, es necesario romper la baraja. Somos conscientes que la mercantilización del sistema investigador no es una dinámica específica del Estado español, sino que es un mero síntoma de una enfermedad global. Sin embargo, el cambio puede empezar aquí. Hay que avanzar con paso firme para derrotar un modelo opresivo y caduco basado en la explotación laboral. No es sólo imprescindible para mejorar y dignificar las condiciones laborales, sino que es la única opción de alcanzar la calidad científica a la que aspiramos. Debemos comenzar a caminar hacia un modelo inclusivo, público, garantista y al servicio de la clase trabajadora, comenzando por lo más básico y exigible:
l Finalización inmediata de la contratación fraudulenta y precaria en los centros públicos y regularización de los trabajadores afectados, reconociendo su carácter indefinido, en base a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores.
l Estabilización del personal investigador en universidades y centros de investigación. No olvidemos que, junto a la competitividad, la inestabilidad laboral es una de las mayores causas del fraude científico. Exigimos también la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación incorporando sus trabajadores al sistema público.
l Como siguiente e imprescindible paso a la regularización y estabilización de los contratos fraudulentos, exigimos la remodelación de los modelos de plantilla, creando un cuerpo único de profesorado e investigador para eliminar así las absurdas jerarquías académicas, siguiendo una sencilla máxima: a igual trabajo, igual salario e igual capacidad de decisión en los órganos de gobierno.
l Eliminación de las tasas universitarias para que la universidad sea realmente pública y accesible para todo el mundo.
l Fin de la hipocresía de la Administración respecto a la infrafinanciación del sistema universitario e investigador. El necesario aumento de la financiación debe ir acompañado de una redistribución justa de los recursos actuales y los que están por venir.
l Cambio de criterio en las evaluaciones de proyectos científicos, para dejar de depender del factor de impacto, que hace imposible evaluar la calidad real de un proyecto científico y la capacidad investigadora del trabajador. Debe de ir acompañado de un cambio en la mentalidad científica e institucional que, actualmente, promueve la competitividad entre científicas en detrimento de la colaboración, elemento imprescindible para el avance científico.
l Open access efectivo tanto para la comunidad científica como para toda la sociedad. La investigación financiada con dinero público debe estar al servicio de la ciudadanía, no para lucrar a un pequeño grupo de editoriales científicas.
Estas son nuestras propuestas para elucidar el camino a seguir. Vuestra es la decisión. Pero si, como todos los anteriores Gobiernos de España, camináis en dirección contraria, nos encontraréis de frente, defendiendo los derechos colectivos de las trabajadoras del sistema científico español.
Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT
Si eres del sector científico y/o universitario, puedes contactar con la coordinadora en este correo:
guprej@gmail.com
Fuente: Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT
