La Asamblea de Colectivos de Cantabria contra la Constitución Europea ha presentado una denuncia por la vía penal contra la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, y el director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, José Félix García Calleja, acusándoles de los delitos de malversación de fondos y de prevaricación como máximos responsables de la campaña institucional del referéndum de la Constitución Europea.
La Asamblea contra la Constitución asegura que utilizaron dinero público con fines «claramente ilegales e inmorales»
La Asamblea de Colectivos de Cantabria contra la Constitución Europea ha presentado una denuncia por la vía penal contra la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, y el director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, José Félix García Calleja, acusándoles de los delitos de malversación de fondos y de prevaricación como máximos responsables de la campaña institucional del referéndum de la Constitución Europea.
SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)
Según aseguró hoy en rueda de prensa Roberto Mazorra, portavoz de la Asamblea, la denuncia fue presentada a última hora de ayer en el juzgado de guardia del edificio judicial de Salesas contra ambos políticos que, a su entender, «se han querido reir» de «todos los ciudadanos» de Cantabria al «utilizar fondos públicos» para fines «claramente ilegales e inmorales».
Para Mazorra, la campaña institucional informativa del Gobierno de Cantabria no se limitó a informar del referéndum, sino que «claramente pedía el voto favorable por el sí».
En este sentido, Mazorra recordó las resoluciones de la Junta Electoral Central que instaron a retirar los carteles ’Sí a a Europa. Cantabria, +Xti’, asumiendo el propio Gobierno, según el representante de la Asamblea, que los iba a retirar «de forma espontánea».
No obstante, Mazorra añadió que el Gobierno distribuyó otra propaganda con carteles con «un sí gigantesco» que ocupaba «prácticamente el 60 por ciento» del espacio.
En la denuncia, la Asamblea argumenta que tanto Gorostiaga como García Calleja y «los que subsidiariamente» el juez decida también como responsables, como «el Consejo de Gobierno», son culpables del delito de malversación de fondos públicos.
Así, según explicó Antonio Vega, representante de la Asamblea, ambos representantes gubernamentales incurrieron en un delito tipificado en el Código Penal relativo a que «la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su y cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años».
Además, les acusan de prevariación, «siendo la prueba más evidente la retirada ’espontánea’ de la campaña ante las denuncias de los diversos colectivos, retirada que como acreditamos no es real», según recogen en la denuncia.
Por otro lado, Mazorra pidió a la Junta Electoral Central que «debe de comprobar fehacientemente la veracidad de los hechos» cuando instó a la retirada de la campaña y no se llevó a cabo.
La Asamblea de Colectivos de Cantabria contra la Constitución Europea está formada por la CGT, Corriente Roja, Centro Social Ítaca-Movimiento Social en Construcción, Colectivo En Lucha, Foro Social Universitario, Interpueblos-Comité de Solidaridad, IU de Cantabria, UJC, Organización Comunista Octubre, Partido Comunista de Cantabria, PCPE y personas a título individual.
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