Ni acosos ni represión sindical en la Diputación de Barcelona

¡DEFENDAMOS NUESTRA SALUD, FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL!

Desde la Sección Sindical de la CGT en la Diputación de Barcelona difundimos este comunicado para denunciar públicamente la existencia en la Dirección de Servicios de Edificación y Logística del área de Presidencia, y más concretamente en su Sección de Seguridad en Obras y Autoprotección, de una situación que nosotros entendemos que es acoso laboral, contra una trabajadora, Mar Arce Díaz, compañera afiliada a este sindicato, y Delegada de Prevención de Riesgos Laborales, miembro desde el año 2015 del Comité de Seguridad y Salud de la Diba a propuesta de la CGT. Una situación de acoso que no es nueva, sino persistente y prolongada en el tiempo durante cerca de 9 años, amparada –a nuestro entender- por la Subdirección de Edificación, en la cual trabaja. Esta situación le ha generado y le genera a la compañera perjuicios graves a su salud, como patentiza el hecho que haya caído durante el tiempo que lo ha estado sufriendo en repetidas situaciones de incapacidad temporal o baja laboral, y como acreditan varios informes médicos que atribuyen su estado de salud a causas laborales, e incluso aconsejan un cambio de puesto de trabajo. Los Servicios de Recursos Humanos de la Diputación son conocedores desde hace tiempo –desde hace años, de hecho- de esta situación. Y, a pesar de saberlo, como en tantos otros casos, no han hecho hasta ahora nada, ni han emprendido ninguna medida al respeto, vulnerando así las obligaciones legales del empresario de preservar la salud de la trabajadora. No se ha adoptado nunca ninguna medida de prevención ni protección. No se ha hecho la evaluación de riesgos por acoso del puesto de trabajo concreto de nuestra compañera. No se ha comunicado el riesgo a Vigilancia de la Salud…

Queremos denunciar, además, que esto no es en absoluto un caso excepcional. Situaciones de acoso moral se producen de forma habitual en la Diputación, y afectan a un gran número de compañeros y compañeras, con consecuencias claramente negativas para su salud, y para la organización en conjunto. Muchos y muchas de nosotros somos conocedoras de situaciones de acoso sistemático que han provocado que haya trabajadores o trabajadoras de la Diba absolutamente machacados a nivel psicológico, a menudo con secuelas duraderas o incluso permanentes. Sabemos que es un mecanismo habitual en esta casa, con el objetivo último, la mayoría de las veces, de deshacerse del trabajador bien porque marcha a otro orgánico, bien porque deja la organización o bien porque acaban destruyéndolo. La Diba se ha mostrado claramente negligente (y muy a menudo connivente) en cuanto a la prevención y la gestión de este problema, como todo el mundo sabe, amparando de forma habitual, por acción u omisión, a la persona acosadora, que acostumbra a encontrarse en una posición de poder. El único recurso de carácter preventivo que la Diputación propone activar en algunos de estos casos es un «Protocolo de Intervención en el Ámbito de los Riesgos Psicosociales» propio de la casa. Un protocolo muy antiguo, que consideramos no otorga las garantías suficientes al trabajador de tener un proceso de intervención justo y que consideramos que se tendría que rehacer y actualizar para garantizar una intervención eficaz y justa en los casos de acoso moral en la Diputación. Si bien desde el pasado mes de diciembre tenemos sobre la mesa, finalmente, y después de mucho tiempo reclamándolo, una propuesta inicial para un nuevo “Protocolo para la prevención, detección, identificación y actuación del mobbing laboral y otras discriminaciones por motivos diferentes del género en el trabajo”, consideramos que el contenido de la misma patentiza una escasa voluntad de proteger al personal, hecho que se hace evidente, por ejemplo, al contemplar dentro de la CTI (Comisión Técnica de Investigación) una composición que no incluiría a ningún representante de las trabajadoras. En el supuesto que nos ocupa, recientemente la Diputación le ha propuesto a nuestra compañera Mar la activación del mencionado «Protocolo de Intervención en el Ámbito de los Riesgos Psicosociales», reconociendo finalmente por escrito que hay indicios de que se está dando una situación como la que denunciamos. Eso sí, en unos términos absolutamente eufemísticos y engolados que rayan casi el ridículo: “la posible existencia de suficientes elementos que permiten suponer que se produce un comportamiento que puede constituir una conducta de violencia en el trabajo en la Subdirección de Servicios de Edificación” (comunicación emitida por la jefa de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, con fecha de salida de registro 04/12/2018, y recibida esta semana por nuestra compañera).

Dentro de este marco general, se produce, además, una actuación contra nuestra compañera que entendemos lesiva para nuestra libertad sindical, cuando menos, que se orienta claramente a intentar limitar la acción sindical de la CGT en la Diputación, concretamente en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. Y esto ya va más allá de un ataque persistente contra su persona, que entendemos que es bastante grave, sino que es un ataque a nuestra organización, la Confederación General del Trabajo, y a los intereses legítimos que representamos, que son los del conjunto de nuestra plantilla. Desde el año 2017 sus superiores orgánicos le están encomendando tareas que van más allá de las que realizaba como técnica hasta aquel momento, de las que se puede entender que son –por su naturaleza y sus características técnicas- incompatibles con el desarrollo de las funciones propias de Delegada de Prevención que le confiere la ley, hecho que ella ha manifestado de forma reiterada a sus jefas. Y esto se está haciendo, en nuestra opinión, en un intento premeditado y consciente de limitar, como hemos dicho, la acción sindical de la CGT en este campo dentro de la Diputación.

Por todo esto, anunciamos que en fecha 08/01/2019 y 15/01/2019, respectivamente, hemos presentado dos denuncias a la Inspección Territorial de Trabajo de Barcelona, una por la carencia de adopción de medidas de protección de la salud de nuestra compañera, y otra por el intento de limitación por parte del empresario de la acción sindical de la CGT dentro del campo de la Prevención de Riesgos Laborales, algo que entendemos que atenta contra el derecho fundamental a la libertad sindical. Así mismo, estamos valorando con nuestros servicios jurídicos qué otras medidas legales podemos tomar. No sabemos en estos momentos qué actuaciones realizará Inspección de Trabajo respecto a las mencionadas denuncias, pero queremos aprovechar también para dar a conocer públicamente la inhibición sistemática de este organismo en casos de acoso laboral que afectan a empleados y empleadas públicas, lo que supone que la inmensa mayoría de estos casos en las administraciones catalanas se cronifiquen, con graves perjuicios para la salud de muchas personas. Un criterio sistemático de inhibición que genera una grave desprotección y que, curiosamente, no se da en otras comunidades autónomas del Estado (es una peculiaridad de la Inspección de Trabajo catalana). Un criterio que consideramos que es de dudosa legalidad y el que, seguro, tiene que ver con directrices políticas internas dentro del Departamento de Trabajo de la Generalitat. El hecho de que el organismo público que tiene que velar por el cumplimiento de la legislación aplicable dentro de las relaciones laborales, incluida aquella que se refiere a la protección de la salud de las trabajadoras, se niegue a actuar sistemáticamente en denuncias por casos de acoso en las administraciones públicas, facilita la existencia de un espacio de impunidad y resulta especialmente grave, no solo por los perjuicios personales que esto provoca, sino también porque el acoso en las administraciones muy a menudo (si bien no siempre es así, necesariamente, en todos los casos) está vinculado con prácticas que se pueden catalogar como corrupción política. Un ejemplo muy claro que ahora todo el mundo conoce es el de un orgánico de la Diputación en el cual hay abundantes indicios de que la situación de acoso masivo y estructural que sufrió durante años gran parte de su personal tenía que ver con irregularidades administrativas graves que actualmente se encuentran en sede judicial y que provocaron el año pasado cacheos policiales y detenciones en dos centros de trabajo de la casa.

Consideramos que no podemos permanecer callados mientras se destroza psicológicamente de forma cotidiana a cualquier compañero o compañera, y que estas situaciones se tienen que acabar. Por este motivo convocamos una CONCENTRACIÓN DE PROTESTA ANTE CAN SERRA EL PRÓXIMO JUEVES 31 DE ENERO A LAS 11.30h, con motivo de la celebración del próximo Pleno corporativo. Queremos soluciones de una vez, queremos medidas de protección y prevención frente al acoso moral, que garanticen la salud física, mental y social de los trabajadores y las trabajadoras de la Diputación de Barcelona.

¡NI ACOSOS NI REPRESIÓN SINDICAL. SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS!

Sección Sindical de la CGT en la Diputación de Barcelona