El pasado 7 de Abril se celebró el día mundial de la Salud y CGT, junto con otras organizaciones, estuvimos en campaña contra la mercantilización de la Salud, proceso que venimos sufriendo en esta época de recortes, privatizaciones, reformas laborales, de ley de mutuas, etc. Este mismo mes, nueva cita, el día 28 de Abril, día mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo.
La actuación del gobierno del PP ha sido la de un desprecio total y absoluto hacia la salud de las trabajadoras; criminalizando la enfermedad y poniendo en el punto de mira a la trabajadora que está enferma, en lugar de incidir en las causas que hacen que enfermemos.
La actuación del gobierno del PP ha sido la de un desprecio total y absoluto hacia la salud de las trabajadoras; criminalizando la enfermedad y poniendo en el punto de mira a la trabajadora que está enferma, en lugar de incidir en las causas que hacen que enfermemos. Mientras, asistimos aún a las consecuencias dramáticas de la exposición al amianto, se les otorgan a las mutuas atribuciones que nunca deberían haber dejado de ser preceptivas y exclusivas de los servicios públicos de salud, o, recientemente, en los 123 despidos en TRW, el primer criterio de despido ha sido si se ha estado de baja (la empresa ha despedido a personas que han estado enfermas o peor aún, con enfermedades profesionales o lesiones causadas por el trabajo, aunque luego esto no es reconocido por la Mutua)…
Es en este contexto, en el que Correos y Telégrafos S.A. está atentando contra la salud del colectivo de funcionarias, haciendo un uso desproporcionado y deshumanizado del reglamento. En esta empresa conviven personal funcionario y laboral. El funcionariado depende del MUFACE (que viene a ser su Seguridad Social). Este personal puede elegir el Servicio Público de Salud o empresas sanitarias concertadas por MUFACE. Tras coger la baja en cualquiera de estos estamentos (Osasunbidea o empresas concertadas), la misma debe ser ratificada por la Jefatura de Zona de Correos. Esta Jefatura de Zona se basa en un informe de un Tribunal Médico, que en ningún momento ve a la paciente, sino que se basa a su vez en otro informe de una empresa (Tebex) subcontratada por Correos con el fin de rebajar el absentismo. A las pocas horas de coger una baja, los trabajadores y trabajadoras reciben un burofax y son citados a una entrevista en muchas ocasiones superficial. Si el informe que se elabora desaconseja continuar de baja la persona se verá obligada a reincorporarse al trabajo y, de lo contrario, se le abre un expediente disciplinario por ausencia en el puesto de trabajo. Se puede solicitar una nueva valoración (que será realizada por los equipos del EVI del INSS), pero en tanto no se la hacen, tiene que ir a trabajar.
Mientras se espera la nueva valoración, las soluciones siempre van en función de la casuística personal de cada quien: Hay quien se coge vacaciones (si tiene), o quien solicita licencia sin sueldo, también hay quien se expone a la apertura de un expediente y una sanción, si no le quedan vacaciones que disfrutar, y hay quien no se puede permitir el lujo de vivir sin cobrar un sueldo, y va a trabajar medicándose y en condiciones deplorables. Y por supuesto, también se da el caso que bien por desconocimiento, o porque no quieren meterse en estos procesos farragosos, ni tan siquiera solicita una nueva evaluación.
En Navarra, en lo que va de año, de 4 casos en los que se ha solicitado una nueva valoración, en 3 el EVI ha dispuesto que esa persona debería haber seguido de baja. En otros lugares del estado, como en Valladolid, una sentencia del T. S. J. De Castilla León, ha fallado que Correos debe reconocer la incapacidad laboral a un compañero que ya llevaba tres años expedientado con supresión de empleo y sueldo. En Segovia, a un compañero que le habían diagnosticado un año antes alzheimer, le denegaron la licencia y tuvo que ir a trabajar. Le daban solo correspondencia ordinaria, y le dejaban solo una calle para repartir; para que “así estuviera ocupado”. Ni son lo primeros, ni son los últimos, ni son los únicos a quienes se ha denegado la licencia de baja injustamente. Y esto lo hace una empresa, con capital del Estado y que en el ejercicio del 2014 declara unos beneficios de 196 millones de euros consolidados.
¿Podemos permitir que esto continúe? Si lo permitimos, ¿cuánto tiempo tardarán en extender esta sangrante realidad al resto de empresas y sectores?
Maura Rodrigo Alcalá
Iñaki Sorbet Mancho
Miembros de CGT/LKN-Nafarroa
Fuente: CGT-LKN Nafarroa
