Las dimensiones del negocio y del trabajo sexual en México

El trabajo sexual es un negocio multimillonario que vive en las sombras: no sólo su práctica sino su dimensión económica. La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” publicó un estudio que se centra precisamente en esta zona gris.

“Aporte al estudio de la economía política de la prostitución en México” puede leerse completo en la web de la Brigada, pero aquí están algunas de sus conclusiones más interesantes:

– Hay entre 100 mil y 600 mujeres que viven del trabajo sexual en México, que atienden un promedio de 9 clientes a la semana. Cien pesos es el promedio de cobro de un servicio de 15 minutos. Los hoteleros cobran 60. De lo que cobran deben pagar a terceras personas entre padrotes, sicarios del crimen organizado y funcionarios públicos, entre la tercera parte de sus ingresos y la mitad.

– Entre un 22 y un 30 por ciento de ellas ejercen esta tarea en contra de su voluntad o fueron presionadas con amenazas, violencia o mentiras a ejercer la prostitución.

– Los ingresos de las 46,063 trabajadoras sexuales adultas en el Distrito Federal son de $4,157´640,000 pesos; los ingresos de hoteleros y otros prestadores de servicio de habitación pueden ser de hasta la mitad del pago total que hacen los clientes para tener una relación sexual pagada.

– La tercera parte de estas trabajadoras sexuales adultas están expuestas a algún tipo de abuso laboral. Alrededor de 23 mil mujeres en el Distrito Federal.

La otra evidencia que surge del trabajo realizado por esta organización es que hay una brecha importante entre las cifras oficiales y las que ellos calcularon, tomando como referencia el dato señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indica que entre el 0.25% y el 1.5% de la población femenina puede dedicarse a la prostitución en países “con economías orientadas a la exportación, con políticas macro dedicadas a fomentar la urbanización rápida a expensas del desarrollo rural, a generar mano de obra barata para la industrialización, a facilitar la exportación de mano de obra femenina y a promover el turismo como fuente de divisas”. A eso se le suma, como catalizadores, la falta de redes de seguridad social y una arraigada discriminación hacia la mujer.

Ahora, ¿por qué se da esta distancia con las cifras oficiales? “Por lo general, las instituciones de gobierno se van por debajo de las cifras porque no quieren ver fenómenos del comercio sexual o de explotación sexual infantil”, explica Jaime Montejo, uno de los autores del informe, junto a Elvira Madrid Romero y Rosa Icela Madrid.

“Además del rango planteado por la OIT, que es bastante amplio, armamos nuestra estimaciones basándonos en el número de lugares que conocemos de las distintas delegaciones del DF en donde, por dichos de las chicas, existe comercio sexual”.

¿Utilizaron también los datos de la obtención de licencias como trabajadoras no asalariadas que están expidiéndose en el DF para las chicas que se dedican al rubro?

“No, los datos base son del año 2010 y en ese momento no se expedían las licencias”, explica Montejo. “El problema es que no hay más de 120 licencias expedidas a la fecha por distintos motivos”.

Los problemas son varios, pero mayormente tienen que ver con trancas burocráticas que se imponen desde las instituciones de gobierno para expedir la licencia a las trabajadoras sexuales, que, entre otras cosas, las protege del asedio policial.

Por un lado, explican desde la Brigada Callejera, se les solicita una constancia de domicilio para expedirles la licencia, “y eso a las chicas las amedrenta”.

Por otro, hay lentitud de parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud Pública, que para otros oficios (lustrabotas, mariachis, limpiaparabrisas) lo otorga en 72 horas, mientras que a las trabajadoras sexuales se les impone un plazo de 40 días.

También, según explica Montejo, hay reticencia de algunas de las funcionarias de la Secretaría del Trabajo que si dudan de que la persona que va a pedirlo sea víctima de trata, no les abren el expediente o retardan su apertura en el tiempo. “Hay muchas funcionarias abolicionistas (del trabajo sexual) que no están de acuerdo con esto. Es una licencia gratuita que se hace con un trámite que inician las propias mujeres. Hay que entender que la oficina que los expide estaba acostumbrada a tramitar entre 3 y 5 licencias por día de los demás gremios y las trabajadoras sexuales empezaron a llegar de a 30 y 50 por día. Rebasaron la institución.”

¿Qué debe hacerse ante esta situación que empieza a perfilarse? “Primero que nada debe cumplirse con la sentencia del Amparo 112/2013, promovido por Patricia Mérida, activista de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y sobreviviente de trata de personas, que reconoció a las personas trabajadoras sexuales como no asalariadas”. El amparo permitió la expedición de licencias en el Distrito Federal, tiene un componente que obliga a las instituciones a luchar contra la trata de personas y a su vez, a promover que las trabajadoras lleguen a ser beneficiarias de los servicios de salud, a proyectos productivos y de capacitación.

“El problema es que los programas estatales no han funcionado para ellas porque no tienen componentes para ellas. Son planes que no les caben. Ya sea porque para reconocer un proyecto productivo les pedían que tuviesen conformada una asociación civil o una cooperativa, que emitieran recibos electrónicos fiscales. Esperemos que la nueva Secretaria del Trabajo y fomento al empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina se reviertan estos errores. Es importante recordar que uno de los elementos de la sentencia de Amparo es que las instituciones deben evitar que quien hace el trabajo contra su voluntad pueda salir de ese círculo, y encontrar que hacer para poder sobrevivir.”