David Bakrazde y Shalva Thurabelizde, ciudadanos de Girona con nacionalidad georgiana, fueron deportados el pasado martes día 8 de mayo por la mañana. David fue detenido el 8 de marzo de 2012 y este lunes día 7 cumplió los 60 días de privación de libertad, límite máximo de estancia en el CIE.Ambos internos están plenamente arraigados en la sociedad catalana, tal como han señalado sus abogados, el Síndic de Greuges y han recogido diversos medios de comunicación.
David vive en Girona desde hace 7 años, junto con sus dos hijos de 12 y 2 años y su pareja, que tiene permiso de residencia. David y Shalva iniciaron una huelga de hambre en respuesta al maltrato que sufrió David como represalia por exigir tratamiento médico para otro interno. David interpuso una denuncia por malos tratos ante el Juzgado de Instrucción núm. 18, el cual, a pesar de la sol
David vive en Girona desde hace 7 años, junto con sus dos hijos de 12 y 2 años y su pareja, que tiene permiso de residencia. David y Shalva iniciaron una huelga de hambre en respuesta al maltrato que sufrió David como represalia por exigir tratamiento médico para otro interno. David interpuso una denuncia por malos tratos ante el Juzgado de Instrucción núm. 18, el cual, a pesar de la solicitud de que David prestara declaración urgentemente porque podía ser deportado en cualquier momento, no ha tomado declaración ni a él ni a los testigos de los hechos, también deportados.
El día 26 de abril por la mañana David y Shalva, fruto de la desesperación que les generaba el hecho de separarse de sus familias, de ver como su proyecto de vida se rompía, se autolesionaron produciéndose cortes en los brazos y el abdomen. Los llevaron al hospital y en pocas horas los volvieron a internar en el CIE. A las 18h del mismo día el abogado de David fue a visitarlo y constató su grave estado físico, ya que no podía estar sentado y se retorcía del dolor. A pesar del pésimo estado de salud en que se encontraban, decidieron trasladarlos a Madrid la misma noche del 26 al 27 de abril en coche para expulsarlos de allí. Cuando llevaban media hora de traslado, se autolesionaron de nuevo y fueron trasladados al hospital. Una medida tan extrema y desesperada como su autolesión evitó que fueran deportados en un avión fletado por el Gobierno.
Un gran número de personas que han conocido la situación se han movilizado por la situación de David y Shalva solicitando que el Gobierno no los deporte, incluso apelando a una solución humanitaria. El Síndic de Greuges pidió por carta al ministro de Interior que estudiara la revisión de la orden de expulsión apelando el interés de los menores y el arraigo acreditado.
Sin embargo ambos han sido deportados, desoyendo las peticiones del Síndic, de diversas organizaciones de derechos humanos y de la Comunidad religiosa ortodoxa de Girona. Apenas dos horas después de llegar a Georgia, David ha hablado con su abogado por teléfono y le explicó las circunstancias en que se ha producido la deportación: «Cuando han conseguido abrir la celda había muchos policías, unos 15. Antes de que entraran nos hemos realizado cortes en los brazos, en diferentes zonas del cuerpo. Han entrado muchos policías y nos han golpeado a todos, nos han golpeado mucho, por todo el cuerpo. Tengo el cuerpo entero morado. Después nos han puesto esposas en las piernas y en los brazos, y nos han puesto cinta aislante por todo el cuerpo y hemos quedado inmovilizados completamente. No nos han llevado a un hospital a pesar de las heridas que teníamos. Un médico nos ha curado un poco las heridas, pero seguíamos sangrando. Nos llevaban como si fuéramos sacos de patatas. Nos han metido en las furgonetas, parecíamos cerdos allí dentro. Por el camino antes de meternos en la furgoneta nos han golpeado en repetidas ocasiones. Cuando hemos llegado al aeropuerto había mucha policía, como 40 policías. Me han metido por la fuerza al avión, como si fuera un animal, me golpeaban, seguía inmovilizado. Nos han metido en un avión del gobierno. No éramos muchas personas, unas 15 o 20 en el avión «.
Ante esta situación, manifestamos ante la opinión pública que:
Es absolutamente inadmisible que el Gobierno finalmente haya ejecutado la deportación de estas dos personas a pesar de su arraigo en Cataluña, y que no haya escuchado las reclamaciones del Síndic de Greuges, ni de las organizaciones sociales, para que no fueran deportados.
El Ministerio de Interior ha demostrado a través de la gestión de la situación de David Bakrazde y de Shalva Thurabelizde que los anuncios sobre el cambio de modelo de los CIES no son más que una operación de maquillaje para desviar la atención de la opinión pública y de las organizaciones estatales e internacionales de Derechos Humanos. Estas han denunciado las continuas vulneraciones de derechos humanos que se han producido en los CIES del Estado y en la ejecución de las expulsiones. Asimismo, aunque existe un proceso penal abierto por malos tratos, los responsables policiales, en vez de abrir una investigación profunda, han tratado de deslegitimar no sólo a los internos, sino también a las organizaciones y personas que trabajan por el respeto de los Derechos Humanos en el CIE de Zona Franca. Una vez más se pone en evidencia que no hay voluntad política de asumir las situaciones de vulneración de derechos que se producen en los CIE.
Consideramos inaceptable que el Juzgado de Instrucción n º 18 de Barcelona no haya citado a declarar con urgencia a David Bakrazde en las DP 1670/12-D para que declarara ante el Juzgado y para que otorgara poderes «apud acta», aunque así se había solicitado 10 días antes de la deportación.Entendemos que esta inacción favorece la impunidad ante las situaciones de malos tratos en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Exigimos que el Gobierno dé a conocer las circunstancias en que se ha producido la deportación de los dos ciudadanos, así como que dé explicaciones sobre el coste que ha tenido.
Exigimos que se abra una investigación por parte de la Fiscalía, del Síndic de Greuges y del Defensor del Pueblo, para que se aclare la situación vivida por los dos ciudadanos de nacionalidad georgiana que han sido deportados, bajo una presunta situación de malos tratos graves, según ha testimoniado uno de ellos. En este sentido, damos a conocer que ya se ha presentado una queja formal al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo y se les ha comunicado la grave situación.
Asimismo, manifestamos que, a pesar de la opacidad vigente, continuaremos denunciando las vulneraciones de derechos de las personas internadas en el Centro de Internamiento de la Zona Franca y trabajaremos para que estos sean respetados. Sin embargo, recordemos que la única medida que garantizará definitivamente la efectiva garantía de los derechos fundamentales de las personas presas en los CIE es y será su cierre.
Barcelona, 11 de mayo de 2012
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT)
Alerta Solidaria
Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos
Asociación Memoria Contra la Tortura
Asociación Papeles y Derechos para Todos
Campaña por Cierre de los Centros de Internamiento de Barcelona
Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado
Convergencia de las Culturas
Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona
Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura
Grupo de Investigación y Acción sobre Migraciones y Fronteras
Observatorio del Sistema Penal Y los Derechos Humanos
SOS Racismo
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