La pasada semana, el grupo de imputadas de Som 27 i més tuvimos constancia de la apertura del juicio oral dentro del caso, confirmando la continuidad de un proceso judicial represivo en el qué 25 estudiantes, 1 miembro del profesorado y 1 del PAS están siendo perseguidos por el hecho de haberse atrevido a reclamar al equipo de gobierno de la UAB que cumpliera con los compromisos aprobados en el claustro y que suponían parar una subida de tasas que aleja todavía más la universidad de las clases populares y de los principios y valores que tendrían que regir las instituciones públicas.
La fase del proceso judicial que ahora se abre añade una nueva carga contra las personas imputadas: la petición de una fianza por la cantidad de 511.835,05 euros, que serán embargados a las acusadas para asegurar que se cubre la responsabilidad civil. Esta cantidad desorbitada de dinero no se sustenta en ninguna justificación, sino que contradice absolutamente las afirmaciones de la UAB, que cifró los posibles daños en poco más de 10.000 euros.
La fase del proceso judicial que ahora se abre añade una nueva carga contra las personas imputadas: la petición de una fianza por la cantidad de 511.835,05 euros, que serán embargados a las acusadas para asegurar que se cubre la responsabilidad civil. Esta cantidad desorbitada de dinero no se sustenta en ninguna justificación, sino que contradice absolutamente las afirmaciones de la UAB, que cifró los posibles daños en poco más de 10.000 euros.
La apertura del juicio oral no sólo significa la confirmación del hecho de que el proceso avanza buscando castigar penalmente a aquellas personas disidentes. Con la demanda de una responsabilidad civil que puede ser directamente embargada, se quiere asfixiar y llevar a las personas encausadas a una situación límite, en la que vemos cómo no podemos sobrevivir ni mantener una vida digna, pues un proceso judicial nos ahoga hasta el punto de impedir que nos desarrollemos en el ámbito personal y profesional de manera natural y dificultando nuestra militancia política mediante la doctrina del miedo.
Las imputadas de Som 27 i més consideramos que la continuidad de este proceso y la petición de un embargo preventivo de más de medio millón de euros supone para las personas encausadas una condena encubierta que no respeta la presunción de inocencia y que atenta gravemente contra el derecho fundamental de disidencia y protesta.
Queremos destacar también que, a la vez, esta persecución judicial está siendo empleada por el ministerio fiscal como un proceso ejemplarizante, que quiere frenar cualquier posible disidencia surgida desde las clases populares haciendo uso de las amenazas y la represión penal y económica.
Ante esta situación, desde el grupo de apoyo a 27 i més, queremos pedir una vez más al Equipo de Gobierno de la UAB que exija públicamente el sobreseimiento del caso y que renuncie a la responsabilidad civil inflada por el anterior Equipo de Gobierno. A la vez, pedimos que se posicione en contra de las peticiones de la fiscalía, que chocan frontalmente con los principios que tendrían que regir una sociedad democrática donde la libertad de expresión sea una realidad y no sólo un ideal.
Facebook: Som 27 i més
Twitter: @Somos27iMes
Blog: som27imes.wordpress.com
Fuente: Encausadas por el caso 27 i més
