Diez menos veinte de la mañana. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Aracena (Huelva):
-”Somos miembros de una asociación de memoria histórica, yo soy la vicepresidenta, y veníamos a denunciar el hallazgo de unos cuerpos que hemos encontrado en una fosa común en el cementerio de Encinasola”, expone Paqui Maqueda a una funcionaria que mira a la pantalla de un ordenador.
Silencio. Medio minuto después, la funcionaria responde sin apartar la vista de la pantalla:
-”Esa asociación supongo que estará constituida. ¿Tiene usted la acreditación de ser la representante?
-”No, yo no tengo la acreditación. La denuncia está firmada por el presidente”, aclara Maqueda, acompañada por Isabel Carmona, también de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).
-”Ah, entonces van a presentar una denuncia escrita, ¿no?”, continúa aliviada la funcionaria, que gira su rostro por primera vez hacia las dos mujeres.
Silencio. Medio minuto después, la funcionaria responde sin apartar la vista de la pantalla:
-”Esa asociación supongo que estará constituida. ¿Tiene usted la acreditación de ser la representante?
-”No, yo no tengo la acreditación. La denuncia está firmada por el presidente”, aclara Maqueda, acompañada por Isabel Carmona, también de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).
-”Ah, entonces van a presentar una denuncia escrita, ¿no?”, continúa aliviada la funcionaria, que gira su rostro por primera vez hacia las dos mujeres.
-”Sí”, confirman mostrándole la denuncia.
-”Ah, entonces no tengo que hacer esto. Entonces ya está. Yo le doy el sello de entrada y ya está. Vamos para fuera”, avisa la funcionaria, que coge los papeles, los sella y los devuelve a Maqueda.
Regitro de entrada: 20 de noviembre de 2013, reza el sello azul.
-”¿Nada más? ¿Se pondrán en contacto con nosotros?”, pregunta Maqueda algo descolocada.
-”Lo tiene que ver la juez y ella ya resolverá lo que sea”, concluye la funcionaria, inmutable ante la denuncia de un hallazgo de cuatro personas asesinadas. Vuelve a su escritorio, junto a un par de sillas forradas con camisetas en las que se puede leer: “Sin justicia no hay derechos”.
Poco más de tres minutos. Ni una pregunta. Ni una aclaración. Nada. Paqui e Isabel salen tristes, apesadumbradas. No esperaban mucho más, pero no por ello deja de dolerles menos. “¿Será posible? ¿Será posible? Esta es la justicia de este país. Menos atención que si hubiéramos denunciado que nos han robado la cartera”, susurran a las puertas del juzgado. Paqui, en unos días, contará también esta paradoja en Argentina, ante la jueza que lleva la causa contra el franquismo.
La AMHyJA defiende en su denuncia la obligación del Estado de investigar los crímenes de la dictadura y se remite, entre otros, a textos de la ONU, la propia Ley de Memoria Histórica y el auto del Tribunal Supremo de 2012, que establece que “corresponde a los Juzgados de Instrucción la competencia sobre la puesta en conocimiento o denuncia por hechos criminales consistentes en muertes, torturas, detenciones ilegales de personas, a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y la inmediata posguerra”.
Con la denuncia acompañan el informe elaborado por un equipo técnico coordinado por la arqueóloga Elena Vera Cruz, que inició la exhumación el pasado 7 de noviembre. Hasta el momento se han localizado tres esqueletos casi completos y un cuarto del que se visualiza sólo el cráneo. “En dos de los cuatro sujetos nos encontramos ante posiciones inverosímiles en cualquier registro funerario y arqueológico peninsular desde el medievo: decúbito prono o bocabajo, con flexiones de los miembros y distorsiones que rompen el protocolo ritual estándar”, dice el informe. En dos de ellos han sido detectados elementos de balística y una fractura perimorten en otro, “cuya confirmación justificaría la intervención judicial ante unos hechos violentos no conocidos“. Ha sido identificado también un proyectil Mauser. Las posiciones revelan, según el documento, una separación en el tiempo de las ejecuciones. Todos son hombres adultos, el más joven en torno a los 20 años. “El espacio intervenido no agota las posibilidades de localización de otros restos de similares características”, añade el texto. El Mapa de Fosas de Andalucía señala un cálculo de 33 víctimas.
“No esperamos nada de estas estructuras que no se han democratizado. No confiamos en la Justicia en este tema. Ya hemos vivido la sentencia del Supremo”, afirma Rafael López, presidente de la asociación. Las denuncias presentadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta están siendo archivadas por los jueces. La titular de este mismo juzgado de Aracena, en 2009, tras una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar donde habían encontrado restos, en un paraje de Rosal de la Frontera, según publicó el periodista Rafael Moreno: “El grupo tuvo que abandonar hasta los todoterrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz”.
“Me llamó la Guardia Civil y me dijo que habían encontrado un hueso de persona. Mi obligación es acudir a hacer el levantamiento ya se trate de un cuerpo reciente o uno de hace 70 años”, dijo entonces la jueza. Los huesos no pudieron finalmente identificarse por el deterioro y el caso fue archivado. Los restos supuestamente pertenecían a Sixto Caro, un joven de unos 20 años a quien su hermana le llevaba comida en su escondite en la montaña. Según Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, este juzgado también fue uno de las primeros en inscribir en el registro civil a un desaparecido, después de que la solicitud fuera denegada en otros anteriormente.
Olivia Carballar
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/tres-minutos-para-denunciar-cuatro-asesinatos/
Fuente: andaluces.es
