Como es de conocimiento de la comunidad nacional e internacional, los 13 jóvenes detenidos y acusados públicamente de pertenecer al ELN y haber participado en varios atentados perpetrados en la ciudad de Bogotá, obtuvieron su libertad en la noche del 12 de septiembre del presente año. En el transcurso de ese día, frente a la reclusión de mujeres el Buen Pastor y la cárcel Modelo de Bogotá, familiares y amigos de los detenidos, esperaron largas horas a que la orden del Juez 44 penal del circuito se hiciera efectiva.
Durante la espera, actuaciones de la policía, que tuvo casi permanente presencia aunque ni siquiera un conato de alteración al orden público se presentó, empezaron a generar alerta en los familiares y amigos de las y los jóvenes detenidos. Quienes se encontraban frente a la reclusión de mujeres fueron requeridos para que se identifican y sus cédulas fueron radiadas; de igual manera tanto en este lugar como frente a la cárcel Modelo de Bogotá, se tomaron fotografías de quienes hacían presencia y reclamaban la libertad ordenada por el juez de segunda instancia. También fueron fijados fotográficamente los vehículos en que se transportaron tanto los acompañantes como los recién liberados.
En los días subsiguientes, vehículos sin placa y personas extrañas se apostaron frente a los lugares de residencia de los y las jóvenes y sus familias. El traslado de todos ellos ha sido objeto de evidentes seguimientos, generando un ambiente de permanente tensión y ansiedad, al desconocerse cuál es el origen y autoría de tales acciones. Hombres que se identificaron como miembros del GAULA, visitaron a la arrendataria del apartamento de residencia de DAVID CAMILO RODRIGUEZ HERNANDEZ, le exigieron el número de teléfono de la señora madre y le han realizado llamadas, indicándole que contra su hijo será proferida de nuevo una medida de aseguramiento y requiriéndola para que les comunique la ubicación del mismo. Esta situación ha generado una serie de interrogantes sobre el verdadero interés que se cierne a través de estas acciones que claramente buscan conocer el lugar de residencia del referido procesado. Las acciones de seguimiento y persecución que han denunciado los familiares de los restantes 12 procesados, se ha hecho extensiva a quienes les han apoyado solidariamente. Integrantes del congreso de los pueblos y acompañantes de estas personas, han percibido la presencia de personas extrañas, lo mismo que de vehículos sin placas, en sus entornos cercanos. Lo anterior, se presenta en medio del juicio paralelo que a través de los medios de comunicación ha promovido tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación, emitiendo condenas anticipadas contra los procesados, exhibidos de inicio a fin de este caso como integrantes del ELN, responsable de presuntas acciones “terroristas” perpetradas en Bogotá, sin que la imputación mediática se corresponda con la procesal. En el último comunicado público de la Fiscalía General de la Nación, publicitando la reciente confirmación de la decisión de impartir legalidad al procedimiento de allanamiento en el caso; de nuevo presenta a los jóvenes procesados como integrantes de la organización insurgente. En un país polarizado, en el que la estigmatización y los señalamientos públicos procedentes de las propias autoridades judiciales, de gobierno o de policía, han constituido una patente de corso para perseguir y reprimir legal e ilegalmente a diversos sectores de la población colombiana; los hechos que aquí se exponen denotan una preocupante falta de garantías para la integridad y la vida de los jóvenes procesados, sus familias, acompañantes, el proceso social al que pertenecen y los defensores. Tanto procesados como sus familias y los defensores, quienes hacemos parte de diferentes ONGs de Derechos Humanos, solicitamos a la judicatura, al Gobierno Nacional y los organismos de control, que se rodee el proceso de todas las garantías judiciales necesarias y que el curso del proceso se realice dentro del marco legal y constitucional. Manifestamos que estamos a la espera de continuar el trámite en los estrados judiciales y no en los medios de comunicación, quienes cada vez que ocurre un hecho en Bogotá, nuevamente relacionan la captura y posterior libertad de los estudiantes. Abogadxs Defensorxs de los 13 detenidos Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos Equipo Jurídico Pueblos Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA Comisión Intereclesial de JUSTICIA Y PAZ Fundación de Derechos Humanos Javier Barriga Vergel Fundación de Derechos Humanos PASOSS            Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported. |
