La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado en un auto el sobreseimiento y archivo del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés y ordena además que se suprima toda referencia a la posible mala práctica de los médicos denunciados.
Según un portavoz de los médicos afectados en su día por la denuncia de la Consejería de Sanidad de Madrid, el auto de la Audiencia Provincial que ratifica el archivo decidido en junio pasado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés tiene fecha de 21 de enero y ha sido comunicado hoy a las partes.
Ahora, el doctor Luis Montes y otros médicos denunciados, así como la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa, «estudian formular querellas personales por denuncia falsa contra los que, engañando a jueces y fiscales, denunciaron 400 asesinatos por eutanasia activa en el Hospital Severo Ochoa», ha indicado la misma fuente.
Cómo se va a reparar el daño
Además, el colectivo de sanitarios del Severo Ochoa preguntará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, «cómo, cuándo y por parte de quién se va a reparar el enorme daño producido a los denunciados y al Hospital Severo Ochoa».
Los médicos que fueron acusados, entre ellos Luis Montes, han ofrecido una rueda de prensa en el Colegio de Médicos de Madrid para ofrecer su opinión sobre este auto de la Audiencia Provincial. Montes ha asegurado que no perdona y que es «el tiempo de la reparación». Tras la rueda de prensa, según han informado fuentes sindicales, los trabajadores del Hospital de Leganés van a brindar con «una copa de champán» a las puertas de Severo Ochoa «para celebrar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid».
Para Montes, «hoy es un día de alegría y orgullo porque el conflicto del Severo Ocho ha terminado en positivo», aunque eso no impedirá que los profesionales afectados presenten «denuncias y querellas tanto individuales como colectivas».
El 22 de junio de 2007, el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés dictó auto de sobreseimiento del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa, en una resolución que consideraba que se produjo mala praxis médica pero que no se podía acreditar la conexión entre ésta y las muertes, lo que es imprescindible en materia penal para apreciar la existencia de delito.
El tribunal recordaba que la responsabilidad que se les pedía, por vía penal, «no deja de ser la última a la que acudir, pues es la que sanciona las conductas más graves y que, por ello, exige de una certeza más allá de las presunciones». El 19 de octubre, la Fiscalía de Madrid hizo público un informe en el que consideraba, como finalmente ha establecido la Audiencia Provincial, que se debía retirar del auto de archivo «cualquier referencia a mala práctica médica aplicable a la conducta profesional de los médicos imputados».
Un calvario de tres años
El calvario para el médico Luis Montes y su equipo arrancó el 11 de marzo de 2005. El entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, dio crédito a una denuncia anónima que relataba 400 homicidios en urgencias. Lamela decidió relevar a Montes y avanzar en la investigación de las muertes.
Los inspectores del gobierno regional no hallaron relación entre las sedaciones de los pacientes -todos, en estado terminal- y la muerte. La comisión Lamela, sin embargo,-reevaluó las historias sin entrevistar a los médicos y halló 73 «sedaciones irregulares». Con este informe, Lamela denunció el caso en el juzgado y cerró la investigación del fiscal.
El juzgado de instrucción de Madrid encargado archivó el caso el pasado junio, . En su auto, el juez reconoció que se había practicado «mala praxis», pero desestimó que las muertes hubieran sido consecuencia de ello.