Persiguen, desaparecen y asesinan a los integrantes de movimientos sociales que denuncian la explotación, el saqueo de los recursos naturales y la contaminación que provocan las transnacionales en Colombia.
Ya son 94 los líderes sociales asesinados solo en 2016, según un informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), aunque datos de informes independientes registran un número mayor: 114. Esta lamentable radiografía representa el mayor reto para el Gobierno, que además de silenciar los fusiles de las FARC-EP, deberá hacer lo mismo con los que están intimidando a los líderes sociales.
A esta información se suman, entre enero y junio, 232 amenazas, 21 atentados, y 314 agresiones sexuales, según el Programa Somos Defensores.
En la primera semana de diciembre, durante la audiencia pública “Crímenes contra la paz” realizada en el Congreso de la República, organizaciones sociales aseguraron que “los ataques contra líderes sociales son una muestra de reorganización paramilitar en 27 de los 32 departamentos del país”.
Uno de los datos más preocupantes es que 40 se han presentado en el Cauca. Le sigue Antioquia, con 15 casos.
CAUCA | 40
En la primera semana de diciembre, durante la audiencia pública “Crímenes contra la paz” realizada en el Congreso de la República, organizaciones sociales aseguraron que “los ataques contra líderes sociales son una muestra de reorganización paramilitar en 27 de los 32 departamentos del país”. Uno de los datos más preocupantes es que 40 se han presentado en el Cauca. Le sigue Antioquia, con 15 casos.
En otro departamento, Putumayo, los diferentes actores armados buscan controlar los recursos naturales, en 10 de sus 13 municipios hay cultivos de coca, particularmente en los cercanías a Puerto Asís y el Corredor Puerto Vega Teteye. El 12 de diciembre fue asesinado de seis disparos el líder social Guillermo Veldaño, perteneciente al movimiento Marcha Patriótica, en el corregimiento de Puerto Vega del municipio de Puerto Asís, departamento Putumayo, en Colombia. Era defensor del agua. Las modalidades de violencia no buscan afectar únicamente a la víctima directa de la agresión, sino apropiarse del espacio territorial en el que ella se encuentra. De esta manera, los panfletos, las desapariciones, la violencia sexual, y los asesinatos son la expresión criminal ante la no-presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en esos territorios, sostienen diversos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). ¿Qué hay detrás del asesinato de líderes campesinos? La Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia detalla que trece de los 57 homicidios de líderes sociales presentados en 2016 ocurrieron luego de la firma del primer acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en Cartagena. Siete fueron en áreas rurales, dentro de los que se incluyen los ocurridos en el pasado mes de noviembre en Meta, Caquetá y Nariño. Según el organismo, las zonas rurales en las que se han cometido los homicidios de los líderes sociales fueron territorios en los que las FARC-EP habían tenido presencia histórica, pero que luego de la firma y con la movilización de los insurgentes hacia las zonas de preagrupamiento quedó un vacío que aprovechan los paramilitares ante la ausencia del Estado. El accionar paramilitar en Colombia se erige como la principal amenaza al proceso de paz iniciado por las FARC-EP y el Gobierno y los diálogos con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que eventualmente inician en su fase pública en los próximos días. Esta oficina de la ONU pidió al Estado garantizar la seguridad tanto de líderes sociales como de la población que resulta involucrada en estos hechos de violencia y pidieron a la Fiscalía que priorice estas investigaciones.
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