El lunes 15 de septiembre tendrá lugar en los Juzgados de lo Penal de Castellón un juicio contra 23 trabajadores a instancia de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux SL (Segorbe, Castellón). La querella, interpuesta en 2007 a raíz de una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, podría suponer hasta 3 años y seis meses de prisión. CGT señala la actitud intransigente, autoritaria y antidemocrática de la empresa y lamenta que se celebre un juicio que no debería tener lugar
El próximo lunes 15 de septiembre, 23 trabajadores de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux, cuyo principal accionista es Federico Serratosa Caturla, serán juzgados por ejercer su derecho a la huelga.
La empresa demandante solicita la pena de 3 años y 6 meses de cárcel. La querella, interpuesta por algunos de los miembros de la dirección de esta empresa situada en el término municipal de Segorbe, afecta a 23 trabajadores, en su mayoría vecinos de la comarca del Camp de Morvedre y residentes en Port de Sagunt
El próximo lunes 15 de septiembre, 23 trabajadores de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux, cuyo principal accionista es Federico Serratosa Caturla, serán juzgados por ejercer su derecho a la huelga.
La empresa demandante solicita la pena de 3 años y 6 meses de cárcel. La querella, interpuesta por algunos de los miembros de la dirección de esta empresa situada en el término municipal de Segorbe, afecta a 23 trabajadores, en su mayoría vecinos de la comarca del Camp de Morvedre y residentes en Port de Sagunt
El caso llegó a los juzgados en octubre de 2007, tras una huelga indefinida por mejoras laborales que contó con un amplio seguimiento por parte de la plantilla. Ver: http://www.cgtpv.org/Els-treballadors-d-Aluminios-Baux.html
La dirección de esta empresa ha decidido llevar hasta el final el proceso, negándose en todos estos años a retirar los cargos contra los trabajadores a pesar de la insistencia de las secciones sindicales de CGT y CC.OO, así como de los diferentes Comités de Empresa celebrados hasta la fecha.
La acusación es de “insultar e intimidar a 30 trabajadores que no quisieron hacer huelga” (dirección y empleados de oficinas). Sin embargo, la realidad es que este colectivo accedió y salió del puesto de trabajo sin problema alguno. “Eso sí”, afirma Juanjo Ripoll, Secretario de Acción sindical de CGT-Camp de Morvedre y delegado de CGT en Baux, “recibieron una sonora pitada”.
En este sentido, cabe recordar la persecución hacia los 23 trabajadores por parte de la empresa: de ellos sólo quedan cinco trabajando y el resto fue despedido poco a poco, sin armar mucho ruido.
Tal y como denuncia Ripoll, despedido por la empresa en 2010 y que tuvo que ser readmitido tras la declaración de nulidad por parte de la justicia, “La desfachatez de la empresa es tremenda al sostener hasta en la última reunión con el Comité de Empresa que esto ya no dependía de ellos y que ellos estaban obligados a ir. Además, es de risa que sólo se preocupen por el derecho al trabajo cuando se ejerce el derecho a la huelga para defender un trabajo digno”.
Por último, desde CGT-Camp de Morvedre lamentan la celebración de este juicio, un reflejo de la nula calidad democrática del sistema, así como el hecho de que estas acusaciones falsas perjudiquen a personas trabajadoras y tengan como objetivos “atacar al sindicalismo organizado y amedrentar al resto de la plantilla para que en futuras acciones dejen solo al Comité de Empresa”
Juan José Ripoll Mora, Secretario de Acción Sindical CGT-Camp de Morvedre
Gabinete de Prensa CGT-PV
10 de septiembre 2014
http://www.cgtpv.org/CGT-denuncia-que-23-treballadors.html
Fuente: CGT-Camp de Morvedre y Gabinete de Prensa CGT-PV
